Los docentes y no docentes de las universidades públicas cumplen este viernes con el segundo día consecutivo de paro nacional en defensa de sus salarios y de la Ley de Financiamiento Universitario, que el presidente Javier Milei anticipó que vetará. A raíz del conflicto, y tras rechazar este jueves una magra oferta salarial del 5,8 por ciento para octubre del Gobierno, los sindicatos ratificaron la convocatoria a un paro y marcha federal con epicentro en el Congreso de la Nación para el miércoles 2 de octubre.
"A sólo cinco días de la marcha universitaria, el gobierno nacional convocó a una reunión paritaria en la cual ofreció un aumento salarial que está lejos de cubrir la pérdida salarial acumulada", afirmó este jueves la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
Al respecto, el dirigente gremial Carlos de Feo explicó que "la propuesta está muy lejos de equiparar con los estatales porque es solo un 5,8% para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes". También indicó que la oferta "no resuelve la cuestión de la garantía salarial, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y otros temas pendientes".
El Gobierno se mantiene en "alerta" por la segunda Marcha Federal Universitaria convocada durante su gestión (la primera aconteció el 23 de abril, y fue multitudinaria), según confiaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes cercanas al mandatario.
Asimsimo, el nudo en la garganta se agranda a media que la imagen pública de Milei cae en picada por el fuerte impacto recesivo de la economía de las clases medias y bajas y los alarmantes índices de pobreza e indigencia desde el 10 de diciembre de 2023.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) indica que la pobreza y la indigencia tuvieron un tremendo salto en el primer semestre del año, hasta alcanzar al 52,9 por ciento y 18,1 por ciento de las personas, respectivamente.
El Gobierno se preocupa por la segunda Marcha Federal Universitaria de su gestión
En tanto, tras el rechazo a la magra propuesta salarial de este jueves por parte de la comunidad universitaria, el Ministerio de Capital Humano salió al cruce de los gremios. En primer lugar, negó las acusaciones sobre el escaso o nulo "diálogo" entre funcionarios y dirigentes, y subrayó que las medidas de fuerza que anunciaron los sectores que pertenecen a las casas de altos estudios "no alimentan ese intercambio".
A través de un comunicado, desde el Ejecutivo ponderaron además de los "esfuerzos" realizados por la cartera que encabeza Sandra Pettovello para "garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales". También destacaron el "incremento de los gastos de funcionamiento en un 270%" y la "atención especial referida a los insumos y dinámicas específicas que suponen los hospitales universitarios".
Según detalló esa cartera, los hospitales vinculados a las casas de estudio "recibieron más de 49 mil millones de pesos adicionales sobre el aumento de esa línea presupuestaria para 2024".
"En el caso específico de la UBA, del cual depende el Hospital de Clínicas, las transferencias representan el 94,8% de ese pedido adicional", precisaron desde Capital Humano.
En la misma línea, el Ministerio consignó que "las reuniones con gremios y rectores, que se desarrollan con regularidad, son muestra del compromiso del Gobierno, que ha significado un aumento del 76,1% en la pauta salarial".
Lucha y resistencia
La respuesta de los gremios universitarios a la cartera de Capital Humano no se demoró más de unas horas. Tras ese comunicado, la Asociación Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) calificó como "irrisorio" el ofrecimiento del 5,8 por ciento para octubre y negó que se tratara de un "histórico ofrecimiento", un "enorme esfuerzo" y un "avance salarial".
"Desde que asumió este gobierno, histórica y sin precedentes es la pérdida salarial: más de 60% de pérdida frente a la inflación en nueve meses. El único enorme esfuerzo es el que hacen los y las docentes para llegar a fin de mes con el salario más bajo de la historia", apuntó la agrupación sindical.
Y agregó: "Es insólito y una falta total de respeto que comuniquen una supuesta oferta de “avance salarial” con más del 60% de pérdida salarial. Los trabajadores de las Universidades resistimos la mayor pérdida salarial de la historia y el deterioro del presupuesto universitario desde que este gobierno asumió".
Ante esta situación, ADUBA convocó una vez más a la comunidad estudiantil y al resto de la sociedad a "defender las banderas de la Universidad pública, gratuita, de calidad" para el próximo 2 de octubre frente al Congreso. "Y de producirse el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, instamos a los diputados y diputadas a insistir con la promulgación de la misma", concluyeron.
Demandas al Presidente y a los legisladores
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó este martes mediante un comunicado su "preocupación" por el contexto actual, "cada vez más difícil", e hizo énfasis en su inquietud por la "desconsideración y el hostigamiento" del Gobierno ante los reclamos por el "desfinanciamiento" y la "desjerarquización" al "sistema científico y universitario".
"La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen, sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados", objetaron.
En ese sentido, enfatizaron una vez más que "más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año".
Es por esto que, en su escrito, exigieron al referente de La Libertad Avanza "que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024" y que "reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025".
Asimismo, expresaron su pedido a las y los legisladores: "de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento".
