La presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Jimena López, anunció el jueves, ante los medios locales, la propuesta de prorrogar la concesión vencida por un año más, que el directorio deberá responder dentro de los próximos cinco días hábiles. 

La funcionaria resaltó que "la voluntad del gobernador Axel Kicillof es licitar, para brindar certidumbre y seguridad jurídica a los exportadores", y que el plazo de un año es el razonable para llevar adelante ese proceso.

La movida, que incluye la búsqueda por consenso de un estudio jurídico que supervise la redacción de los pliegos para evitar que estos sean direccionados es la respuesta a una jugada del directorio, que aspiraba a una prórroga de tres años, con el objetivo último de que haya un recambio de autoridades provinciales en 2027 y la licitación no se produzca.

Hasta hace un par de meses,  por distintas razones, tanto la administración provincial como los representantes del complejo agroexportador estaban de acuerdo en iniciar la licitación. 

El gobierno, porque quería incorporar la cláusula de "reserva de carga", algo impensable en la década de los noventa, cuando se hizo la concesión original. La reserva de carga es una figura por la cual el estado provincial, que en realidad es el propietario de las instalaciones, se reserva para sí un porcentaje de capacidad de almacenamiento y horas de operación, para facilitar la salida de los granos de los pequeños productores, que de otra manera deben aceptar los precios que les imponen los acopiadores.

Las empresas, por su parte, porque querían armar una sociedad nueva, distinta a "Terminal Quequén", sin la participación de la Bolsa de Cereales. Ocurre que, cuentan viejos conocedores del sector, la bolsa fue puesta allí "a dedo" por el menemismo, para disimular que le entregaba el manejo portuario a las grandes cerealeras y tiene, desde entonces, una participación del 15 por ciento. Para las empresas es un socio demasiado caro, que desde hace más de tres décadas "no pone nada y se lleva mucho".

El interés específico de la Bolsa de Cereales,  autonomizado del de las empresas que allí operan explica parcialmente las acusaciones mediáticas altisonantes, contra el supuesto "chavismo" o "estatismo" del gobernador Kicillof. El recurso retórico sirvió para empiojar primero y luego poner a las empresas a la defensiva. 

La otra parte de la explicación hay que buscarla en la burocracia administrativa de "Terminal Quequén". Sus directivos y gerentes cobran, cada año, un bono en dólares. Aunque las fuentes consultadas difieren en el monto, coinciden en que es de seis cifras. Los bonos anuales tienen a la cúpula de la empresa en pie de guerra, pero esta actitud expone el nivel de ganancias que deja la operación del elevador de granos, cosa que preocupa e irrita a las cerealeras en partes iguales.

Una nueva licitación implicaría la posibilidad de crear nuevas UTE (Unión Temporal de Empresas) y nuevas sociedades, con composiciones distintas a las de los noventa y, probablemente, con bonos más acordes a la realidad del país que a la "realidad aparte" del complejo agroexportador".

De las nueve sillas que conforman el directorio, dos representan a los sindicatos y uno al municipio. Los seis restantes responden a Coninagro, CARBAP y las distintas cámaras empresarias vinculadas al puerto. Con esa conformación, era poco probable que la reserva de carga pasara el filtro.

La interna del directorio

El directorio tiene, a su vez, múltiples problemas. Daniel Arce, miembro del directorio en representación de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios de Puerto Quequén, tiene a la vez un pusto jerárquico en la empresa concesionaria. Es decir, es controlador y controlado a la vez, posición que le permite acceso a información privilegiada. Por esta razón, el área legal del consorcio trabaja en una modificación del estatuto que impida este tipo de incompatibilidades. 

En los últimos días, este grupo de directores intentó también desplazar a Fernando Ciancaglini, el actual gerente general. Pero Ciancaglini es hombre del intendente de Necochea, el vecinalista Arturo Rojas. Antes de volverse vecinalista, Rojas fue incondicional de Jerónimo "Momo" Benegas, histórico conductor de UATRE y hombre fuerte en el distrito. 

Ahora, como todo vecinalista, Rojas mantiene una buena relación con La Plata, estrategia que se ve acentuada por el clima político imperante, de ajuste por arte de Milei y antagonismo creciente entre este y Kicillof. Según fuentes locales, esa movida, que desató el enojo del intendente, no contaba con el visto bueno de las instituciones que los diirectores representan. 

Uno de los argumentos utilizados por el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, el mes pasado, fue que Kicillof debería haber aprendido de la experiencia fallida de la planta de GNL que YPF y Petronas, supuestamente construirían juntas en Río Negro en detrimento de Bahía Blanca, y  mostrarse más amigable con el sector empresario. En esa misma alocución, el directivo elogió a Milei.

Con Petronas prácticamente fuera de carrera y versiones crecientes de que a la petrolera estatal malaya la espantó la injerencia desmedida del presidente en su afán de perjudicar a Buenos Aires, es probable que Martins deba buscar otros argumentos contra la reserva de carga.

El puerto de Quequén es el más importante de la provincia en la operación de granos. Por allí pasan cada año 7,5 millones de toneladas de cereal, que representan el 7 por ciento de las agroexportaciones argentinas. Necochea integra la sexta sección electoral y, de acuerdo al censo 2022, tiene 102 mil habitantes.