El 2024 es un año crítico para la educación pública en el país. En medio de un contexto de ajuste económico y una creciente desfinanciación de las universidades, este miércoles se llevó a cabo la segunda Marcha Federal Universitaria bajo la presidencia de Javier Milei. Estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se movilizaron por las calles, acompañados por organizaciones políticas y sindicales, con un reclamo claro: "exigir la recomposición salarial y el financiamiento adecuado para las universidades de todo el país".
En respuesta a estos reclamos, el gobierno salió rápidamente a defender su gestión. Javier Milei afirmó que las jubilaciones crecieron un 10% por encima de la inflación, y que los salarios docentes no se encontraban en una situación crítica. Sin embargo, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), la realidad parece ser otra. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la institución, reveló que el 80% de los docentes universitarios cobran por debajo de los 400.000 pesos, una cifra que no alcanza para cubrir la canasta básica de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires.
"La mayor parte de los docentes en la universidad son categorías simples y semis cobran por abajo de los 400.000 pesos" y aclaró que un docente con dedicación exclusiva sin antigüedad "arranca en los 825.000 pesos, que está por debajo de lo que es la canasta básica de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires".
El contexto de deterioro salarial es alarmante. Estos datos no solo refutan los argumentos oficiales, sino que exponen un proceso de desfinanciamiento progresivo por parte del Estado, que está llevando a muchos docentes a buscar empleo en universidades privadas, donde se les ofrece hasta tres veces más por su trabajo.
El gobierno, a través del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Ministerio de Capital Humano, intentó desacreditar la marcha, acusando a las universidades de inflar el número de estudiantes para obtener más fondos y calificando la movilización como un acto político. No obstante, los docentes insisten en que el problema es estructural. Desde el inicio del mandato de Milei, los salarios en el sector educativo perdieron entre un 40% y un 50% de su poder adquisitivo, un golpe que profundizó la crisis en la educación pública.
Yacobitti subrayó que la movilización no es partidaria, sino una expresión del descontento de la comunidad universitaria. Con más de dos millones de universitarios en el país, las protestas se replicaron en todo el territorio nacional, buscando visibilizar la lucha por una educación pública de calidad. Según el vicerrector, el gobierno tuvo múltiples oportunidades para resolver el conflicto: "El gobierno tuvo la posibilidad resolver este conflicto y muchísimas veces se planteó lo que estaba pasando con los docentes universitarios”.
"No hay un solo economista que no en el mundo que no diga que invertir en educación es una buena inversión", planteó el vicerrector.
La marcha del 2024 es una muestra del creciente descontento social frente a las políticas educativas del gobierno, y deja en evidencia la necesidad urgente de revalorizar el rol de la educación pública en Argentina.