Tras el doble crimen de Ayelén Guantay y su padre Juan Carlos Guantay, el comisario Gustavo Gerardi reveló que el día previo la mujer había llamado al 911 por un conflicto que estaba generando el agresor en su domicilio, pero cuando llegó la policía ya había huido. La abogada Tania Kiriaco, integrante del Instituto Jurídico de Género, consideró que se incumplió la ley 7888 que obliga al personal policial a poner en conocimiento de un Juzgado de Violencia Familiar y de Género para tome medidas efectivas.
Kiriaco dijo a Salta/12 que la ley provincial 7888, en su artículo 6, establece la actuación que deben tener los agentes del Estado al momento de tomar contacto con una víctima y al conocer una situación de violencia de género. Explicó que la policía primero debía dar intervencion al Juzgado de Violencia Familiar y de Género de turno para que evaluara la situación en base al informe policial y tomara medidas, como una consigna y la prohibición de acercamiento al agresor.
"Los policías son agentes del Estado. La función es poner en conocimiento a la autoridad competente, que va a establecer qué medidas tomar al respecto. En este caso, no se sabe si la policía informó al Juzgado de Violencia de Género. La policía tiene la obligacion de comunicar a la autoridad. No sabemos si se hizo ni quien es el juez de violencia de género de turno que debería haber dictado la medida", cuestionó Kiriaco.
Ademas, según la "medición del riesgo", Kiriaco dijo que también se podría haber contemplado la consulta a una fiscalía especializada. Salta/12 consultó al al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial pero no obtuvo información hasta ahora.
"En líneas generales tenían que aplicar la ley, no se aplicó, no se analizó el caso con perspectiva de género", recalcó Kiriaco. La abogada puso énfasis en la importancia de que el personal policial y las autoridades competentes puedan "evaluar estas situaciones de riesgo que corren las mujeres cuando son agredidas y amenazadas, y llegan a la última consecuencia que es la pérdida de la vida".
Señaló también que "debería haber capacitación permanente con perspectiva de género" para toda la policía salteña, que es además obligatoria por la Ley Micaela.
Dijo que este doble crimen se tiene que seguir investigando, hasta que se determine cuál fue el móvil, el medio y si Rodrigo Morales, la pareja de Ayelén, fue el responsable y el único, o si hubo cómplices e intervino más de una persona, entre otras cuestiones que se deben precisar. Mencionó que por ello se debe implementar el protocolo ante muertes violentas de mujeres.
Según se estableció hasta ahora, después de cometer el doble crimen, Morales huyó, al día siguiente fue encontrado sin vida. El informe preliminar determinó que murió por ahorcamiento y se trataría de un suicidio.
En la investigación intervienen la fiscala especializada en femicidios, Mónica Poma, junto al fiscal de la Unidad de Graves Atentados, Gabriel González.
Faltan registros actualizados y unificados
"Lo que nosotros hemos manifestado es que ni la Corte de Justicia de Salta ni el Observatorio de Violencia contra las Mujeres tiene los registros actualizados", advirtió Kiriaco.
La abogada dijo que no hay un registro único de femicidios e indicó que las dificultades que esto genera están dadas "no por una cuestión cuantitativa, sino cualitativa" ya que faltan precisiones sobre el "medio empleado, la edad, si hay niños, niñas y adolescentes huérfanos, qué derecho les asiste a los hijos", entre otros datos que son necesarios para perfeccionar mecanismos de prevención y asistencia.
La letrada señaló que en Salta no hay políticas efectivas de prevención y en caso de femicidios tampoco hay a donde acudir. Mencionó el agravante del cierre a nivel nacional del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el paralelo recorte de políticas públicas.
Aunque en la provincia se sigue sosteniendo la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, y otros organismos, las herramientas siguen siendo insuficientes para prevenir la violencia de género y los femicidios.
Kiriaco también reparó en las 10 muertes violentas o dudosas que informa el registro provincial de la Oficina de Género del Poder Judicial que depende de la Corte de Justicia de Salta, además de los casos consignados como femicidios. La abogada sostuvo que se deben seguir investigando de acuerdo al protocolo.
Femicidios en 2024
Según las coberturas de la sección Salta/12, este diario registró cuatro femicidios en lo que va del año.
La primera víctima fue Laura Díaz, de 64 años, asesinada por su pareja, Miguel Helvecio Moreno, de 72 años, quien la atacó con un arma blanca el 17 de enero en la ciudad de Metán. El femicida fue imputado y está detenido. Ambos tenían 7 hijos e hijas en común.
El segundo crimen de género fue cometido el 27 de junio último en el barrio Juan Manuel de Rosas de la ciudad de Salta. La víctima, Estela Velarde, de 45 años, también era madre. Su pareja, Hugo Guzmán, de 60 años, fue imputado y está detenido.
El 18 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Dalma Salomé Bataches, de 22 años, en la base del puente viejo de acceso al barrio Santa Lucía de la ciudad de Salta. La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios investiga una muerte violenta. Según trascendió, el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, tenía la cara ensangrentada y hematomas en las piernas. La joven había desaparecido en 2017 cuando tenía 15 años y se encontraba en situación de calle. La Oficina de Género del Poder Judicial ubica el caso de Bataches en el registro de muertes violentas o dudosas.
El último femicidio fue cometido el sábado. En este caso hubo dos víctimas, Ayelén Guantay y su padre Juan Carlos Guantay al quedar "en la línea de fuego" del femicida.
Desaparecidas
En 2024 también desaparecieron mujeres y aún no se sabe cuál fue su destino. Kiriaco subrayó la necesidad de que se investiguen también las desapariciones con perspectiva de género.
La joven madre de 33 años de edad Jesica Gutiérrez desde las 23. 45 del 10 de septiembre no dio más señales de vida y su celular está apagado. Se la sigue buscando en La Caldera. Su pareja se suicidó ese fin de semana.
También Viviana Lubik permanece desaparecida desde el 5 de marzo en la ciudad de Salta.
Muertes violentas o dudosas
El Registro de Muertes Violentas o Dudosas de Mujeres de la Oficina de Género del Poder Judicial relevó 10 hasta el momento.
La primera de estas muertes, de carácter dudosa, se registró el 3 de enero. La joven fallecida es Lilibeth Arce, madre de un niño. El abogado de la familia, Holver Martínez, señaló en su momento que “tanto el padre como la madre y la hermana sostienen que los golpes que se observaban en el cuerpo y rostro han sido provocados por su expareja”. Trascendió que la familia materna reclamaba el vínculo con el hijo de la mujer, que había sido interrumpido por el padre, tras el fallecimiento de Arce. En este caso la Oficina de Género no registró intervención del Ministerio Público Fiscal e indica que no hubo actuaciones que dieran lugar a la apertura de una causa judicial.
El 8 de enero una mujer de 68 años murió en la zona sur de la capital salteña, al ser atropellada por el tren interurbano. Se investigaban las circunstancias en que ocurrió el hecho.
La tercera muerte se registró el 15 de enero. Vecinos informaron del descubrimiento de una mujer sin vida en su domicilio, identificada como Juana Barrios, de unos 80 años. Intervino la UFEM, pero no hubo actuaciones que dieran inicio a una causa judicial.
La cuarta muerte fue la de una joven encontrada sin vida cerca de un basural, en la localidad de Embarcación, el 17 de enero. En la investigación intervino el fiscal de Tartagal Rafael José Medina, pero no se inició una causa judicial.
El 28 de enero Nahir Antonella Yuliana Siles, de 20 años, fue encontrada sin vida en una zona deshabitada de barrio Tabacalero en la ciudad de General Güemes. La fiscalía investiga esta muerte, aunque se informó que la autopsia descartó signos de violencia. Un hombre fue detenido e imputado por abandono de persona y facilitación gratuita de estupefacientes, luego se lo dejó en libertad y después volvió a ser detenido por otro delito.
El 29 de enero fue hallada sin vida Jorgelina Aguirre, en la ciudad de Salta. Tenía 18 años y su cuerpo estaba en la cama de la casa de su pareja. No se inició una causa judicial por esta muerte.
El 4 de febrero Paola Mercedes Vega, esposa del juez de Impugnación Marcos Ezequiel Molinati, fue encontrada sin vida en su vivienda, en la ciudad de Salta. La fiscala Poma intervino en la investigación aunque no se inició una causa judicial. El Ministerio Público Fiscal informó que no se encontraron signos evidentes de criminalidad. Sin embargo, organizaciones feministas protestaron ante el cierre de la causa por presunto suicidio, sobre todo porque Molinati ya había sido denunciado antes por violencia de género, por otras dos exparejas, esas causas también se archivaron. El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres cuestionaron en su momento la designación de Molinati primero como fiscal y luego como juez.
El 29 de marzo, un hombre alertó que en una vivienda del barrio Santa Ana I de la ciudad de Salta se encontraba una mujer sin vida. La investigación quedó a cargo de la UFEM. No hubo imputaciones.
El 1 de mayo, en la calle O'Higgins al 930 de la ciudad de Salta una mujer de 43 años cayó desde un edificio, y perdió la vida. La UFEM investiga el hecho, sin imputaciones.
En el décimo lugar, el registro ubica la muerte de Dalma Salomé Bataches.
