El proyecto de ley que impulsa el oficialismo salteño para que las actualizaciones tarifarias del servicio de agua potable y desagües cloacales y la porción que corresponde a la distribución de la energía eléctrica no superen el índice de precios al consumidor que publica mensualmente el INDEC generó un extenso intercambio en la sesión de ayer. La oposición denunció que se había cambiado el dictamen a último momento. 

También hubo cruces en el tratamiento de un proyecto de declaración para solicitar al Ejecutivo provincial y a legisladores y legisladoras nacionales por Salta que tramiten ante el gobierno nacional la Tarjeta Alimentar para quienes cobran jubilaciones que no cubren la canasta básica alimentaria. Además, legisladores de Orán reclamaron acciones del gobierno nacional para atender el narcotráfico en la frontera, el diputado Gustuvo Orozco aseguró que el blanqueo de capitales provocará que la plata del narcotráfico se invierta en la explotación del litio y la diputada Griselda Galleguillos anticipó que pedirá que se declare persona no grata al influencer Michelo por haber ido a Venezuela a dar su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. 

La diputada Laura Cartuccia (bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) presentó el proyecto de limitación de la actualización tarifaria, que ya venía con media sanción del Senado. Después de más de dos horas y media de discusión, el proyecto se aprobó por mayoría pero volvió a la Cámara de origen porque Diputados le hizo una modificación. 

La iniciativa establece que los aumentos en la tarifa de la provisión de agua en red no podrán superar “en ningún caso" el coeficiente del índice de precios al consumidor del INDEC.

Lo mismo prevé para la energía eléctrica, pero aquí la cosa se vuelve más técnica porque solo comprende a una parte de los aspectos que se cobran en la factura, el VAD (valor agregado de distribución del servicio de energía eléctrica) el componente sobre el que tienen jurisdicción las provincias, ya que todos los otros conceptos están bajo la órbita del gobierno nacional. Cartuccia dijo que el VAD de Edesa, la empresa prestataria del servicio en Salta, representa aproximadamente el 40% de la factura. 

Diputados cambió el artículo segundo, aclarando que este límite en los incrementos no implica que no se siga el procedimiento ya establecido para estos procesos, es decir que la empresa tiene que justificar el pedido de aumento y que debe hacerse la audiencia pública. 

Cartuccia destacó que el proyecto prevé que en el proceso de revisión tarifaria deben garantizarse fundamentalmente el principio de gradualidad y el de real de capacidad de pago de los usuarios. Esto “tiene una base normativa y guarda correspondencia con los principios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” al resolver un amparo colectivo contra las subas, sostuvo. 

Por otro lado, el proyecto ratifica que se podrán seguir cobrando tasas municipales, y cuotas (como las del IPV) con las boletas de la energía eléctrica. Cartuccia contó que 40 intendentes firmaron una carta en la que defendían esta práctica. La Secretaría de Comercio de la Nación prohibió los cobros de esta manera. 

"Demagógico y para la tribuna"

Le salió al cruce Roque Cornejo (del bloque libertario Ahora Patria). Afirmando, como había señalado el conservador Guillermo Durand Cornejo, que el dictamen se había cambiado, y cuestionó al oficialismo provincial que en Buenos Aires se muestre cerca del gobierno nacional y luego tome medidas que contrarían las políticas que impulsa Javier Milei. 

"No hay voluntad de estar en el mismo barco” y para “tratar de sacar al país”, cuesitonó antes de asegurar que este proyecto esconde "la manera mediante la cual los municipios y las provincias puedan recaudar más", incluyendo en las boletas de la luz servicios que la empresa no presta. Este proyecto “contraría y violenta” los derechos de los consumidores, afirmó y anunció el voto contrario de su bloque. 

“Es un proyecto totalmente demagógico y para la tribuna”, cuestionó por su parte José Gauffin (PRO). Esta ley "no tiene sentido" porque la actualización está pactada en el contrato de Edesa con la provincia. “No hay forma de cambiar con una ley un contrato que está firmado entre partes”, advirtió. Y en cuanto al cobro de tasas en la misma factura, recordó que ya se estableció que usuarios y usuarias tienen el derecho de hacer desglosar estos conceptos. 

Recordó que en agosto del año pasado, el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (ENRESP) aprobó la readecuación quinquenal de los costos de distribución de la prestataria. También señaló que en el contrato hay una cláusula de garantía de beneficio a la empresa. El Ente le aprobó un 14,63% de rentabilidad que se cobra sobre el valor de todo el activo afectado al servicio eléctrico, con lo que “es una cifra sideral” y “eso incide en la factura eléctrica”, subrayó. 

También Juan Esteban Romero (Salta Tiene Futuro) y Griselda Galleguillos (Ahora Patria) anticiparon sus votos negativos. Fiel a su estilo confrontativo, esta diputada llegó a comparar con ratas a los legisladores del oficialismo. 

Al cerrar el debate Cartuccia se quejó por los insultos: “Constituyen una falta de respeto a este Cuerpo y voy a pedir que sea la última vez que lo dejemos pasar”. 

Recordó que este proyecto se debatió durante un mes en comisiones, pero ahí "todo el mundo se queda callado, en especial los diputados de la oposición, y después suben a la sesión y dicen cualquier cosa”, cuestionó. 

Después insistió en que con este proyecto se salvaguarda a usuarios y usuarias y a los municipios “de las malas decisiones que ha tomado el gobierno nacional”. 

Tarjeta Alimentar para jubilaciones mínimas 

La discusión se reavivó al tratar un simple proyecto de declaración del diputado Nicolás Taibo (JGSAC) para que la provincia y los legisladores y legisladoras nacionales por Salta tramiten que el gobierno nacional otorgue la Tarjeta Alimentar a jubilados y jubiladas que cobran por debajo de la canasta básica alimentaria. 

"El proyecto tiene que ver con una empatía" con estas personas, "que viven en una permanente angustia". "Creemos que el Ejecutivo nacional tiene que hacer un esfuerzo, y poder dar una respuesta", dijo el legislador. 

Otra vez respondió Roque Cornejo. La mala situación de los jubilados viene de antes. "Es por la fórmula de Alberto Fernández". Ahora descubren que muchos jubilados la están pasando mal. Hoy ejercitan un “cinismo político” de mostrarse preocupados por los jubilados. “La realidad es que la Argentina está como está por veinte años de gobiernos populistas y estatistas”, dijo, entre otras cosas, y reclamó "que alguien de ese signo político en esta Cámara se haga responsable”.

Recogió el guante la médica Gladys Paredes (Más Salta). “La jubilación mínima está por debajo de la líneas de pobreza”, más de 3 millones de jubilados y jubiladas cobran menos de la canasta básica, recordó. 

Es cierto que vienen mal desde hace años, pero había algunas políticas que les compensaban un poco el sueldo, agregó. Por ejemplo, en 2023 el 50% de una jubilación mínima iba para remedios, hoy, “hablemos de la actualidad, hablemos del gobierno del señor Milei”, se aumentaron los medicamentos en un 110 % entre diciembre y febrero, 40% por encima de la inflación, y este concepto demanda el 80% de la jubilación mínima. 

“¿Quiere que hablemos de la pobreza? Hablemos de la pobreza” con los datos de la Universidad Católica Argentina, de la Unicef y la ONU, desafió. 

La UCA dice que aumentó a un 55% la pobreza; la indigencia aumentó de un 9 a un 17%, “evidentemente esto se debe a la inflación, y sobre todo en el rubro alimentario”.

A propósito, la seguridad alimentaria total, abarca al 25% de las personas, al 20% de los hogares, y al 32% de niños, niñas y adolescentes. La inseguridad alimentaria severa afecta al 11% de las personas, al 8% de los hogares, y al 13% de niños, niñas y adolescentes. El gobierno nacional aumentó el subsidio por tres hijos a 99 mil pesos, “¿ustedes se creen que eso alcanza para algo?”.

También están las cifras del INDEC. Unicef habla de cerca de un millón de niños que se van a acostar sin comer. La ONU pidió al gobierno que se adopten medidas para frenar el uso desproporcionado de la fuerza contra las infancias y advirtió sobre la insfuciencia calórica de la dieta de jubilados y niños. En este contexto, este proyecto “es lo mínimo que podemos pedir”, afirmó.