El juez Rafael Francisco Caputo, titular del juzgado Penal Económico Nro. 3 declinó la competencia sobre la causa de lavado de activos contra Wenance presentada por Alejandro Liporace, que recayera originalmente sobre el juez federal Daniel Rafecas.

Fue el propio Rafecas quien declinó en primer lugar, argumentando la existencia de una causa con los mismos imputados y la misma carátula, que data de 2021, en el juzgado de Caputo.

El escrito de Caputo dice que Rafecas debería haber solicitaeo una investigación preliminar, que permita obtener los elementos mínimos para decidir siquiera la competencia. La causa ahora volverá a Rafecas. En caso de que este persista con la negativa, la decisión recaerá sobre el Tribunal de Casación.

Los peritos difieren en el monto total del desfalco, pero ninguna estimación es inferior a los 200 millones de dólares, cifra que consideran más que suficiente para entorpecer y demorar los procesos. Desde su origen, la causa estuvo plagada de irregularidades y episodios inverosímiles.

En julio de 2023, la jueza entonces subrogante en el juzgado penal 43, Paula Verónica González, allanó las oficinas de Wenance en la Avenida del Libertador. Pero, un año más tarde, no había peritado la documentación ni los dispositivos electrónicos. Meses atrás, la policía federal informó que esos mismos dispositivos, guardados en un depósito de la fuerza, se habían extraviado.

Tras la feria judicial de verano, concluida la subrogación, un nuevo sorteo volvió a recaer en González, la jueza que había sido objeto de recursos de queja, tanto de la fiscal interviniente, Mónica Cuñarro, como de varios abogados querellantes, con acceso al expediente. La misma jueza González, tras concursar para un cargo de camarista, ascendió de manera meteórica en el orden de mérito, del puesto 28 al 1.

La primera negativa había sido de la jueza civil de San Isidro, Gabriela Paladin, quien rechazó el concurso preventivo solicitado por Muszak en 2023. Aquella decisión se basaba en dos motivos: que las operaciones se habían desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, a pesar del reciente cambio de domicilio de la firma, y que a pesar de negarlo, se trataba de una entidad financiera, por lo que correspondía la actuación del BCRA.

Así Muszak buscó, por todos los medios, por razones aún no confirmadas, radicar su concurso en San Isidro, también queda claro que no esperaba una nueva demanda penal en esos tribunales.

Sin embargo, tras un planteo de los abogados del Madoff de Olivos, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, presidida por Fernanda Nuevo, revocó la decisión de Paladín. Tras ocho meses de actuaciones, en un escrito de 21 páginas, en junio pasado, Paladín dio por incumplidas por Wenance nada menos que ocho intimaciones.

Por este motivo, resolvió finalmente apartar a la empresa de la administración del patrimonio de los fideicomisos y, por último, remite copia del expediente a la Fiscalía General de San Isidro, por posible comisión de delito de acción pública. El principal argumento de Paladín coincide con la prueba existente en la causa del juzgado 43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: que se trató de una quiebra fraudulenta.

En la causa intervinieron el fiscal Alejandro Guevara y la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, que lo imputan por dirigir una asociación ilícita con la cual cometió veintitrés estafas, y lo detuvieron en abril pasado.

Muszak pasó un mes alojado en la DDI de Vicente López y dos en Magdalena, hasta que la cámara, en cabeza del juez Luis Cayuela, lo excarceló, a pesar de las presentaciones en contrario de la jueza y el fiscal. Muszak debió dejar en caución la escritura de un inmueble en Miami.

La celeridad de Rodríguez Mentasty y Guevara expuso, como contracara, lo que los querellantes utilizarán como argumento principal para presentar su caso ante el Consejo de la Magistratura: la permeabilidad de González a los deseos de la defensa del financista.

Antes de que la subrogancia del juzgado 43 volviera a sortearse y recayera en la jueza Vanesa Peluffo, González hizo una última jugada. Presentó un recurso de competencia ante la corte suprema. Ahora le toca al tribunal superior, que no tiene plazos, decidir si puede iniciarse el juicio oral en San Isidro o la causa debe continuar en la Ciudad de Buenos Aires.

Recientemente, un peritaje realizado por la empresa de auditoría ETL Global confirmó que Abuntia, la firma bajo la cual operaba Alejandro Muszak en España, fue vaciada con mecanismos muy similares a los que utilizó en Argentina. Los querellantes ante la Justicia española confían en que esta novedad permita acelerar la causa penal contra Muszak en ese país.