Frente a un Congreso que no parece dispuesto del todo a darle los votos, el gobierno libertario redobla la apuesta para privatizar Aerolíneas Argentinas. Según anunció el vocero Manuel Adorni, el presidente publicará la próxima semana un decreto para declarar "sujeta a privatización" la línea de bandera. Un mecanismo burocrático exigido en la ley de Reforma del Estado que, sin embargo, esconde una amenaza velada: la posibilidad de privatizar vía decreto delegado (no DNU). En La Libertad Avanza lo niegan, sabedores de que ninguna empresa querrá comprar una aerolínea que fue privatizada solo vía decreto, pero generó el ruido suficiente para poner a la oposición y a los gremios aeronáuticos en estado de alerta. El gobierno quiere apurar el trámite y presiona a los diputados, pero los tiempos del Congreso son distintos. 

En Casa Rosada están convencidos de que la privatización de Aerolíneas Argentinas es ahora o nunca. La escalada del conflicto sindical con los aeronáuticos le cayó como anillo al dedo a un Ejecutivo que ya había intentado avanzar con la venta de Aerolíneas en la Ley Bases pero había fracasado. "Es el contexto ideal", sostienen en las filas libertarias, que perciben que no habrá mejor clima político para consensuar la privatización de la empresa que ahora, en el pico de conflicto con los trabajadores aeronáuticos. 

Por este motivo, el gobierno decidió incrementar la presión y anunció que, la semana que viene, Javier Milei firmará un decreto para declarar la empresa "sujeta a privatización" tal como exige la ley de Reforma del Estado (ley 23.696) sancionada durante el menemismo. Una formalidad normativa para darle "trámite parlamentario de preferencia" a los proyectos presentados - uno de Hernán Lombardi (PRO) y el otro de Juan Manuel López (CC) -, que comenzaron a tratarse el miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El efecto inmediato, sin embargo, fue otro: la oposición interpretó, brevemente, que el gobierno quería avanzar con la privatización vía DNU y salió a cruzarlo, enturbiando un clima de negociaciones.

Caos y confusión

"El gobierno quiere privatizar Aerolíneas vía DNU". El rumor se extendió como pólvora en los despachos opositores, que salieron en oleada a denunciar la inconstitucionalidad de la venta. La confusión era tal que terminó teniendo que salir el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a explicar qué es lo que Adorni había querido decir: "En todos los casos tiene que pasar por el Congreso. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza", tuiteó, en línea con lo que varios constiucionalistas venían advirtiendo: no es posible que el Ejecutivo privatice mediante un DNU una empresa y, en todo caso, se requiere siempre la aprobación del Congreso. 

En Unión por la Patria, sin embargo, desconfiaban: las facultades delegadas que el Congreso le había aprobado a Milei en la Ley Bases lo habilitaban a declarar "sujeta a privatización" a cualquier empresa estatal. "Son capaces de cualquier cosa. Están buscando generar las condiciones para el desguace y la privatización. Están dilatando y profundizando el conflicto con los sindicatos", explicaba una dirigenta de UxP. "No es posible que el Ejecutivo privatice mediante DNU y, en todos los casos, se requiere la aprobación del Congreso. Pero sí podría a través de un decreto delegado, pero pagaría un costo político enorme y el Congreso lo podría rechazar porque esta clase de decretos debe pasar por el mismo control que los DNU", advirtió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez a Página12. 

En efecto, diputados del PRO, la UCR y LLA coincidieron, en diálogo con este diario, que Milei tenía la facultad pero que, si no la utilizaba, era simplemente porque "ninguna empresa te compra si la vendes solo con un decreto que necesita ratificación, no hay ninguna seguridad jurídica", tal como confesó un dirigente libertario. "Con los antecedentes argentinos, ¿qué empresario compraría Aerolíneas Argentinas sin una ley robusta del Congreso que avale la venta y las condiciones comerciales? ¿cuánto pagaría? El que tiene el capital para adquirir una aerolínea no va a arriesgarse a terminar litigando en tribunales argentinos", advirtió, en esta misma línea, el presidente del PRO Córdoba y diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, quien agregó: "No saber cómo resolver una discusión salarial con los gremios no puede determinar la estrategia sobre qué hacer con la aerolínea de bandera". 

Otro sector de la oposición interpretó la presión del Ejecutivo como una intentona para recuperar protagonismo en el debate, además de mostrarle a potenciales compradores que iban en serio con la idea de vender la Aerolínea. "Le agarró FOMO (Fear Of Missing Out)", ironizó el lilito Juan Manuel López, autor de uno de los proyectos. Otros, mientras tanto, lo acusaban de querer desviar la atención de los datos de pobreza que se dieron a conocer ayer. "Caos y confusión", sintetizó Julia Strada (UxP), quien había sido una de las diputadas que había salido a cruzar al gobierno por la inconstitucionalidad de privatizar via DNU.

Los vientos del Congreso

Si el gobierno necesitó sumar presión es porque el tratamiento de los proyectos no van a la velocidad que le gustaría. El miércoles pasado, luego de la larga exposición de los funcionarios nacionales, tuvo que desayunarse que no estaban las firmas para dictaminar y que el debate se dilataría. El oficialismo cuenta con el apoyo del PRO, la Coalición Cívica y una parte de la UCR - dos de los radicales que fueron a sacarse una selfie con Milei en Casa Rosada antes del blindaje al veto de las jubilaciones integran el plenario de comisiones -, pero eso es todo. 

Encuentro Federal, que comanda Miguel Ángel Pichetto, no quiere darle un "cheque en blanco" al gobierno y se rehúsa a acompañar el proyecto tal cual está. Sugieren que podrían acompañar una privatización parcial, pero en Casa Rosada no hay muchas respuestas. "Estos tipos ni armaron la Bicameral de Privatizaciones que tiene que auditar el proceso, ni un guiño político hay", mascullaba un dirigente. 

Los gobiernos provinciales, mientras tanto, no quieren saber nada con perder conectividad: la experiencia de la privatización de los 90' está muy presente y la mayoría coincide que los vuelos empezaron a llegar a sus ciudades con la re estatización. El mismo prurito se encuentra, sin embargo, entre legisladores que representan provincias del interior de todos los partidos. Como Héctor Stefani, que es diputado del PRO de Tierra del Fuego y, cuando se trató la privatización en la Ley Bases, votó en contra. Lo mismo sucede con varios diputados radicales que, a excepción del ala de Facundo Manes, se muestran más proclives a privatizar. En el gobierno se muestran confiados en que tendrán el número, pero la oposición lo pone en duda: las negras juegan y, cada vez que un diputado se sube a un avión de Aerolíneas para viajar a CABA, siente la presión.