El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales denunció al juez y las juezas de ejecución penal de San Miguel de Tucumán, por las torturas y vejámenes a las que son sometidas las personas privadas de la libertad en las comisarías de la provincia. Se trata de la segunda jurisdicción del país con mayor hacinamiento en dependencias policiales.
El presidente del INECIP, Alberto M. Binder, junto al director ejecutivo, Julián Alfie, se presentaron como denunciantes con el argumento de que el artículo 144 quater inciso 1 del Código Penal "permite castigar a los funcionarios que teniendo competencia para ello omiten evitar las torturas, vejámenes u otras conductas semejantes calificadas por la legislación nacional e internacional".
En la capital tucumana, los responsables de Ejecución de sentencia son tres: el juez Gonzalo Javier Ortega y las juezas Ana María Iacono y Ana Cecilia Escobar, contra quienes está dirigida la denuncia. En el resto de la provincia hay un juez y una jueza más, pero la presentación no les incluye.
La denuncia se realizó el 17 de este mes. El abogado y profesor Guillermo Nicora, integrante del INECIP, informó a Salta/12 que recayó en la Fiscalía Regional del Centro, a cargo de Fernando Blanno. "Hasta ahora, la denuncia no ha tenido trámite, al menos no estamos en conocimiento de ninguna resolución del fiscal que la recibió", indicó,
El INECIP lanzó este año la campaña nacional "No más presos en comisarías", que tiene "su raíz en la preocupación permanente por las peores facetas del sistema penal, que son las condiciones de detención y lo tremendo del encierro", explicó Nicora.
"Cuando nos llegó un informe que la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Tucumán había publicado sobre la Comisaría Segunda de la capital, decidimos que si había un lugar para comenzar la acción, tenía que ser Tucumán, que en el ranking nacional que publicamos con datos oficiales del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (publicaciones/ranking-provincial-de-personas-encerradas-) aparece segunda en la proporción de presos en comisaría sobre el total de presos de la provincia", contó Nicora.
En el último tiempo, se hizo pública la situación de las personas alojadas en comisarías de la provincia. El representante de la sociedad civil en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), Fernando Korstanje, dijo a este diario que la situación viene siendo "repetidamente informada" a las autoridades, tanto por el mecanismo local como por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, pero ha sido "desoída".
Korstanje precisó que en la actualidad, según informó oficialmente la Policía en reuniones interministeriales, hay 2.500 personas alojadas en comisarías y estas cifras indican una población mayor que la de las cárceles, donde hay 1.800.
Tucumán "tiene el mayor número absoluto de presos en comisarías después de Buenos Aires" y la provincia se sitúa en tercer lugar a nivel país con más cantidad de muertes bajo custodia en dependencias policiales, detalló Korstanje.
El INECIP consideró que las condiciones de los encarcelados en las comisarías de "Tucumán son indignas y notoriamente ilegales" propias de una situación de vejámenes y tortura".
Los informes de la CPPT dan cuenta de que las personas privadas de la libertad en comisarías carecen de acceso a la salud, a los alimentos más básicos, a elementos de higiene, y a condiciones de salubridad mínima para la vida humana. Duermen hacinadas en el piso, aún con las bajas temperaturas en invierno, "en lugares absolutamente precarios que más tienen que ver con una jaula medieval que con una prisión", recalcó el INECIP.
La denuncia también señala que las personas prisioneras no tienen acceso al régimen de progresividad de la pena previsto por la ley 24.660 y las circunstancias en que se encuentran les impiden calificar y fundar beneficios procesales. En las comisarías, carecen entre otras cosas, de la posibilidad de estudiar y de trabajar.
"Entendemos que los jueces responsables del control de legalidad de la ejecución penal son los responsables primarios, sin perjuicio de la responsabilidad de otros jueces que han ordenado y mantenido el encierro en esas condiciones, pese a las quejas de los defensores y los propios imputados o condenados", manifestó el INECIP.
"Larguísima tradición de excusas"
La denuncia sacudió a los integrantes del Poder Judicial. Nicora contó que "ha despertado una ola de enojo de muchos jueces de ejecución del país, que se sorprenden". "Seguramente no creyeron que íbamos a cumplir nuestros anuncios que comenzaron en julio", consideró.
"Pero lo peor de todo es que las juezas y jueces que se enojan no son capaces de reconocer que es la Constitución Nacional la que hace casi dos siglos nos viene avisando que no se les deben admitir 'pretextos'", recalcó Nicora. Estimó que una palabra "tan fuerte haya sido elegida por los constituyentes, demuestra que es larguísima la tradición de excusas y de no hacerse cargo de que el poder de los jueces viene de la mano de una gran responsabilidad: garantizar los derechos de las personas".
La Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal se expresó mediante un comunicado e interpretó las críticas como "injustas y desproporcionadas". "Culpar a los magistrados y magistradas por la falta de infraestructura adecuada es desviar la atención de las causas reales del problema, cuya solución requiere la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo", respondió.
"La ilegalidad es evidente y grave y la inmoralidad del mantenimiento de esa situación de una manera cruel e insensible es inadmisible para toda persona con un mínimo de conciencia moral", denunció el INECIP.
Casos testigo
El 7 de Junio de 2024, la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura monitoreó la Comisaría Nº 2, en San Miguel de Tucumán. El lugar no era apto para alojar personas detenidas, por su pésimo estado general, había condiciones de hacinamiento con una superpoblación cinco veces superior a su capacidad y se registraron celdas con un gran número de personas "llegando, por ejemplo, la celda 'C' a alojar a 34 seres humanos".
Los baños están en las mismas celdas y emanan "un olor extremadamente nauseabundo”, en el caso de la "C" ni siquiera tenía inodoro. La suciedad era alarmante. "La mayoría de los detenidos permanecen en ese lugar por meses y años. La mayoría de ellos ya habían sido condenados y se encontraban a la espera de que los trasladen a alguna unidad”, advirtió la Comisión Provincial.
Asimismo, las familias de los detenidos, son las únicas proveedoras de alimentos y de elementos para mantener la higiene y los que tienen a sus familiares lejos o que por alguna otra circunstancia no reciben visitas, dependen "exclusivamente de la buena voluntad de sus compañeros". En ese contexto, la mayoría de los entrevistados se quejó además de que reciben solo una parte de la mercadería que les llevan sus familias. También alegaron que no cuentan con ningún tipo de atención médica y, debido al escaso espacio, tampoco pueden realizar actividades recreativas ni acceder al servicio educativo.
Por otro lado, la Comisión Provincial inspeccionó el 10 de septiembre último la Comisaría de El Colmenar, de Tafí Viejo, en la que se encontraban alojadas 45 personas en circunstancias "igual de indignas", recalcó el INECIP.
En un video, hecho por internos de la comisaría 11, para "derechos humanos", exponían la situación de hacinamiento en que se encontraban y señalaban la situación de uno de sus compañeros, un joven con VIH que no recibía la asistencia adecuada, estaba esquelético y se le veían lesiones; tuvo que intervenir la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura para que lo internaran y murió después en el hospital Avellaneda. En el mismo video, se observa que los internos acumulaban botellas con orina, porque no tenían acceso a un baño, ni a higiene.
