El juez federal de Garantías de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación penal requerida contra el teniente de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5 del Ejército Argentino, Guillermo Díaz, por tentativa de abuso sexual simple en perjuicio de una suboficial.
El juez también le impuso al oficial la obligación de no entorpecer el proceso penal y la prohibición de acercamiento a la denunciante, ya sea directo o indirecto.
El caso comenzó el 14 de febrero, a partir de una derivación de la justicia federal, que había intervenido en primer lugar a raíz de la denuncia de la suboficial. En el fuero federal la investigación quedó bajo la órbita del fiscal general Eduardo Villalba.
En su representación de anteayer ante el juez Bavio, la auxiliar fiscal Florencia Altamirano reseñó que el abuso se concretó el 17 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5 “Teniente Coronel Gerónimo de Helguera”, con asiento en el predio del Comando de la V Brigada de Montaña “General Manuel Belgrano”, ubicado en la capital provincial.
La auxiliar fiscal detalló que la denunciante realizaba tareas como “suboficial de semana” en la cuadra de soldados voluntarios masculinos, mientras que Díaz era el oficial de servicio. Explicó que, durante la noche de la jornada anterior, la relación laboral entre ambos había sido normal, pero que a medida que pasaron las horas el oficial comenzó a tener una conducta fuera de lugar.
Alrededor de las 21 del 16 de septiembre, el oficial insistió en encontrarse con la suboficial a tomar mate en la Aula de Adiestramiento Táctico Digital (ADITAC), a lo cual la joven se negó. Díaz le dijo entonces que iría a donde ella estuviera.
Efectivamente, alrededor de las 2.30 del 17 de septiembre el teniente Díaz ingresó sin permiso a la habitación de la joven y la llamó varias veces por su nombre, la suboficial mostró extrañada de que el oficial hubiera ingresado a su lugar de descanso. La auxiliar fiscal sostuvo que la joven estaba “dormida” y que por esa razón no cayó rápidamente en cuenta de lo que estaba sucediendo, hasta que el oficial se sacó el correaje en el que llevaba las municiones y el armamento, y luego se quitó la camisa de combate. “Esto muere aquí”, le dijo y se tiró encima de ella.
La joven reaccionó, empujó al oficial y le reclamó: “Qué hace, váyase ya de aquí o doy la novedad”. Díaz “rezongó”, se vistió y al retirarse previno a la joven: “Cualquier cosa, vine a dejar las llaves del ADITAC”.
En lugar de asistencia, persecución
La auxiliar fiscal indicó que la suboficial se sintió devastada, sin saber qué hacer, hasta que a los dos días, por el estado de angustia en el que se hallaba, dio la novedad de lo sucedido a los responsables del área de Género del Ejército. Pero en lugar de recibir asistencia, la joven comenzó a ser blanco de persecución dentro de la unidad militar, en particular, por los camaradas del oficial. Sobre este punto, la auxiliar fiscal detalló el pesar que la suboficial tuvo que soportar, del cual destacó el haberle cuestionado y luego negado la entrega de una distinción que ya le había sido anunciada.
Sostuvo que, dado que en la fuerza no se avanzó con su denuncia, la suboficial presentó el caso en el fuero provincial, donde se iniciaron las actuaciones pero por razones de competencia arribaron al fuero federal.
La auxiliar fiscal explicó que el clima hostil hacia la denunciante recién se disipó cuando fue trasladada. No obstante, informó que la joven continúa bajo tratamiento psicológico a raíz del abuso sexual del que fue víctima.
Al avanzar con la formalización del caso, Altamirano resaltó, entre otras pruebas, imágenes tomadas por una cámara de video interna, en la que se ve al oficial cuando se dirige al cuarto de la suboficial y, a los diez minutos, regresa acomodándose su uniforme.
Esta prueba -dijo la fiscal- se ve robustecida con la declaración de un testigo, también integrante de la fuerza, quien identificó al oficial en el video e incluso remarcó que se trataba de Díaz, pues su forma de caminar coincidía.
Otra prueba destacada por la fiscalía fue la declaración brindada por la denunciante en Cámara Gesell, oportunidad en la que no se advirtieron contradicciones, sino un relato coincidente con la denuncia inicial, sin rasgos de mendacidad ni animosidad.
La auxiliar fiscal agregó el aporte de la titular del Área de Víctimas de la Unidad Fiscal Salta, Verónica Olguín Rufino, quien evaluó el caso y concluyó en que la víctima presenta indicadores de vulnerabilidad, tanto de orden laboral como de género.
En ese contexto, la auxiliar fiscal repasó las convenciones contra la violencia de género y el trato igualitario, vigentes en el país a partir de compromisos adquiridos por el Estado mediante tratados internacionales. Resaltó al respecto la organización vertical en el ámbito de trabajo de la víctima y valoró como una muestra de ello el hecho de que, recién en 2002, se permitió que las mujeres puedan acceder a cargos jerárquicos.
En función de estos argumentos, Altamirano solicitó al juez la formalización de la investigación penal. La posición de la fiscalía fue compartida por la Defensoría Pública de Víctimas, que solo objetó la calificación legal, pues consideró correcta la de abuso sexual simple, sin el carácter de tentativa.
El juez coincidió con los argumentos de la fiscalía, aunque también admitió la propuesta de la Defensoría de Víctimas, en cuanto a la calificación legal.
