Ocho penitenciarios provinciales fueron imputados por varios hechos de torturas a los que fueron sometidos presos de distintos pabellones en el marco de una requisa que practicaron luego de la balacera de dos colectivos de la fuerza a la que pertenecen fueran baleados en la zona de barrio Rucci. Como respuesta al ataque, que sucedió luego de la quita de algunos beneficios a presos de alto perfil,  los presos fueron sometidos a diversos tipos de apremios y torturas, como submarino seco y golpes varios, cuyas secuelas fueran constatadas por médicos forenses. Los acusados fueron imputados en libertad, pero se desconocen los detalles ya que la audiencia no fue pública ni existe parte oficial sobre el hecho, y un excesivo celo oficial para brindar información, a pesar de que los encartados son funcionarios públicos en uso de su rol. 

El 19 de marzo Rosario/12 publicó con la firma de Sonia Tessa donde se hacia mención a  "dos denuncias por torturas en la cárcel de Piñero -14 kilómetros al sudoeste de Rosario- fueron presentadas por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) de Santa Fe, con fechas del 7 y el 14 de marzo pasado. Picana, submarino seco, golpes en diferentes partes del cuerpo, también a un interno con dos vértebras previamente fracturadas, fueron algunos de los tormentos de efectivos del Servicio Penitenciario sobre detenidos. El 20 y 27 de febrero fueron las requisas con extrema violencia en el pabellón 23. En tanto, el 2 de marzo -después de un ataque en la Circunvalación de Rosario a un colectivo que llevaban efectivos del Servicio Penitenciario- se produjeron los tormentos a quienes estaban en los pabellones 7 y 8".

Estos internos ya estaban "engomados" desde antes, y tras las torturas, permanecieron varios días más aislados, sin atención médica para las heridas, que derivaron en infecciones. Esto es encerrados en sus celdas individuales en las que, por la sobrepoblación carcelaria, llega a haber hasta tres personas. Recién el 11 de marzo pudieron ser entrevistados por los representantes de la defensa pública, y manifestaron que todos sufrieron las vejaciones, aunque algunos se abstuvieron de relatarlo, por temor a represalias.

Según la información de aquel momento, el sábado 2 de marzo dos micros que trasladaban personal penitenciario fueron baleados en la zona de Circunvalación y puente Palliere, a la altura de barrio Rucci. Unas horas antes, en la cárcel de Piñero hubo requisas en pabellones de alto perfil, de donde habían retiraron todos los elementos que los diferenciaba del resto de los internos, como televisores u hornos.

Tras el ataque, se llevaron adelante otras diez requisas. Según las denuncias, fueron sumamente violentas y hasta el jueves siguiente nadie pudo entrar a la unidad penitenciaria ni tener contacto con los internos. Trascendió de boca de los propios reclusos que los hicieron arrodillar, los esposaron, los arrastraron hasta el patio y los llevaron de a dos a cada celda, donde fueron sometidos a diversos tipos de tortura e incluso si se desmayaban los despertaban a patadas. Buscaban saber quién había ordenado la balacera a los colectivos, contaron.

Casi siete meses después del hecho la fiscal Karina Bartocci citó a ocho penitenciarios a su despacho, donde fueron imputados. La medida se hizo en libertad, o sea sin riesgo de terminar tras las rejas, y en absoluta reserva al punto de que no trascendieron detalles de la imputación ni las identidades de los uniformados acusados.

Desde Fiscalía dijeron: “Estamos manejando con reserva por cuestiones de seguridad” de los uniformados acusados bajo la figura penal de apremios ilegales, y confirmaron que las imputaciones fueron en el marco de las requisas que tuvieron lugar en la cárcel de Piñero aquel 2 de marzo.