Ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley de Financiamiento Universitario, la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su "profunda preocupación". En ese sentido señaló, a través de un documento, que el veto "comprometería los compromisos salariales y el correcto funcionamiento de estas instituciones que son esenciales para el desarrollo social y económico de la Nación".
Los defensores advierten que la ley sancionada por el Congreso "constituye una herramienta fundamental para la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales, en un contexto donde estas instituciones se encuentran en una situación de emergencia presupuestaria, tal como lo reconocen todos los sectores vinculados al ámbito académico". Incluso advierten que la actualización del presupuesto universitario en función de la inflación acumulada, y su distribución basada en criterios de equidad, "permitirá garantizar no solo el funcionamiento básico de las universidades, sino también el derecho a una educación superior de calidad para miles de estudiantes en todo el país".
ADPRA advierte también que la ley cuestionada por el gobierno "no genera un impacto fiscal adicional, ya que simplemente ajusta los recursos asignados a las universidades en base a los índices inflacionarios acumulados, permitiendo así que las partidas ya previstas se mantengan acordes a las necesidades económicas actuales. Esto asegura que el sistema educativo no sufra una erosión presupuestaria a causa de la inflación, sin representar un aumento desmedido del gasto público".
También indicaron que "la falta de financiamiento adecuado afecta directamente los derechos fundamentales de los estudiantes y trabajadores universitarios. Este veto, de concretarse, comprometería los compromisos salariales y el correcto funcionamiento de estas instituciones que son esenciales para el desarrollo social y económico de la Nación".
Por último, los integrantes de ADPRA solicitaron que "se reconsidere la posibilidad de vetar esta ley y se avance en la implementación de un sistema de financiamiento que asegure la estabilidad de las universidades nacionales, el respeto a los derechos de los estudiantes y docentes, y el fortalecimiento del sistema educativo público, sin que ello implique un desajuste en las cuentas públicas".
El documento lleva la firma de los siguientes defensores y defensoras:
María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de CABA; Enrique Pochat, Defensor del Pueblo de Morón; José Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de Formosa; Claudia Bard, Defensora del Pueblo de Chubut; Bernardo Voloj, Defensor del Pueblo de Chaco; Jorge Henn, Defensor del Pueblo Adjunto a cargo de Santa Fe; Gabriel Savino, Defensor del Pueblo Adjunto a cargo de Santa Fe; María Celeste Vouilloud, Defensor del Pueblo de Vicente López; Marín Pérez Morando, Defensor del Pueblo de Viedma; Agustín Payes, Defensor de los Vecinos de la Ciudad de Corrientes; Federico Núñez Burgos, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta; Carlos Palmiotti, Defensor del Pueblo Adjunto de CABA; Adriana Santagati, Defensora del Pueblo de Río Negro; Analía Woloszczuk, Defensora del Pueblo de Bariloche; Marcia López, Defensora del Pueblo de Paraná; Oscar Vázquez, Defensor del Pueblo de Zapala; Lionel Suárez, Defensor del Pueblo de Santiago del Estero; Adrián Maciel, Defensor del Pueblo de Pilar; Juan Carlos González Olsina, Defensor de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza; Marcelo Lacedonia, Defensor del Pueblo de Gral. Pueyrredón; Rafael Sachetto, Auditor General de la Municipalidad de Villa María; Valeria Fiore Cáceres, Defensora del Pueblo de Posadas; Silvia Caprino, Defensora del Pueblo de La Matanza; Amelia López, Defensora de Derechos de niños, niñas y adolescentes de Córdoba
