Con intervenciones con mayor densidad política que en Diputados, la Cámara de Senadores de Salta le dió sanción definitiva ayer, por unanimidad, a la intervención al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Aguas Blancas. La iniciativa pasó al gobierno provincial, que debe promulgarla y designar a la persona que estará a cargo de la intervención hasta que se elija a un nuevo intendente, o intendenta, lo que será ya el año que viene.
Al presentar el proyecto el secretario del Senado repasó que la Cámara había recibido una nota del procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, informando sobre las investigaciones penales contra el ahora ex intendente Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, y una nota del propio ex jefe comunal, que está detenido desde el martes último en una causa en la que se lo acusa de interferencias en la investigación del homicidio de su hermano, César "Oreja" Martínez.
El senador por el departamento Orán, al que pertenece el municipio intervenido, fue el encargado de presentar el proyecto. "No es agradable" fundamentar esta medida, empezó Juan Cruz Curá, que responde al oficialismo provincial. Pero, añadió, la detención de Martínez “generó una situación grave, de crisis”.
Curá, igual que otros legisladores, se precupó en aclarar que la intervención no es contra los intereses de los habitantes de Aguas Blancas, sino a su favor, afirmación en la que se advierte una intención de conjurar la posibilidad de protestas en el pueblo recostado sobre el río Bermejo, en el límite con el Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Gutiérrez, un aliado político de Martínez que quedó a cargo del Ejecutivo cuando el ahora ex intendente pidió licencia, viene manifestándose en rechazo a la intervención.
Como senador “quiero transmitir tranquilidad, un acompañamiento en este proceso que se está llevando adelante. La justicia está actuando a derecho, se está haciendo la investigación, hay un proceso judicial que está en marcha”, dijo Curá dirigiéndose a Aguas Blancas.
También aclaró que en este proceso legislativo no se juzga a Martínez, "pero sí estamos debatiendo la gravedad institucional lo que lleva a una crisis en este municipio y nuestro debate es un debate político”, insistió. La intervención de un municipio está prevista en el artículo 179 de la Constitución de Salta. En este caso se aplica el inciso 2, que faculta a esta medida "Para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional". Claramente, ”tenemos una crisis institucional grave en este municipio”, ratificó Curá.
En la causa por interferencias, también fue detenido el abogado Roberto Ortega Serrano y se pidió la detención del juez de Garantías Claudio Parisi, para el que la Procuración ya pidió la destitución.
Las demoras en la ficha limpia
Todas las intervenciones en el Senado fueron para dar su apoyo a la intervención, con matices. Algunos senadores, que también se adscriben en el oficialismo provincial, hicieron hincapié en la aplicación de la ley de ficha limpia, aprobada en 2021, pero recién promulgada por el gobierno en agosto de este año.
Leopoldo Salva (Los Andes), del bloque Evita Conducción, destacó que si esta ley hubiera estado vigente en los comicios de 2023, Martínez "no hubiera podido ser candidato”, dado que cumplió una condena de 5 años de prisión por transporte de estupefacientes, y está procesado por lavado de activos. Este argumento fue ratificado por el senador Esteban D’Andrea (Chicoana).
Walter Cruz (de Iruya) puso el eje en que Martínez es de "un partido que supuestamente venía a hacer algunos cambios en la política, en el país”. Ahí están los cambios, ironizó recordando el lema, "Aguas Blancas quiere un cambio", que usaba Martínez en su campaña electoral, en la que se presentó con el partido Salva Avanza con Vos en una coalición liderada por Lucio Paz Posse como candidato a gobernador. Conejo Martínez fue el segundo intendente de Aguas Blancas, un pequeño poblado que tiene categoría de municipio desde 2015.
Martínez ha sido señalado como adherente al pensamiento libertario que dice tener la derecha a cargo del gobierno del país. Sin embargo, en su última visita la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, conocedora de las acusaciones en su contra, eludió reunirse con él.
Pedidos a la Nación, algo más que fotos
El senador por Cachi Walter Wayar, referenciado en Unión por la Patria, inició los cuestionamientos a Bullrich, precisamente, a la que le recriminó un nota que envió a las cámaras legislativas de Salta instándolas a actuar con firmeza frente a la acusación contra Martínez.
“No se lo voy a dejar pasar a la ministra de la represión que nos venga a aconsejar. Porque si algo tiene que hacer esa ministra es recibir consejos", sostuvo Wayar. "¿Quién es ella para decirnos actúen fuerte y firme?”, en cambio, los legisladores de Salta podrían recriminarle, por ejemplo, la suspensión de la instalación de radares en la frontera, dijo. "Lo que usted está haciendo, está haciéndolo mal y está afectando a la seguridad”, es solo “circo y marketing”, siguió. “Métase sus consejos donde quiera pero haga lo que tenga que hacer para que la seguridad nacional esté en manos eficientes y no sean con los duros y con los niños y flanes con los poderosos”, concluyó.
Gonzalo Caro Dávalos (Cerrillos) agregó que el norte argentino "requiere con suma urgencia la presencia no solamente con visitas o con fotos de los funcionarios nacionales” sino que “hace falta inversión, presencia de las fuerzas nacionales en el territorio”. A tono con el pedido ya hecho por el gobernador Gustavo Sáenz, sostuvo que en la frontera debe haber "presencia de las fuerzas del Estado nacional", porque la situación "No da para más, es algo muy serio y hay que empezar a solucionarlo de manera inmediata”.
Crimen organizado
La causa en la que está detenido el ahora ex intendente Carlos Martínez tiene vinculación con otros hechos criminales cometidos en el norte salteño. Su hermano, César Martínez, que tenía antecedentes por tentativa de femicidio y delitos vinculados al narcomenudeo, fue asesinado por sicarios el 12 de noviembre del año pasado, en la puerta de su casa, donde cumplía prisión domiciliaria.
El procurador general de la provincia viene advirtiendo sobre el crecimiento del crimen organizado en el norte salteño, al que describió como "multirrubro", que lleva a cabo secuestros, robos a gran escala y violentos y asesinatos, entre otros crímenes. Después de esas denuncias, el funcionario recibió amenazas.
Uno de los personajes centrales de esa actividad criminal es Cristian Gabriel "Gringo" Palavecino, sindicado como integrante de una banda de sicarios que estuvo cinco años prófugo hasta que en octubre de 2023 fue detenido a instancias del procurador García Castiella, precisamente.
El 10 de septiembre último el propio gobernador reveló que se había descubierto un plan criminal contra el procurador. Se sabe que Palavecino sería el director de este plan. Ayer el Ministerio de Seguridad de Salta anunció que por medio de la Subsecretaría de Políticas Penales y de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial, solicitó a los Tribunales de Juicio de las Salas I y II de Orán el traslado de Palavecino "a un lugar de detención de máxima seguridad fuera del ámbito penitenciario de Salta, por estrictas razones de seguridad". Sin embargo, procesalmente este pedido le corresponde a la fiscalía a cargo de las causas contra Palavecino.
Palavecino está alojado en la Unidad Carcelaria 1 del Penal de Villa Las Rosas, que "no cuenta con un pabellón para alojar internos de 'Alto Perfil'", aseguró la cartera de Seguridad.
