La economía muestra diversos síntomas recesivos, como la caída del nivel de actividad y el incremento de la desocupación. Según el Indec, el desempleo creció 1,4 puntos porcentuales en el último año, pasando de 6,2 por ciento en el segundo trimestre de 2023 a 7,6 por ciento en igual periodo de este 2024. A su vez, la actividad económica mantuvo en julio su caída, del 1,3 por ciento en la comparación interanual. Esta tendencia se mantiene para los meses de agosto y septiembre.

La inflación, aunque muestra signos en los últimos meses de una desaceleración, se ha estacionado en un 4 por ciento mensual, acumulando desde enero un 94,8 por ciento. Si se tiene en cuenta el 25,5 por ciento registrado en diciembre de 2023, el gobierno acumula un incremento de precios del 120,3 por ciento desde que asumió.

Razones

La estructura de la demanda agregada de la economía argentina muestra que el consumo es la principal variable de la actividad económica y que es también esencial para el nivel del producto bruto interno o PBI. Según datos oficiales, en septiembre pasado la variable consumo total representó el 75,4 por ciento de la demanda total de bienes y servicios de nuestra economía. El 64,3 por ciento es consumo privado y hogares y el 11,1 por ciento es lo que consume el Estado.

No solamente se achica el mercado por el impacto recesivo que reduce a la oferta de bienes y servicios sino que también la contracción se genera por las restricciones que tiene la demanda en cuanto a su capacidad compra o poder adquisitivo, así como por la no recuperación de los salarios reales y el aumento del desempleo. Se consumen menos cantidades y se modifica la estructura de la demanda hacia bienes de inferior calidad.

El gobierno apunta a la expansión de la variable inversión, pero este agregado está lejos de tener la proporción y el peso que tiene el consumo en el PBI. Además, en muchos sectores existen capacidades productivas inutilizadas que constituyen un desestímulo a las nuevas inversiones, aun cuando se cuenten con los recursos disponibles para llevarlas a cabo producto de la reducción de impuestos que se vienen haciendo a los sectores con mayores capacidades contributivas y de ahorro.

Esos recursos adicionales que se han acumulado en los estratos económicos más altos de la sociedad por el impacto regresivo de la política económica actual en muchos casos se vuelcan al mercado financiero o al ahorro en dólares, sin impactar favorablemente en el desarrollo, el incremento del empleo ni de la producción.

Políticas contractivas

Para muchos sectores de la sociedad no se visualiza ni el final ni la atenuación de las medidas contractivas, todo lo contrario. Entre las decisiones en esta dirección se cuentan las siguientes, entre otras:

* Reducción del gasto público excepto para el pago de la deuda y sus intereses o el destinado a gastarse de forma reservada para la agencia de inteligencia del Estado.

* La paralización de la obra pública mediante la suspensión de su financiamiento por el gobierno nacional.

* Aumento del impuesto a las ganancias a los sectores asalariados, que son los que tienen mayor propensión marginal al consumo.

* Política de reducción de los salarios reales.

* Rebaja de los salarios reales de la Administración Pública Nacional, lo cual incluye a las Universidades Públicas Nacionales.

* Desregulamiento económico y jurídico en favor de la concentración económica.

Olvidar a Keynes

Las funciones regulatorias y redistributivas del Estado constituyen una contención de la asimetría de poder existente entre el factor capital y los sectores asalariados y demás actores económicos no concentrados de la sociedad.

Aislar al sector público de esos roles implica dejar que el “mercado” imponga al resto de la sociedad sus designios, que en muchos casos no son los propósitos más favorables para la comunidad. Fueron esas algunas de las causas que impulsaron a la mayor parte de los países del mundo a implementar políticas de corte keynesiano desde la gran depresión de la economía mundial en 1929.

Dentro de políticas llevadas a la práctica y generadoras del Estado de bienestar y propulsoras del nivel de equilibrio económico social que ostentan los países más desarrollados de Europa occidental se pueden encontrar las regulaciones, la redistribución progresiva de los recursos y el uso de la planificación pública mediante presupuestos que incluyen herramientas anticíclicas.

Ante la falta de normas y regulaciones a raíz de la supresión de funciones del Estado que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei, las personas quedan totalmente desprotegidas, subordinadas y expuestas a los intereses del mercado.

Las decisiones económicas y políticas son de suma cero y cuando algunos sectores acrecientan su porción de riqueza es porque en que otros la reducen. Cada vez queda más claro que bajo el actual gobierno son las mayorías las que han perdido.

*Docente en UBA y en UNQ en Economía y en Impuestos.