La jueza federal de Garantías de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación contra Raúl Francisco Díaz Pardo, quien se desempeñaba como coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); de Sergio Miguel Achtar, inspector profesional y encargado de la oficina de SENASA en la localidad de Joaquín V. González, en el sur de Salta, y Natalia Gramajo, que era secretaria administrativa de esta sede.

Los tres acusados quedaron cesantes a fines de junio pasado, por una medida adoptada por el organismo nacional, tras denuncias que los involucran en irregularidades en trámites de registración de movimiento de animales. Ahora la fiscalía federal de Salta los imputó formalmente por el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos".  

La investigació penal, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, se inició el 3 de enero último a partir de dos denuncias. La primera fue radicada por Álvaro Ortiz de Urbina, presidente de la fundación Ganaderos del Sur, ente sanitario a cargo de campañas de vacunación y emisión de documentos electrónicos de transporte de ganado. La otra denuncia fue realizada por un familiar de una productora agropecuaria del sur de la provincia.

En ambos casos, los denunciantes apuntaron contra los responsables de la oficina de SENASA ubicada en Joaquín V. González.

Uno de ellos sostuvo que su madre advirtió que la cantidad de animales en su poder no coincidía con el stock registrado en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), en el cual tenía consignado un número menor al real.

Ante ello, y como resultado de las indagaciones que realizaron, se enteraron que se había emitido a su nombre un Documento de Tránsito Electrónico (DTE) de equinos, según aparecía consignado en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.

En el trámite se daba cuenta del movimiento de animales de su propiedad con destino a una firma ubicada en la provincia de Entre Ríos y esta era la razón por la que el registro de la cantidad de animales de su propiedad aparecía disminuido. El denunciante desmintió que haya trasladado algún animal de la finca a Entre Ríos. 

El mismo denunciante detectó que la misma maniobra se repitió en cuatro oportunidades, siempre con movimientos de animales a esa misma firma.

Por su parte, Ortiz de Urbina denunció otros dos casos similares, aunque uno de ellos con la particularidad de que se había gestionado un documento de tránsito a nombre de un productor fallecido en 2013.

En la audiencia de formalización de la acusación, realizada anteayerr, la auxiliar fiscal Florencia Altamirano explicó que en la investigación se solicitaron informes de estos trámites tanto a la oficina de Joaquín V. González, a cargo de Achtar, como al Centro Regional, en manos de Díaz Pardo, pero en ambos casos las respuestas demoraron en llegar.

En vista de ello, se acudió a las autoridades nacionales de SENASA, que confirmaron lo denunciado a partir de informes y revelaron otros numerosos casos similares, tanto de cambio de stock, como de movimiento de animales, que todavía están siendo investigados.  

No obstante, se pudo establecer que los DTE objeto de la acusación fueron tramitados por los tres acusados, bajo el usuario asignado a cada uno de ellos por el organismo.

La fiscalía explicó que el SENASA realizó dos auditorías y detectó las irregularidades denunciadas, y nuevos casos de gestiones a nombres de productores fallecidos.

Entre las irregularidades, mencionó que los trámites no tenían firmas, también se detectó la ausencia de nombres y otros datos personales exigidos para la emisión de la documentación que los productores deben presentar, a modo de guía, de los animales en tránsito.

La auxiliar fiscal precisó que estas anomalías estaban bajo la órbita de los tres imputados y resaltó que ellos nunca denunciaron las irregularidades. Resaltó, a su vez, la gravedad de los delitos imputados, no sólo por la maniobra espuria en sí misma, sino por la afectación a la salud, pues se movió ganado del cual se desconoce su origen y mucho menos si cumplía con los controles sanitarios, como, por el ejemplo, contra la fiebre aftosa.

Por otra parte, puso énfasis en el perjuicio a los productores que no movieron sus animales pero cuyos stocks se vieron reducidos, con lo cual no podrán recibir determinados beneficios, como la cantidad necesaria de vacunas.

La auxiliar fiscal solicitó un plazo de investigación de seis meses, dado que el SENASA  remitió más informes, por lo que no descartó establecer nuevos hechos.