"En Jujuy se viola sistemáticamente la consulta previa, la libre determinación y el derecho al territorio", acusó Néstor Jeréz ante distintos referentes mundiales institucionales y de comunidades originarias congregados en Ginebra (Suiza) durante un nuevo período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. 

La autoridad del Pueblo Ocloya repasó las medidas legislativas y administrativas inconsultas, tomadas unilateralmente por los Estados nacional y provincial entre 2023 y 2024, a las que calificó como "altamente discriminatorias" hacia los pueblos indígenas que habitan en el territorio jujeño: el proceso de la reforma de la Constitución de Jujuy, del 20 de junio de 2023; el DNU 70, de diciembre del mismo año, y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, del 8 julio de 2024, que incluyó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que los afecta directamente por las empresas mineras que ya extraen litio y otros minerales estratégicos de la transición energética.

"Denunciamos el inclumplimiento del artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", destacó el comunero en su intervención, el 26 de septiembre. Esta Declaración fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el la adoptó ese mismo año. El artículo 19 estableció la obligación de los Estados de realizar "de buena fe" consultas a los colectivos originarios "por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten". El documento refiere a pasos previos a cumplimentar antes de que las comunidades decidan si otorgarán o no el consentimiento libre, previo e informado previsto en el Convenio 169 de la OIT.

Néstor Jeréz viajó a Ginebra, una de las sedes de la ONU y donde delibera regularmente el Consejo de Derechos Humanos, junto con Beatriz Gutiérrez, comunera de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en la Puna jujeña. Referente y referenta fueron invitados a participar durante el período ordinario de sesiones número 57 de ese Consejo, por el Centro de Recursos Legales Indígenas o Indian Law Resource Center, su denominación en inglés. La ong tiene base en Estados Unidos y desde 1978 asesora a comunidades originarias en todo el mundo sobre distintos conflictos.

En diálogo con Salta/12, Jeréz destacó que durante los días previos a la reunión del Consejo mantuvieron reuniones con distintos relatores. "Vinimos a contar lo que nos pasa en la provincia de Jujuy, con toda la documentación probatoria que se generó por medio del decreto 435", dijo. Este decreto fue firmado por Alberto Férnandez tras las reuniones que como presidente mantuvo en Buenos Aires con representantes del Tercer Malón de la Paz que viajaron hasta la capital nacional en 2023. Por medio de este DNU, una comisión recibió y sistematizó en un documento -publicado en diciembre de 2023- todas las denuncias por hechos de violencia institucional ocurridos ese año en Jujuy.

Jeréz (izquierda) y Gutiérrez (pullover rojo), con relatores y miembros del Indian Lwa Recource Center (Imagen: gentileza Prensa del ILRC). 

"En la reforma de la Constitución jujeña, la provincia se apropió del agua, de los recursos naturales, de la biodiversidad y la genética", recordó Jeréz al profundizar sobre el proceso que la ciudadanía y las comunidades jujeñas atraviesan desde el año pasado. "Luego, el DNU 70 avanzó con la extranjerización de las tierras, y en el RIGI el Estado generó inmunidad para que las multinacionales ingresen a los territorios indígenas y las despojen de todos sus recursos, como minerales", destacó. "Es el caso de las denuncias y la lucha de las comunidades kollas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc con la extracción de litio", remarcó luego. 

"Por ese y otros motivos, realizamos gestiones para que los relatores de la ONU en distintas temáticas viajen a Jujuy. Queremos que conozcan de primera mano las realidades que atravesamos", adelantó el cacique ocloya. Sin embargo, advirtió que, como son los Estados quienes deben formalizar las visitas de funcionarios de la ONU, probablemente les lleve más tiempo lograr que que los funcionarios de ONU realicen estosa relevamientos. 

Jeréz recordó que el gobierno jujeño firmó en mayo pasado -sin informarlos o consultarlos debidamente- un acuerdo con la empresa israelí Mekorot para elaborar un plan maestro de recursos hídricos en esa provincia. La empresa es cuestionada por su trato hacia la comunidad palestina en Oriente Medio, y quienes promueven la campaña "Fuera Mekorot" sospechan que sus planes en varias provincias donde ya firmó convenios incluyen la modificación de la legislación para favorecer la mercantilización y privatización del agua. El cacique subrayó que actualmente ni el Estado nacional ni el provincial mantienen relaciones cordiales con las comunidades de la provincia que cuestionan el modelo extractivista y discriminatorio hacia el colectivo.

"Hablamos con los relatores porque las mineras nos están invadiendo, abusan y no cumplen con la consulta", sintetizó por su parte Beatriz Gutiérrez en un breve diálogo con este diario horas antes de tomar su vuelo de regreso a la Argentina. "Queremos que los relatores generen recomendaciones a los Estados", dijo. Recordó que en informaron a funcionarios de la ONU que las comunidades del humedal jujeño generaron entre 2014 y 2015 un protocolo de consulta -en base al Convenio 169- al que denominaron Kachi Yupi. "Les contamos que el gobernador de ese momento (Gerardo Morales) nunca lo aplicó y las mineras tampoco, porque no les conviene", marcó la comunera. 

"Nosotros contamos el caso de la comunidad de Lipán, que le dieron el permiso a una minera, pasando por alto a la comunidad del Angosto del Moreno. Eso fue un abuso de las empresas que ya están sacando agua del territorio", agregó Gutiérrez. Se referió así al caso de una minera transnacional que actualmente opera en fase de exploración sobre el área de Mina Agonic en el sur de Salinas Grandes. Las comunidades de la cuenca denunciaron que esa empresa obtuvo su licencia social sin cumplir con el protocolo de consulta, sea el Kachi Yupi o el ratificado por la Argentina en 1992. "Ahora las empresas mineras están dividiendo a otras comunidades de la Cuenca, como Rinconadillas", advirtió. "En Cochagasta -que ella integra- resistimos, pero en otras compran autoridades, les ofrecen casas", denunció. "Por eso viajamos a Ginebra y a la ONU, para denunciar esos abusos, porque son muchas y por toda la Puna".

"Las comunidades actuales en Jujuy no son las mismas que hace años atrás cuando el proceso organizativo indígena estaba en proceso", analizó Leonardo Crippa, jujeño y miembro de la comunidad kolla que actualmente integra el equipo del Centro de Recursos Legales Indígenas. "Han aprendido a ejercer sus derechos, a tomar decisiones en asambleas y explicar sus reclamos o necesidades", apuntó el abogado en diálogo con Salta/12.

Acerca de la transición energética en proceso sobre la puna y altiplano del norte argentino, Crippa consideró que si bien a simple vista puede parecer una buena idea, "quienes la promueven ignoran los efectos que esas políticas globales tienen sobre los pueblos indígenas". 

"Estamos en un contexto global donde existen tratados, derechos, políticas, que son vinculantes para el gobierno, las empresas y el mundo financiero", acotó. "Nosotros estamos en condiciones de cuestionar fuertemente las acciones del gobierno jujeño, porque debe actuar según las reglas del juego de la comunidad internacional que integra". Y en ese sentido insistió que la ong de la que es parte tiene experiencia y está en condiciones de actuar "si las comunidades así lo deciden".