La situación del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Alejandro Parisi, parece complicarse cada día un poco más. El Jurado de Enjuiciamiento resolvió este lunes por unanimidad hacer lugar a un pedido de allanamiento de la inmunidad constitucional de este magistrado y lo suspendió en el ejercicio de sus funciones.

De esta manera el Jurado aceptó un pedido realizado el viernes último por el juez de Garantías 1 de Orán, Raúl López, que investiga a Parisi por el presunto cobro de coimas para beneficiar a personas involucradas en causas penales que tramitaba en su Juzgado. 

Parisi, que viene sumando causas penales en su contra, y sobre quien pesa un pedido de destitución realizado por el procurador general Pedro García Castiella, recibió la novedad cuando se reincorporaba al trabajo tras 15 días de licencia. La suspensión implica que se le retendrá el 30% de sus haberes mientras dure esta situación. 

Al hacer lugar al pedido de allanamiento de la inmunidad del juez y decidir su suspensión, el Jurado de Enjuiciamiento recordó que la ley provincial 7138, de creación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, establece que este trámite "consiste en examinar los antecedentes acompañados y evaluar el asunto, no desde el punto de vista jurídico sino desde la política y ética en salvaguarda del prestigio, autoridad y eficiente funcionamiento de la Justicia”. 

También aclaró que el desafuero "carece de toda relevancia en la ulterior decisión judicial" que recaiga en el proceso penal, dado que "no entraña un prejuzgamiento acerca de su inocencia o culpabilidad ni anticipa juicio alguno sobre el resultado" de esa causa. La medida, siguió aclarando el tribunal, "reviste un evidente e inconfundible carácter político institucional”.

El Poder Judicial informó que la reunión del Jurado fue encabezada por la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, y participaron también el juez de Corte Pablo López Viñals; el senador Jorge Soto, en representación de la mayoría de la Cámara de Senadores; el senador Javier Mónico, por la minoría; el diputado Esteban Amat, por la mayoría de la Cámara de Diputados; el diputado Juan Carlos Roque Posse, por la minoría de esta Cámara; el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, y los abogados Luis Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados por el Senado y y Diputados.

Una trama de irregularidades 

El juez Raúl López pidió el desafuero de Parisi en relación a una causa en la que este último magistrado está imputado por "cohecho pasivo agravado", acusación que comparte con su sobrina, la policía Mariana Cristina Castellanos, mientras que a una tercera acusada, Beatriz Leniz, se le atribuye el cohecho activo, porque habría pagado a la policía y al juez para recibir beneficios en una causa en su contra por venta de estupefacientes. 

La investigación determinó que Castellanos hacía de intermediaria entre Leniz y Parisi, para evitar que la causa en su contra, y de otra mujer, llegara a la etapa del juicio oral y para que ambas mantuvieran el arresto domiciliario.

Por irregularidades detectadas en otros trámites judiciales, la situación de Claudio Parisi está estrechamente vinculada a la del ahora ex intendente del pueblo de Aguas Blancas, Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, y a la del abogado Roberto Ortega Serrano. Precisamente, ayer asumió en Aguas Blancas el interventor designado por el gobierno salteño, Adrián Zigarán (ver nota aparte). 

El Ministerio Público Fiscal de Salta acusa a estos tres hombres por interferencias en una investigación penal. El 23 de septiembre la Unidad Fiscal integrada por las fiscalas Mariana Torres y Alda Daniela Murúa y el fiscal Carlos Salinas pidió la detención de Parisi, del entonces intendente Martínez y de Ortega Serrano.

En este caso la Unidad Fiscal responsabiliza a Parisi de haber dado acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y haberle avisado al intendente que la fiscalía iba a allanar sus domicilios. La acusación formal es por "violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional". 

El pedido de detención fue elevado también ante el juez Raúl López. Además, la Unidad Fiscal también pidió a la Corte de Justicia que autorice allanar propiedades de Parisi. Los acontecimientos se precipitaron al día siguiente nomás: Martínez y Ortega Serrano fueron detenidos por orden de López, y la casa de Parisi fue allanada, con autorización del máximo tribunal provincial. 

Sin embargo, pedido de detención de Parisi quedó en suspenso, porque tenía inmunidad, que ahora perdió, es decir, que si el juez que lo investiga lo decide, puede ser detenido. 

Además, Parisi está imputado en otra causa vinculada al millonario robo a la empresa Abra del Sol, en la cual también se encuentra procesado el sicario Cristian Gabriel "Gringo" Palavecino, y en la que la fiscalía le atribuye haber recibido un pago para conceder el arresto domiciliario al imputado José Dimas "Oso" Ruiz.

Esta trama es parte de las acciones del crimen organizado que viene denunciando el procurador general Pedro García Castiella, que advierte también sobre la pretención de estas organizaciones criminales de cooptar espacios del Estado. Que Dimas Ruiz haya sido funcionario municipal y candidato a intendente y que Martínez, con antecedentes por narcotráfico, haya ganado una intendencia, parecen darle la razón. Igual que las causas que muestran la penetración de la delincuencia en integrantes de la Policía, y el antecedente del ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, muy parecido al de Parisi. 

Precisamente, ayer el procurador general se reunió con autoridades de Gendarmería Nacional, encabezadas por el comandante general Luis María Cané, en el marco de una capacitación sobre “Delitos Económicos, Tecnológicos, Trata de Personas y Análisis Criminal” que se está llevando a cabo en la Ciudad Judicial de Salta y del que participan más de 120 integrantes de Gendarmería de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán.

De la reunión con García Castiella participaron también el comandante Germán Balmaceda; el jefe de la Agrupación VII Salta, Ramón Pereyra, y el jefe del Departamento Investigaciones Salta de la Policía Federal, el comisario inspector Juan Otero.

El Ministerio Público Fiscal informó que en el encuentro "se compartieron experiencias recientes sobre diversos aspectos de la criminalidad organizada y la situación de la región, y la necesidad de un trabajo de cooperación y articulación conjunto de las jurisdicciones y análisis de fenómenos delictivos como pilares fundamentales de la lucha contra la delincuencia organizada, con especial énfasis en el narcotráfico, los mercados ilegales, la ciberdelincuencia".