El 29 de septiembre de 1976 hubo una masacre en la calle Corro al 105. Helicópteros, tanquetas, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad se congregaron alrededor de esa casa donde estaba reunido el secretariado político de Montoneros. El operativo –desproporcionado– terminó con la muerte de cinco militantes –entre ellos, María Victoria “Vicki” Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh. Cuando se cumplieron 48 años de aquella matanza, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de un militar acusado por los asesinatos y le ordenó al Tribunal Oral Federal (TOF) 7 que evalúe si el resto de los imputados debe continuar en prisión domiciliaria.

Vicki Walsh llegó a la casa de la calle Corro el 28 de septiembre de 1976. Entró con su hijita, Victoria Costa, en brazos porque no había encontrado con quien dejarla. Por entonces, ella era responsable de Prensa Sindical de Montoneros. En la vivienda estaban cuatro integrantes de la Secretaría Política de la organización: Alberto Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel.

En la mañana del 29 de septiembre fueron sorprendidos por el operativo desmedido. Ofrecieron resistencia, pero todos murieron. Después, los militares entraron a la casa y secuestraron a Lucy Matilde Gómez de Mainer, a sus hijos Juan Cristóbal y Maricel y a su yerno Ramón Alcides Baravalle. Ellos desfilaron por varios centros clandestinos hasta que finalmente recuperaron la libertad. Los represores se llevaron también a la menor de los Mainer, Milagros --que estaba en la escuela--, y a Victoria Costa, hasta que las entregaron a sus familias. Días antes del operativo de la calle Corro, había sido secuestrada María Magdalena Mainer en San Juan y llevada al centro clandestino de detención La Perla, de Córdoba.

El operativo de la calle Corro se coordinó desde el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101, que tenía sede en Ciudadela. Según los libros históricos de esa dependencia –analizados por el exPrograma Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– el despliegue militar fue pocas veces visto: fueron tres jefes, trece oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados de la clase 1955. A ellos había que sumarles los hombres que envió la Gendarmería y los que mandó la Federal. Según los militares, el ataque sobre la casa de la esquina duró 45 minutos. Otros testimonios lo estiman en una hora y media. Hubo bombas y granadas. Una de ellas impactó en una casa de la manzana que se incendió, según surge de material hallado por el Grupo de Relevamiento Documental que funcionaba en el Ministerio de Seguridad.

Por estos hechos, el juez federal Daniel Rafecas ordenó en diciembre de 2021 la detención de diez exintegrantes del GADA de Ciudadela. Seis de ellos esperan ser enjuiciados por el TOF 7: Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos.

El de Viola no es un nombre más. Es el dirigente de la Unión de Promociones (UP), un grupo creado el 29 de mayo de 2005 para resistir el avance de los juicios. La UP fue el primer grupo que se reunió con un diputado de La Libertad Avanza (LLA) para pedirle que Javier Milei adopte una "solución definitiva" sobre los militares presos por crímenes contra la humanidad. El grupo también está ligado a Beltrán Benedit, que organizó el cónclave con Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza del 11 de julio pasado.

Un reclamo de justicia

En septiembre de 2022, la Cámara Federal porteña sostuvo que no había mérito para sostener el procesamiento de Hugo Eduardo Pochón, teniente primero a cargo de la Batería A del GADA 101. La gran discusión era si se podía acreditar que Pochón había estado el 29 de septiembre de 1976 en Corro 105.

La fiscalía apeló al igual que la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) –que encabezan Myriam Bregman, Matías Aufieri y Liliana Mazea. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adhirió. 

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky– les dio la razón. Dijo que el fallo que habían dictado Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens era arbitrario. Hornos sostuvo que la Cámara Federal había hecho una evaluación “inaceptablemente fragmentada del caso” mientras que Borinsky recordó que la Cámara a la hora de dictar un sobreseimiento debió haber tenido elementos para afirmar que Pochón no participó del operativo.

El tema se había debatido el 19 de septiembre en Casación, cuando se celebró una audiencia en la que participó Patricia Walsh, hermana de Vicki y querellante en la causa junto con Lucía Coronel.

–¿Hay algo que usted quiera decir?-- le preguntó Hornos, que presidió la audiencia.

Patricia contó que se enteró por el diario que su hermana había muerto. La información había aparecido publicada en la edición vespertina de La Razón. Al sufrimiento por la muerte de Vicki en un operativo ilegal se sumó la desesperación de no saber dónde estaba su sobrina.

“Nada le devolverá la vida a mi hermana Vicki, pero este país precisa tener justicia y un Poder Judicial que haga lo que tiene que hacer –respondió Patricia Walsh. Eso es lo que pedimos: que haya justicia. Ésa es la razón por la cual estoy acá después de tantos años”.