Las políticas de vaciamiento a la educación llevadas adelante por el Gobierno de Javier Milei generaron una respuesta contundente en el ámbito universitario. Estudiantes, docentes y gremios convocaron para este miércoles 2 de octubre desde las 17 a la segunda Marcha Federal Universitaria del año. La convocatoria central será frente al Congreso de la Nación, pero habrá movilizaciones en todo el país.
Este evento, que busca visibilizar el rechazo a las medidas que amenazan la educación pública, intenta demostrar el descontento general imperante ante la falta de presupuesto para la educación pública.
Se espera que miles de personas se unan en defensa de los derechos educativos y la autonomía universitaria. Las consignas incluyen el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, pilares esenciales para garantizar el acceso a la educación de calidad en el país.
Las agrupaciones universitarias y gremios docentes sostienen que la falta de presupuesto en las universidades públicas está afectando gravemente tanto el nivel académico como el acceso equitativo. "La educación pública es un derecho, no un privilegio", es una de las frases que más resuena en las convocatorias.
Las claves de la Ley de Financiamiento Universitario
La ley de Financiamiento a Universidades Nacionales --proyecto presentado por la Unión Cívica Radical-- fue aprobado por el Congreso el pasado 13 de septiembre. La norma propone que, para los gastos de funcionamiento, se introduzca un mecanismo de actualización bimestral, basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 50 por ciento, la variación del tipo de cambio, del 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos, también del 25 por ciento.
Por otro lado, plantea la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior con nuevos criterios para la distribución presupuestaria, control de gastos, y demás.
Y por último, en el marco de la emergencia universitaria, el proyecto de Ley del radicalismo autoriza al Gobierno a realizar la actualización de las partidas presupuestarias de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023.
La Casa Rosada tiene plazo hasta el 3 de octubre para publicar el veto en el Boletín Oficial, fecha en la que se cumplirán diez días hábiles desde que la norma fue enviada del Senado a la Secretaría Legal y Técnica. Tanto los funcionarios como el Presidente han anticipado que se opondrán a la ley, lo que obligará al Congreso a ratificar la decisión.
