Rodeados de un operativo de seguridad un tanto desproporcionado, con custodia de Gendarmería y altos vallados, el juez federal Hugo Greca comenzó ayer a juzgar a un grupo de siete mapuches de la comunidad que recuperó territorio en Villa Mascardi, por el delito de usurpación en la causa iniciada por la denuncia de Parques Nacionales, en un proceso que prevé tres jornadas y a realizarse en el Escuadrón 34 de esa fuerza en Bariloche.
Está en el banquillo la comunidad a la que pertenecía Rafael Nahuel, asesinado el 25 de noviembre de 2017 tras el primer desalojo a los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu. En el inicio de la primera audiencia, casi sin público y transmitida por streaming, una de las acusadas fue sobreseída por ser menor de edad al momento de la ocupación, hace siete años. Se trata de la machi Betiana Colhuan, cuyo levantamiento como primera sanadora de este lado de la cordillera aquel año fue el origen de la recuperación. "Así tenemos que hacer la defensa, con semejante despliegue de seguridad, y sin acceso público y libre al debate", dijo al ingresar Eduardo Soares, de La Gremial de Abogados y Abogadas, al señalar a decenas de uniformados.
La Gremial --que representa a las imputadas e imputados Johana Colhuan, María Nahuel, Jésica Bonefoi, Gonzalo Coña, Ailén Tapia, Romina Rosas y Luciana Jaramillo-- difundió con entusiasmo el sobreseimiento de la joven mapuche, pidió que sea incorporada como testigo, algo que el magistrado resolverá en la audiencia de hoy.
Por su parte, la defensora federal de menores, Roxana Fariña, intervino en sintonía con los abogados particulares de Colhuan y presentó un planteo de prescripción remarcando que la joven nació en 2001 y por lo tanto en noviembre de 2017 tenía 16 años. El fiscal Rafael Vehils Ruiz accedió al planteo por los tratados internacionales de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y retiró la acusación. El abogado querellante, en representación de Parques, Nicolás Vinuesa, había objetado la solicitud.
A pesar de las restricciones, pudieron presenciar la audiencia el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y el activista antimapuche Diego Frutos. También pudo acceder Isaber Huala, madre del lonko Facundo Jones Huala y familiar de algunas de las personas imputadas.
Por la mañana declararon dos personas que fueron testigos del operativo de desalojo el 23 de noviembre de 2017, así como policías de la fuerza federal y del grupo GEOF que intervinieron y personal de Parques. Ese día la detención de las mujeres se produjo mientras estaban con sus hijos. En este punto, los letrados y letradas de La Gremial --Soares, Gustavo Franquet, Laura Taffetani, Luis Virgilio Sánchez y Álvaro Arias Camacho-- cuestionaron la ausencia de funcionarios a cargo del procedimiento ante la existencia de menores de edad. La defensa insistió en que al momento de la recuperación territorial los predios de Parques Nacionales no estaban identificados ni tenían vallas o cercos, era un espacio abierto con la bandera mapuche como referencia.
¿Recuperar o usurpar?
La usurpación se habría consumado por la presunta ocupación ilegal del predio cercano al viejo hotel de Parques Nacionales, ubicado sobre la ruta 40, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. En ese territorio en disputa, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado Rafael Nahuel. El año pasado, cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina fueron condenados por ese crimen, aunque con el atenuante de "exceso en legítima defensa" a pesar que se demostró que los mapuches se defendieron con piedras. Los prefectos, en cambio, dispararon entre 114 y 129 veces con munición de plomo, proveniente de dos tipos de armas: pistolas Beretta y subfusiles MP5.
En octubre de 2022 la comunidad fue definitivamente desalojada, aunque un acuerdo político producto de sucesivas mesas de diálogo estableció que en el lugar seguiría el rewe, espacio ceremonial y espiritual, y que sería custodiado por la machi Betiana Colhuan. También hubo un compromiso de construir cinco viviendas para la machi, su familia y las personas que acudiera a verla para tratar su salud física y espiritual.
El gobierno de Javier Milei desconoció ese entendimiento y reimpulsó, junto con la Fiscalía y la Cámara de Casación, la realización del juicio, que culminaría el lunes 30, cuando sean pronunciados los alegatos y el juez Greca emita su sentencia.
Durante el último desalojo, protagonizado por el Comando Conjunto de Fuerzas que creó el ex presidente Alberto Fernández, las mujeres sufrieron maltratos y vejaciones, así como sus niños fueron perseguidos por el bosque. Una de ellas, Romina Rosas, dió a luz a su hijo bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La Gremial en su conferencia de prensa del miércoles pasado denunció que la sentencia condenatoria ya estaba firmada y calificó como "un show político y racista" la realización del juicio. El regreso de los mapuche como enemigo interno era previsible con la vuelta de la misma funcionaria que estaba a cargo de Seguridad cuando fue asesinado Rafa Nahuel y desapareció Santiago Maldonado, y más aún para sintonizar con la política represiva de la protesta social a nivel nacional.
