Los genocidas presos en Campo de Mayo se presentan a sí mismos como los “Muertos Vivos”. Tienen una cuenta de X en la que, desde julio, publican algunas de sus proclamas. El 17 de septiembre anunciaron con bombos y platillos que se habían reunido con generales en la Unidad 34 de Campo de Mayo en lo que sería un primer paso de apoyo institucional para que recuperen la libertad. Si bien en ámbitos castrenses le restan importancia al encuentro, el episodio demuestra que los criminales de lesa humanidad no cejan en su reclamo al gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel: quieren volver a sus casas. “Es hora que quien preside la Nación tenga la valentía de honrar la verdadera historia, enfrentar a los terroristas de hoy en día y unir a los argentinos en pos de la libertad”, escribieron.

Los represores que están en las cárceles son cada vez menos. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay 630 detenidos por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Solo 129 de ellos están en unidades penitenciarias. Sesenta y seis son los que se encuentran alojados en Campo de Mayo. Entre ellos, el excapellán de la policía bonaerense Christian Federico Von Wernich, Juan Daniel Amelong –a quien Villarruel presentó como una víctima del proceso judicial en el debate con Agustín Rossi–, Mario Sandoval –el integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) condenado por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –o Athos Renés, el suegro de Claudio Pasqualini, número dos de Luis Petri en el Ministerio de Defensa.

Algunos de ellos conformaron en julio un grupo de lobby llamado los “Muertos Vivos” para que en las filas libertarias no se olvidaran de ellos y de su intención de salir de la cárcel –una cárcel VIP que incluye canchas de tenis. Como informó este diario, los “Muertos Vivos” habían lanzado una convocatoria para hacer un acto durante este mes en la principal guarnición militar del país. Pretendían que fuera un recordatorio para la política y para la justicia que ellos estaban aún ahí.

Doce días atrás, los “Muertos Vivos” anunciaron que los habían visitado las autoridades del Foro de Generales, los presidentes de diversas comisiones y de otras asociaciones para solidarizarse con ellos que están “secuestrados en las cárceles federales por disposición de la justicia federal y bajo el silencio de los gobiernos de turno”.

Los presos de Campo de Mayo no esconden su desazón con Milei, especialmente después de que salió a desmarcarse de la visita de seis diputados oficialistas al penal de Ezeiza, donde cinco de ellos se fotografiaron junto a Alfredo Astiz, Antonio Pernías y otros de los represores de la última dictadura. En ese momento, el Presidente dijo que el tema no estaba en su agenda y dio a entender que era una movida de Villarruel, con quien mantiene algo más que una guerra fría. “Los ciudadanos que defendieron esa libertad siguen secuestrados por la justicia y próximos a morir por la libertad que usted pregona”, le enrostraron a Milei.

Los “Muertos Vivos” quieren mostrar que no están solos. “Los generales presentes aseguraron que éste es el inicio de una ronda de convocatorias a las autoridades de otras Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias para brindar el apoyo humanitario, social e institucional a sus camaradas privados de libertad”, escribieron.

Página/12 se comunicó con el presidente del Foro de Generales Retirados, José Luis Figueroa, quien confirmó que estuvo en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Sin embargo, negó que haya sido un acto. Dijo que se trató de una reunión de “camaradería” por el Día de la Infantería en la que hubo sanguchitos y algún que otro brindis sin alcohol. “Fue un acto de camaradería. Es lo más normal ir a visitar al que está en problemas”, respondió Figueroa.

Los que “están en problemas” son quienes fueron encontrados responsables por la justicia por secuestrar, torturar, asesinar, desaparecer y quedarse con los hijos de sus víctimas. Es cierto que las expresiones corporativas con los criminales de lesa humanidad no son nuevas. En abril del año pasado, el general retirado Rodrigo Soloaga generó conmoción cuando recordó a sus camaradas presos en un acto oficial por el Día del arma de Caballería.

Por el momento, ninguna organización castrense levantó el guante que arrojaron los presos de la Unidad 34. El escándalo que provocó la foto de los diputados libertarios con los represores de la última dictadura no es un buen antecedente, pese a que los legisladores están, por ahora, indemnes.

El gobierno le confirmó a este diario, a través de un pedido de acceso a la información, que hubo dos visitas de carácter “institucional” de diputados a los represores que están presos: una fue el 15 de marzo a la Unidad 34 de Campo de Mayo; la otra –la de la foto– el 11 de julio al Complejo VII de Ezeiza. A esos dos cónclaves se suma el de funcionarios del Ministerio de Defensa, que estuvieron el 7 de marzo en la guarnición militar.

Beltrán Benedit estuvo tanto en Ezeiza como en Campo de Mayo. En un descargo que presentó ante la Cámara de Diputados, Benedit dijo que las visitas habían sido en respuesta al reclamo de familiares de los represores presos. Desde enero, vienen publicándose notas que les reclaman a Milei y Villarruel que se olvidaron de sus promesas de campaña.

En defensa de Astiz

Una de las firmantes frecuentes de esas cartas es Lucrecia Astiz, hermana de Alfredo Astiz, el exmarino que tiene dos condenas a prisión perpetua por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esta semana, la mujer reincidió en el género epistolar para defender a su hermano.

Lucrecia Astiz no se refiere esta vez directamente al gobierno sino a la “sociedad en general” ante lo que considera el abandono. “No le importa que los que lucharon para que se pudiera vivir en paz estén presos institucionalmente”, escribió en una nota enviada al diario La Nación.

Según su hermana, el único pecado de Astiz fue haber sido enviado por sus superiores a Europa para hacer trabajo de inteligencia –léase, infiltrarse– entre los que ella llama “terroristas” que estaban preparándose para volver. Olvida señalar que su hermano también se infiltró en el movimiento de derechos humanos: señaló a tres Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y otros siete militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz que terminaron en la ESMA y después arrojados vivos al mar. “Tanto ellos como Madres crearon un ícono para vengarse, ese ícono fue mi hermano”, escribió.

La carta de Lucrecia Astiz tuvo escasa circulación: la compartieron desde las redes de Justicia y Concordia –que agrupa a abogados que intervienen como defensores en causas de lesa humanidad, incluidos los letrados que compartían chats con diputados de LLA y el cura Javier Olivera Ravasi– y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), el grupo que lidera Cecilia Pando.

Desde AFyAPPA calificaron la carta de Lucrecia Astiz como “excelente”. Cuando se cumplió un mes de que estalló el escándalo por la visita a los genocidas, Pando hizo circular un video en el que atacaba directamente a Lourdes Arrieta –la diputada que se arrepintió por la ida a Ezeiza, reveló chats que daban cuenta de un plan de impunidad en marcha y denunció ante la justicia federal a algunos de sus compañeros de bancada. Pando le recriminó que hubiera ido a una sesión con el Nunca Más bajo el brazo y se preguntó por qué no había llevado Los otros muertos, el libro escrito por Carlos Manfroni –jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad– y “su” vicepresidenta, Villarruel.