La provincia de Santa Fe registró 27 femicidios en lo que va del año. Los datos corresponden al observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de la organización feminista Mumalá, que en todo el país registró 170 casos, entre enero y septiembre. Esos datos nacionales dan cuenta de un caso cada 39 horas; mientras que el mismo período, hubo un intento de femicidio cada 16 horas. En Santa Fe, fueron 9 los hechos que quedaron en tentativa. Desde la organización, apuntaron a la necesidad de políticas públicas que garanticen derechos, tanto en el ámbito del gobierno nacional como en el provincial, y cuestionaron que en ambos níveles hay "menos herramientas para el fortalecimiento de las mujeres y diversidades en situación de violencia de género".

Las cifras de la provincia indican que se registraron 10 femicidios íntimos (1 vinculado de mujer y 1 vinculado de varón); 6 crímenes de mujeres en contextos de economías delictivas; 2 suicidios femicidas; una muerte que se dio en un contexto de robo; y 8 casos que permanecen en investigación. En el mismo período, hubo 9 intentos de femicidios en el territorio provincial.

Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá, señaló que en la provincia, hay casos registrados por odio de género, pero también se viene dando la situación de casos vinculados a las economías delictivas. "Ese dato, en este año en particular fue bajando, habrá que ver si permanece estable en el tiempo, pero sí hubo situaciones en distintas localidades de la provincia, algunas más cercanas al departamento La Capital, que nos están dando un número de 27 asesinatos de mujeres, donde tenemos femicidios y casos en investigación, por lo que venimos haciendo un seguimiento de si surgen datos que permitan orientar a si hubo odio de género o están vinculados a otros contextos o situaciones".

En ese sentido, desde la organización cuestionaron que las decisiones del gobierno nacional de "recortar, desabastecer y desmantelar programas e instituciones de prevención y asistencia, son una clara muestra de su negacionismo de la violencia de género". Y también apuntaron a la provincia. "En ambos niveles, hay menos equipos para trabajar, menos penetración territorial, lentitud. En el caso nacional directamente eliminaron o achicaron al mínimo los programas; y en el caso de Santa Fe no se crearon o restituyeron programas que eran importantes", lamentó Sosa.

La situación genera un estado de "alerta porque, no se van a traducir de manera inmediata las consecuencias, pero se está viendo en el orden nacional un aliento a las violencias. Se promueven desde el gobierno de Milei los discursos de odio. Hay un claro y permanente ataque a las mujeres, más aún si sostienen ejes vinculados a los feminismos. Eso va a ir sembrando prácticas que fuimos de alguna manera tratando de modificar", sostuvo. "Y en el orden provincial, no se dan ese tipo de manifestaciones y hubo algún mejoramiento en alguna cuestión de fortalecimiento de las organizaciones, pero estamos en una serie de definiciones que afectan la vida de las mujeres, como la reforma jubilatoria en la provincia que nos va a impactar, si pensamos por ejemplo en el sector docente y otros. Entonces, no están los discursos del gobierno nacional, pero tampoco hay una inversión seria que vaya al territorio, se achicó la planta de trabajadoras y trabajadoras, como sabemos, por lo que también vamos a tener complicaciones", señaló.

El informe de este mes, también se refirió a los datos de la pobreza. "La feminización de la pobreza multiplica los obstáculos para acceder a una vida libre de violencias", aseguran. Sosa recordó que días atrás, se dieron a conocer datos del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) sobre cómo se modificaron las prácticas de consumo en de las mujeres y disidencias a cargo de sus hogares. "Hay un gran impacto en la vida cotidiana, al punto de dejar de consumir carnes, verduras, elementos de absoluta necesidad para una salud integral". Además, planteó: "Cuando hablamos de la seguridad de las mujeres y el espacio público y en esos contextos aumenta el colectivo, nos obliga a andar caminando si no tenemos para pagarlo, y claramente son impactos en los que se van precarizando nuestras vidas".