El tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán y otros campos de concentración de esa provincia culminó el lunes con condenas para 17 de los 24 militares y policías retirados que llegaron acusados al debate. A pesar de las siete absoluciones, representantes de la Fiscalía y las querellas coincidieron en el que el veredicto fue “positivo”.

“En tiempos de visitas a los Astiz, tener nueve condenas a prisión perpetua y el resto de las condenas casi tal cual lo pidió la Fiscalía en alegatos es un muy buen resultado para nosotros”, comentó Carolina Frangoulis, militante de H.I.J.O.S. Tucumán, quien destacó, además de las características de veredicto definido por la jueza Noel Costas y los jueces Enrique Lilljedahl y Federico Bothamlecto, el hecho de que “ayer (por el lunes) la sala llena y las fotos de los compañeros levantadas en alto por sus familiares, sobrevivientes, organismos y jóvenes también fue un hecho de Justicia”.

La Fiscalía también quedó conforme con el fallo. “En general, la sentencia es positiva. Se probó la parte principal del juicio que tenía que ver con la existencia de delitos de lesa humanidad en dos centros clandestinos principales, en «Jefatura» y «Nueva Baviera»”, apuntó en primer término el fiscal Pablo Camuña, que también destacó el tratamiento que dio el tribunal al derecho a la verdad, al que admitió para aquellas víctimas que fueron violentadas por represores que por cuestiones de salud o fallecimiento quedaron fuera de debate –de los 30 acusados que integraron la elevación a juicio, 27 llegaron en condiciones al inicio de proceso oral y público, en mayo de 2023, y 24 llegaron al final–. “Es la primera vez que un tribunal tucumano habla sobre esto y lo hizo de manera positiva, es decir, dictó una sentencia sobre la existencia de los hechos a pesar de que no había ninguna persona imputada por ellos”, puntualizó Camuña.

El juicio

Tras un año y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal definió condenas de entre 8 años y prisión perpetua para poco más de la mitad de los acusados que llegaron con vida al cierre del juicio. Las penas más altas las recibieron los militares retirados Ramón Cooke, Camilo Colotti, Mario D’ursi y Augusto Neme, y los policías retirados Mario Senco, Rolando Quintana, Ricardo Sánchez, Hugo Figueroa y Guillermo Ugarte. En tanto, los exintegrantes de esa fuerza Guillermo Abec, Segundo Acosta, Miguel Ángel Nieva, Miguel Ángel Venturino, Juan Luis Villacorta y Pablo Gregorio Zárate fueron condenados a 13 años; a 12 años Ramón Jodar y a 8 Roberto Rivero a 8 años.

El resto de los acusados que llegaron en condiciones al final del juicio – los militares Luis Rolando Ocaranza y José Abba y les policías Juan Carlos Soria, Luis Edgardo Ocaranza, Miguel Ángel Chaile, María Luisa Acosta de Barraza y Olga Aguilar de Porcelo fueron absueltes. Fiscalía y querellas indicaron que tras conocer los fundamentos –que serán difundidos el 26 de noviembre próximo– apelarán estas decisiones.

Del grupo de policías condenados, ocho –Senco, Rivero, Abec, Acosta, Nieva, Venturino, Villacorta y Zárate– fueron enjuiciados por primera vez e integraron la patota que actuó en el centro clandestino que la estructura genocida de la última dictadura instaló en las instalaciones del Ingenio azucarero Nueva Baviera. Con esas condenas, la Justicia consideró probados los crímenes ocurridos allí durante el operativo Independencia y el genocidio de la última dictadura.

Para la Fiscalía, estas condenas a represores que no habían sido juzgados hasta el momento es también un elemento a destacar. “Esperamos que este fallo, estas condenas, traigan algún tipo de alivio a las víctimas y a los familiares y tengan en alguna medida al menos ese efecto reparatorio”, concluyó Camuña. “Esta sentencia declara que hubo una comisión masiva de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado y que en esa marco hubo violencia de género. Todo esto habla de la importancia de que estos juicios se sigan desarrollando, de la prueba producida, de la lucha de los familiares”, consideró la auxiliar fiscal Valentina García Salemi en declaraciones al medio local La Nota, que transmitió el juicio desde su comienzo junto al medio comunitario La retaguardia.

La sentencia también incluyó una mención sobre crímenes sexuales, “actos que constituyen formas de violencia contra la mujer” a los que fueron sometidas “niñas, adolescentes y mujeres víctimas en la presente causa”. La Justicia federal tucumana viene reconociendo delitos sexuales en causas y juicios de lesa humanidad desde 2014.

El TOF dedicó la primera parte de la jornada a habilitar a los acusados a decir sus últimas palabras. El veredicto, que llegó tras 37 audiencias de recolección de prueba, más de 300 testimonios e inspecciones oculares en los diferentes escenarios de los hechos en debate, fue leído por la tarde.

“Jefatura III” fue el décimo quinto juicio de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia de Tucumán. Revisó las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 232 personas y tuvo como base probatoria fundamental los documentos de la Policía tucumana que en junio de 2010 el testigo y sobreviviente Juan Carlos “El perro” Clemente aportó durante su testimonio en el primer tramo de debate oral y público por los crímenes de “Jefatura”: dos biblioratos que Clemente robó a la fuerza policial con listas y listas de detenides desaparecides.