El Gobierno de Javier Milei comenzó su tercera ola de despidos. Hasta el momento, en estos últimos días al menos 500 trabajadores del Estado fueron echados, pero se sabe que hay 65.000 en riesgo de perder su trabajo. Se trata de contratos que vencen el 30 septiembre y que podrían sumarse a la lista. Desde que Javier Milei es presidente, casi 31.000 estatales quedaron desempleados. La mayoría de las desvinculaciones de esta semana se dieron en el Ministerio de Capital Humano y en la Secretaría de Derechos Humanos, e incluyen áreas sensibles como las de Emergencia o Asistencia Crítica, encargadas de atender situaciones como las de incendios, además de oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicó que hay 65.000 contratos que vencen a fin de mes, por lo que están en alerta por una nueva tanda de despidos. Según le confirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, a Página|12 hasta el viernes por la noche se registraron 500 despidos en organismos de todo el país, que se suman a los de marzo y junio. “Esto dejó de ser solo una tragedia individual, se ha transformado en una tragedia colectiva. No solo por la masividad que tienen los despidos, sino porque cuando se destruye un puesto de empleo en el Estado, hay una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde”, afirmó el dirigente sindical.

Hasta el momento, el sector más afectado es el ministerio Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, con más de 200 despidos en las distintas subsecretarías. En Desarrollo Social, hay al menos 80 trabajadores y trabajadoras afectados de áreas que tienen que ver con asistencia en situaciones de catástrofes o complejas como Ayudas Urgentes y Emergencias. “Hay un nivel de cinismo enorme, Córdoba está ardiendo, se prende fuego, y ellos despiden a personas formadas, con más de 20 años de trabajo que han integrado comités de crisis, que participaron en terremotos y en inundaciones, que asisten en situaciones de vulnerabilidad”, dijo a este diario Ingrid Manfred, delegada general en ese organismo. 

Desde diciembre hasta hoy, Desarrollo Social tiene 1600 trabajadores menos en un contexto de crisis económica creciente. “El mismo día en que se conoce que el 52% de los argentinos viven en la pobreza, despiden a los trabajadores de las áreas que se dedican a trabajar con esa población. Responsabilizamos también a Yanina Nano Lembo (directora del Consejo de Políticas Sociales) de esto”, agregó Manfred.

En la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende de Capital Humano, fueron desvinculadas 80 personas y ya son 600 los despidos en nueve meses. “Esta decisión pone en riesgo la continuidad de la Dirección Nacional del Sistema de Protección, que tiene entre sus funciones la de fortalecer los sistemas de protección en cada jurisdicción para que que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, explicó Adolfo González Dardik, referente gremial del ATE en el Senaf. También echaron personal que trabajaba en programas de prevención. “Muchos de los despedidos estaban abocados a la protección del embarazo forzado en las adolescencias, línea de acción que ha sido desmembrada y paralizada desde que asumió Milei. Con las nuevas cesantías le dan dado el último golpe de gracia”, alertó Dardik.

Desde la asunción de Milei hasta julio de este año se contabilizaron más 30.000 despidos en toda la Administración Pública Nacional y en las empresas del Estado. Según el Monitor de desempleo de ATE, a fines de marzo 11.713 estatales fueron echados, una cifra que ascendió a 30.936 en julio. La mayoría en los ministerios de Capital Humano, Economía, Salud y Jefatura de Gabinete. A principios de este año, el Presidente anticipó que los despidos llegarían a 70.000.

Otra de las secretarías atacadas es la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; allí se contabilizaron 30 despidos, sobre todo en las delegaciones de provincias, donde el impacto es mayor por tratarse de lugares de trabajo más pequeños. Las despedidas eran personas que se dedicaban a la fiscalización del trabajo no registrado y a la supervisión de programas de empleo, además del fomento a la formalización laboral. “La mayoría son de las oficinas de la secretaría en el territorio, en cada una de las provincias y compromete la inserción territorial, afecta directamente a las políticas de fiscalización del trabajo”, dijo Daniela Frencia, delegada gremial en Trabajo. Además, allí también despidieron a personas trans, que habían sido contratadas a través de la Ley de Cupo Laboral Trans que obliga al Estado a que el 1% del personal sea de ese comunidad.

Los próximos días serán de tensión en los diversos organismos del Estado Nacional, ya que el 30 de septiembre se vencen 65.000 contratos trimestrales y el Gobierno ya anticipó que serán revisados. “Trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso, y el 30 de septiembre todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso”, expuso el vocero presidencia Manuel Adorni.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también sufrió varias bajas, alrededor de 80 trabajadores fueron notificados de sus despidos a principio de esta semana. Algunos de ellas trabajan en sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura, como la ex ESMA, el Club Atlético o el Hospital Posadas.  Son sitios de memoria cuya conservación tiene una función pedagógica, pero también tiene un rol importante para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Además, echaron a psicólogas y personal que se encargaba de cumplir con las leyes reparatorias. El Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la ex Esma, también fue afectado. 

“Entendemos que están vaciando Derechos Humanos porque no les interesa. Ya perdimos muchos compañeros”, dijo a este diario Octavio “Pilo” Rampoldi, secretario de Derechos Humanos de la Junta Interna en el Ministerio de Justicia. En diciembre de 2023, el organismo tenía alrededor de 1000 empleados, hoy son poco más de 800. El resto de los 200 fueron despedidos, jubilados o aceptaron el retiro voluntario. La mayoría de los desvinculados de este mes eran contratados por entes cooperadores como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que por ley debe hacerse cargo de los sueldos de organismos públicos. Existen rumores de que el Gobierno dará de baja esos convenios. “Están buscando generar pánico y desesperación entre los trabajadores. Mariano Cúneo Libarona y su secretario, Sebastián Amerio, están diciendo que en enero Acara va a dejar de ser empleador, y hay 2500 contratos por ese sistema”, agregó Rampoldi.

La mayoría de los nuevos despidos tienen que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, una modalidad de contratación a plazo fijo o plazo determinado. Los números oficiales indican que en el Estado hay alrededor de 123.000 personas contratadas de manera permanente (a través del artículo 8 de la Ley Marco de Empleo Público) o de manera transitoria (por el célebre "artículo 9"). A diferencia de lo que sucedió en las dos tandas de despidos anteriores, ahora la mayor cantidad de personas afectadas son de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, fueron las regionales provinciales de los organismos las desmanteladas, ahora les tocó a las casas centrales.

Desde ATE indicaron que realizarán medidas de fuerza para denunciar esta situación, desde paros hasta movilizaciones a los ministerios afectados. “Este gobierno mata, Milei mata. Si a los jubilados que necesitan cuatro pastillas, le das dos, los matás. Si desmantelás el Estado, hay millones de personas que se quedan sin contención, abandonadas”, denunció Aguiar.