La mesa de organismos de derechos humanos se solidarizó con la periodista de Página/12 Luciana Bertoia, que recibió un mensaje intimidatorio de los genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, y reclamó que el gobierno explique por qué los represores tienen acceso a redes sociales.
Los criminales de lesa humanidad tienen desde julio una cuenta de X (exTwitter) en la que se hacen llamar “Muertos Vivos”. Desde allí, el lunes publicaron una carta a Luciana Bertoia en la que la “invitaban” a un debate “desapasionado” dentro de la guarnición militar en la que funcionaron más de cuatro centros clandestinos.
“Esta publicación, que intentan camuflar como invitación, resulta una amenaza abierta a la periodista especialista en temas de derechos humanos, defensora de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; profundamente comprometida en investigar y denunciar el pacto de impunidad que se está gestando entre el gobierno de La Libertad Avanza y los genocidas. Amenaza que se hace pública dos días después que el Presidente de la Nación insultara a periodistas en su acto de Parque Lezama. Como advirtió el Papa Francisco, la violencia física siempre está precedida de la violencia verbal”, escribieron desde la mesa de organismos de derechos humanos e hicieron responsables al Presidente y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante cualquier hecho de violencia.
“Asimismo, denunciamos la irregularidad y gravedad que implica que condenados por delitos de lesa humanidad hagan uso de las redes sociales, y exigimos una explicación desde los Órganos del Estado correspondientes, sobre por qué y cómo acceden a los dispositivos desde donde hacen las publicaciones. Por último, sepan aquellos que añoran la impunidad de los Centros Clandestinos de Detención, que este gobierno oscurantista, negacionista y reivindicador del Terrorismo de Estado va a terminar. ¡Reafirmamos que el único lugar para un genocida es la cárcel común!”, concluyeron.
La declaración fue firmada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Histórica y Social de la Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también calificaron el mensaje como una intimidación. “Nos solidarizamos con Luciana Bertoia frente a la amenaza de los criminales de lesa humanidad Conocemos desde hace años, el trabajo profesional, honesto y comprometido de Luciana, su dedicación en la investigación y cobertura de los juicios de lesa humanidad”, escribieron desde el organismo que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires también se solidarizó con la periodista de Página/12 ante la provocación de los genocidas. “Toda nuestra solidaridad con la compañera Luciana Bertoia, periodista de gran profesionalismo y valentía. No habrá intimidaciones ni amedrentamientos que puedan callar su voz. Memoria, Verdad y Justicia, siempre”, escribió Matías Moreno, subsecretario bonaerense en su cuenta de X.
“Nos solidarizamos con la periodista Luciana Bertoia, quien con enorme compromiso y responsabilidad aborda la agenda de los Derechos Humanos y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Repudiamos las amenazas de los genocidas y la falta de respuesta del gobierno nacional”, sostuvieron desde H.I.J.O.S La Plata.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) expresó su solidaridad con la periodista de Página/12 y exigió el cese de los privilegios a los genocidas. "Esta intimidación es posible gracias a los privilegios y es habilitada por el discurso negacionista y reivindicatorio de la dictadura que viene llevando adelante el gobierno nacional. Discursos, visita de los seis diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros detenidos en el penal de Ezeiza son acciones que se suman a la intención de poner como víctimas a los genocidas y sacarlos de la condición de victimarios probadas en centenas de sentencias judiciales a lo largo y ancho del país, con el fin de lograr su libertad", expresaron desde el organismo que nuclea a sobrevivientes de distintos centros clandestinos.
Desde el Congreso se expresaron, entre otros, las diputadas de Unión por la Patria (UxP) Cecilia Moreau, Paula Penacca y Carolina Gaillard al igual que la diputada Vanina Biasi (FIT). También repudiaron el episodio las senadoras Juliana Di Tullio y Nora del Valle Giménez (UxP). “Mi solidaridad para con ella, que se caracterizó siempre por su compromiso con los Derechos Humanos. No podemos tolerar este tipo de amedrentamientos que pretendan callar nuestra voz”, tuiteó Giménez. El exjefe de gabinete Agustín Rossi también expresó todo su apoyo.
Hubo, además, declaraciones de solidaridad desde la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield --que resaltó que el mensaje de los genocidas va en línea con el discurso reivindicador del terrorismo de Estado que emana desde el Presidente y la Vicepresidenta--, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Comisión de Derechos Humanos de Trenque Lauquén, entre otras.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) repudió, en línea con organizaciones locales, los actos intimidatorios y dijo que se mantiene en alerta ante el aumento de la violencia contra los trabajadores de prensa en el país.
