Un reciente decreto del presidente habilita cambios importantes en la administración de la deuda del Estado. Por un lado, permite llenar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), “la plata de los jubilados” de títulos públicos hasta un 70 por ciento de sus activos (antes sólo se permitía hasta un 50 por ciento). Por otra parte, habilita ofrecer títulos en dólares a los tenedores de deuda en pesos. En tercer lugar, permite canjear deuda en “condiciones de mercado”, un eufemismo que habilita canjes de títulos que no mejoren el perfil de vencimientos (plazo, tasa o capital) como exige la ley de Administración Financiera aprobada en tiempos de Alberto Fernández.

Las tres medidas son una expresión clara de las dificultades que prevee el oficialismo para refinanciar los próximos vencimientos de deuda. Ante la falta de confianza de que los tenedores de bonos en pesos acepten renovar sus tenencias, recurre a la “plata de los jubilados”. Si el ANSES incrementa sus tenencias de deuda en un 20 por ciento de sus activos, podría adquirir títulos públicos que no encuentren compradores privados por unos 9000 millones de dólares. Una política que alivia a la secretaría de finanzas en su tarea de cubrir vencimientos, a costa de ampliar el riesgo de la cartera del FGS, que queda fuertemente expuesta a un único deudor: el Estado.

Las otras dos medidas deterioran la sostenibilidad de la deuda de mediano plazo. Por un lado, por convertir deuda en pesos en bonos nominados en una moneda que no emitimos. La deuda en dólares compromete las escasas reservas del Banco Central y tiene un importante riesgo de default, si no se cuenta con los dólares suficientes para alcanzar a afrontar los pagos. Justamente, esa es la situación que presenta la deuda en dólares que vence el año próximo, por valores cercanos a los 20.000 millones de dólares. Con un riesgo país que implica tasas de financiamiento en dólares cercanas al 15 por ciento anual, cumplir con la ley de Administración Financiera hubiera requerido, posiblemente, entablar una dura reestructuración de deuda similar a la ensayada por Martín Guzmán a inicios de la gestión Fernández.

Pero quienes gestionan la economía de Milei son referentes de la banca extranjera acreedora y los fondos financieros internacionales. Ya en tiempos de Macri, aceptaron las absurdas demandas buitres y colocaron deuda en forma irresponsable bajo el eufemismo de que representaba una muestra de confianza del mundo. Confianza que se cortó en 2018, teniendo que acudir al FMI para financiar la salida de capitales de los fondos amigos de Caputo a costa de nuestra. Ahora, los mismos intereses otra vez representados por el ministro Caputo vuelven a la carga, pulsando una reestructuración de la deuda en condiciones de un mercado que, hoy día, implicaría inflar brutalmente los vencimientos futuros de deuda, a cambio de eludir los próximos pagos.

Como señalara el intelectual argentino Raúl Scalabrini Ortíz, “endeudar un país en favor de otro, hasta las cercanías de su capacidad productiva, es encadenarlo a la rueda sin fin del interés compuesto. La servidumbre indirecta que el acreedor impone al deudor, es una forma de compulsión para dirigir la corriente de compras y ventas de los países deudores. Es también, un cimiento sólido para intervenir en el manejo de la política interior de cada país.”