El sector audiovisual en nuestro país es relevante tanto por sus implicancias culturales y simbólicas como por su impacto en la actividad económica y el empleo. Sin embargo, funciona bajo un marco normativo que no refleja las mutaciones tecnológicas y del mercado durante la última década.
Es por esto que las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Cultura de Diputados comenzaron a debatir el tema. En particular existen dos proyectos con vigencia parlamentaria:1) Ley de Comunicación Audiovisual en Plataformas Digitales, impulsada, entre otros, por el diputado Pablo Carro (UxP) y 2) el proyecto del Espacio Audiovisual Nacional (EAN) denominado Ley Federal para la Producción y la Industria Audiovisual. Referentes de la academia, y un amplio abanico de representantes de trabajadores y empresas del sector presentaron diagnósticos que dan cuenta del estado crítico de la actividad en cine y televisión y la necesidad de un reencuadre regulatorio en tiempos de plataformas de streaming.
Con los actores tradicionales del audiovisual en crisis desde hace años y la retirada progresiva del Estado, la producción audiovisual argentina es cada vez más un asunto de las plataformas, por lo que la actividad audiovisual local queda cautiva de las demandas, ciclos productivos y modelos de negocio de estas empresas, generalmente estadunidenses. Según datos del Sindicato de Televisión (SATSAID), la cantidad de rodajes de series para plataformas pasó de 18 a cinco entre 2021 y 2023, mientras que para el primer semestre de 2025 hay apenas dos rodajes para plataformas confirmados. Por el lado del cine, el panorama no es más alentador. Según cifras del Sindicato de la Industria Cinematográfica (SICA APMA) en 2023 se estrenaron 146 largometrajes, mientras que este año se proyecta alcanzar apenas 40 estrenos.
A lo anterior se suma la concentración de las productoras locales que prestan servicios de producción a las plataformas. De un total de 48 series realizadas por productoras independientes argentinas por encargo de plataformas globales entre 2017 y 2023, el 50% estuvo a cargo de apenas cuatro empresas (Pampa Films, Kapow S.A., Underground S.A. y K&S Films). La actividad,disminuida y espasmódica, dependiente de las necesidades de empresas globales y altamente concentrada, subsume y precariza aún más a los trabajadores del sector.
Según dijeron al diario La Nación algunos directivos de las principales plataformas, producir en Argentina es “barato pero complicado”, por lo que en muchos casos deciden además mudar en todo o en parte los rodajes a otros destinos, en particular Uruguay. De este modo, aprovechan no solo programas de incentivos fiscales y la devolución parcial de inversiones, sino además la posibilidad de eludir las regulaciones laborales argentinas. “Se llevan la materia prima (actrices, actores, técnicos) para luego vendernos el producto terminado”, afirma en un comunicado la Asociación Argentina de Actores y Actrices con relación a la serie Margarita (Max) también grabada, como tantas otras, en Uruguay.
Según datos de la consultora Omdia para 2023, el conjunto de las plataformas globales de streaming de video invirtió al menos 2 mil millones de dólares en producción de contenido original en América Latina; Netflix explica el 30% de esa inversión. Excepto en los países donde tienen obligaciones de cumplir un piso mínimo de producción local, en el resto del mundo la estrategia apunta a hacerse de la mayor cuota de mercado posible (catch itall). Para esto procuran que sus catálogos sean atractivos tanto para quienes buscan un policial nórdico oun poco de nostalgia en la biopic de un ídolo popular. El morbo histórico y hasta las grandes tragedias nacionales también son recursos útiles que las plataformas aspiran y devuelven como bienes culturales portátiles y estandarizados, con altas probabilidades de ser distribuidos y aceptados en otros mercados internacionales
En 2023 salieron del país 600 millones de dólares en concepto de importaciones de servicios audiovisuales digitales (pago de suscripciones a plataformas), según datos que presentó en el congreso Leandro González de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Esa salida de divisas permite a los suscriptores acceder a catálogos donde se encuentran en abrumadora mayoría productos audiovisuales de Estados Unidos y otros países, incluyendo algunos de Argentina.
Pese a ser minoritarios en cantidad, los títulos argentinos generan interés entre los usuarios de esos servicios. Según cifras de consumo publicadas por Netflix, la semana del 16 al 22 de septiembre los dos títulos más vistos desde Argentina en esa plataforma fueron producciones argentinas: Envidiosa (Kapow para Netflix) y Ángel Di María: Romper la pared (PEGSA para Netflix).
Las plataformas obtienen aquí todos los recursos que necesitan para producir (historias, autores, actores, directores, técnicos), se vinculan de un modo profundamente asimétrico con un puñado de productoras locales, trasladan los rodajes a sitios con regulaciones laborales menos “complicadas” y nos devuelven productos audiovisuales bajo el sello “Hecho en Argentina” por los que entregamos dólares y derechos a perpetuidad. Es posible leer esta transferencia de recursos como parte de un modelo extractivo que reproduce desigualdades estructurales entre actores ubicados en el Norte y el Sur global.
A casi quince años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ante una industria en crisis, es relevante la discusión sobre la actualización regulatoria de estos servicios tanto para recuperar la competitividad y potencia productiva, como para tutelar la diversidad cultural. Mientras tanto, la intermitente y volátil prestación de servicios de producción a plataformas globales que aplican prácticas predatorias sobre nuestros recursos no parece ser una relación comercial razonable orientada al desarrollo integral del sector audiovisual argentino.
* Becario posdoctoral del CONICET. Investigador en el Centro ICEP (UNQ) y del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (Obitel).
