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“En las últimas tres semanas hubo 500 despidos en la industria del calzado porque traen calzado de Brasil”, asegura Walter Correa. Así, el ministro de Trabajo de Axel Kicillof describe el panorama en la provincia de Buenos Aires, producto de la política económica del Gobierno nacional. Con este contexto, asistió al primer Congreso Federal del Trabajo y expuso su rechazo a la reciente reglamentación de la reforma laboral sancionada en la Ley Bases de Javier Milei.
La posibilidad de eliminar las indemnizaciones, la extensión del período de prueba, la quita de penalidades para quienes tienen empleados informales, y la creación de la figura de “colaboradores”, dibujan, para Correa, un mapa de pérdida de derechos de los trabajadores que viene aparejado de una precarización que tiene un único objetivo: “Volver al pre peronismo”.
Ante la presencia de Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación y los otros 22 representantes de las carteras laborales, Correa entregó un documento que deja plasmada la posición bonaerense. “Estamos asistiendo a la mayor precarización de los últimos cuarenta años”, subraya el funcionario que también está al frente del Sindicato de Curtidores.
A su vez, explica a Buenos Aires/12 que, con su equipo de abogados, confirmó que en el artículo 39 de la Constitución Provincial se ratifican y consagran los derechos de los trabajadores. “Yo juré por la Biblia y la Constitución de la provincia. Entonces, ¿qué hago como funcionario antes estas medidas?”
Respecto al CFT, primero del año pero que debería celebrarse por ley de manera mensual, Correa dice que lo “sorprendió” el posicionamiento de muchos colegas provinciales. “Me llamó la atención la formalidad en los planteos, teniendo en cuenta el contexto”, apunta.
Con este marco, defiende al movimiento obrero organizado y remarca que “el colectivo sindical, con la CGT y las dos CTA de por medio, está dando la pelea de la mejor manera posible”. Ante los reclamos para que las centrales tengan una "constante manifestación" en la calle, el ministro bonaerense advierte todas las centrales que representan a los trabajadores “están unos pasos más adelante que la política”.
Correa trae sobre la mesa un hecho que, a su juicio, es determinante para su conclusión: “La CGT está accionando en todas sus regionales, hay mucho trabajo en cada punto del territorio, y, a diferencia de los años noventa donde estuvieron las mismas políticas, hoy no hay deserción y ningún compañero me llama para decirme que en una fábrica o cualquier logar el sindicato se borró”.
El sonido de la calle
Mientras se desarrollaba el plenario del CFT, precisamente el mismo día en el que se cumplían 50 años de la publicación en el boletín oficial de la Ley de Contrato Colectivo de Trabajo, afuera había una manifestación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por los despidos en el Estado nacional. “Ahí les dije que esos bombos que están escuchando afuera son familias que se quedan en la calle”, señala Correa a este medio.
Para Correa, siempre hay que estar dispuestos a debatir modificaciones en materia laboral, pero considera que debe hacerse dentro del contexto de la realidad mundial. “Si hoy tenemos la jornada laboral más larga en términos de horas de toda Latinoamérica, ¿por qué no lo discutimos también?”, se pregunta.
“Si nos llevan a un esquema con una Ley Bases donde se retrocede en derechos de los trabajadores y con un RIGI que hace que las empresas estén por encima de la sociedad en materia de prioridades, estamos fuera del esquema mundial”, advierte el ministro, que semanas atrás participó de un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de Ginebra.
“Hay que discutir todo, pero no agrediendo los derechos consagrados, porque durante los doce años de Néstor y Cristina Kirchner se crearon cinco millones de puestos de trabajo sin correr una sala coma de la legislación laboral”, recuerda Correa.
Las consecuencias del “industricidio”
Para Correa una de las principales causas que, desde su mirada, llevará a un proceso de “industricidio” y enorme pérdida de fuentes de trabajo es el recientemente reglamentado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. “El RIGI atenta contra la industria nacional, la producción y el trabajo”, señala.
No es el único en el gabinete de Kicillof que habla de este atentado a la producción nacional. Días atrás, el ministro de Economía, Pablo López, publicó en sus redes que “la única respuesta del Gobierno nacional frente a la restricción externa es el industricidio”. Tomó como referencia el dato las importaciones destinadas a abastecer a la industria, como las compras de bienes intermedios, maquinarias y sus accesorios, los cuales, expresó, “acumulan una caída del orden del 25 por ciento.
En su relato, Correa indica que detalló que el actual RIGI es un espejo de lo que sucedió con la empresa La Forestal. “Fue una empresa inglesa, con capitales alemanes y suizos, que tenían su propia moneda interna, su policía, sus puertos, su ferrocarril y deforestó el 90 por ciento del quebracho del norte de Santa Fe y el Chaco por la industria del tanino”, repara. Y concluye: Eso dejó un impacto ambiental enorme, ningún peso para las provincias ni para el país, y cuando los trabajadores se sublevaron, asesinaron a 600 trabajadores”.
La referencia histórica de Correa data de 1921 y 1922, cuando trabajadores en deplorables condiciones laborales, que cobraban con vales emitidos por la empresa que desertificó y condenó el provenir ambiental de 20 mil hectáreas en la región, quisieron tomar la fábrica. Con su parapolicía, conocida como los cardenales, La Forestal expulsó, persiguió y masacró a los obreros en pleno monte.
El ministro vuelve al presente y expresa, también, que la postura de la provincia de Buenos Aires presentada en el Congreso condena la reducción del presupuesto nacional asignado a la formación técnica laboral de cara 2025, a la cual, según Correa, “la hace pelota”. Además, el texto entregado a la Nación condenó el protocolo ideado por Patricia Bullrich que “ilegaliza” la protesta de los trabajadores, un derecho consagrado en la Constitución Nacional.
Además, condena el protocolo anti bloqueo de la ministra de Seguridad de la Nación porque lo considera una “acción directa contra los sindicatos” con la excusa de favorecer el funcionamiento de las empresas y la continuidad de la producción.
El rechazo a la reforma
Consultado sobre una de las modificaciones que pregona la Ley Bases respecto a la posibilidad de condonar las deudas de empleadores que tuvieran empleados sin registrar como un mensaje de “borrón y cuenta nueva”, Correa es contundente: “Todo lo que es precarizar y sacar las multas, tanto en los procesos de sanciones o de derechos, no genera puestos de trabajo”.
Por eso, en el documento presentado en el CFT, el ministro critica las recientes medidas reglamentadas. Entre ellas, los cambios a la Ley de Contratos Colectivos de Trabajo, donde se destaca la posibilidad de que los empleadores tengan la posibilidad de negociar nuevas condiciones de despidos y evitar el pago de indemnizaciones creando la opción de un fondo de cese laboral.
Sostiene que el texto de la norma tiene aspectos “preocupantes vinculados a fomentar la precarización laboral, las formas fraudulentas de contratación, la extensión del período de prueba, y condena la participación en reclamos gremiales”.
Respecto a formas fraudulentas, Correa apunta a la creación de la figura de “colaborador”. Según se desprende de la reglamentación de la Ley Bases, un trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres trabajadores en la misma condición para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado. Entre la persona contratante y los colaboradores no existirá una relación de dependencia, sino que se tratará de una relación autónoma.
Sobre la extensión en los períodos de prueba, lo que permite al empleador despedir al trabajador sin justificación, se extiende de tres a seis meses. Pero podrá tener una extensión de ocho meses en empresas que tengan entre 6 y 100 empleados y hasta doce meses en empresas con hasta cinco empleados, siempre sujeto a negociación colectiva.
