Un tribunal de Perú condenó a 18 años de prisión a un exjefe militar por la desaparición forzada y asesinato de más de 60 civiles, entre ellos un periodista. Los crímenes ocurrieron hace 40 años en el marco de acciones contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

La jueza Miluska Cano de la Cuarta Sala Penal resolvió "condenar a 18 años de pena privativa de la libertad a Alberto Rivero Valdeavellano por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca y otros". También lo halló culpable de ser "autor mediato de homicidio calificado contra un grupo de personas", según la sentencia leída en audiencia pública transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial.

El condenado es un capitán de fragata retirado, quien no acudió a la lectura de sentencia. En el proceso alegó ser inocente.

Por el mismo caso, otro militar, el teniente retirado Augusto Gabilondo García del Barco, fue declarado reo contumaz y se ordenó su captura internacional tras desestimarse su pedido para acogerse a una reciente ley que declaró prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En 2022, había sido detenido en Málaga, España, pero quedó en libertad provisional a la espera de su extradición.

Ambos fueron acusados por el asesinato de 17 evangélicos, la desaparición de 50 personas halladas en fosas comunes y la detención y desaparición del periodista Jaime Ayala. Todos los crímenes ocurrieron en 1984 en la provincia de Huanta, en la región de Ayacucho, sureste de Perú, durante los años más intensos de la guerra contra Sendero Luminoso. La jueza Cano consideró los delitos como de lesa humanidad.

Según la sentencia, el Estado peruano debe ofrecer disculpas públicas por la "equivocación grave de considerar injustamente elementos terroristas a humildes campesinos".

Una de las víctimas, Jaime Ayala Sulca, periodista de radio y del diario La República en Huanta, desapareció en agosto de 1984 cuando acudió a dependencias militares a denunciar malos tratos recibidos por su madre el día anterior.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política que dejó unas 70.000 víctimas de 1980 a 2000.