El Jurado de Enjuiciamiento de Salta resolvió ayer, por unanimidad, declarar la admisibilidad formal de la acusación presentada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, contra el juez de Garantías de Segunda Nominación de Orán, Claudio Alejandro Parisi.
De esta manera, el tribunal que encabeza la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, dio inicio al juicio que la Ley 7138 prevé para determinar la responsabilidad del magistrado sobre los hechos que se le adjudican y definir si continuará en el cargo o no. El Jurado tiene un plazo de cuatro meses para concluir este proceso.
El juez está detenido desde ayer, por orden del juez de Garantías de Primera Nominación de Orán, Raúl López, después de que el Jurado le quitara su inmunidad de magistrado y lo suspendiera en sus funciones.
El pedido de destitución fue presentado por el procurador el 9 de septiembre, que lo acusó de actuar de manera contraria a las exigencias legales y constitucionales propias de su cargo, con lo que "lesiona el servicio de justicia y deslegitima su permanencia".
García Castiella aseguró que el juez Parisi se manejó de manera irregular en varios casos, que tomó decisiones contradictorias, incurrió en "arbitrariedades en la concesión de beneficios infundados a personas imputadas por hechos graves". "Todo ello se agrava con la sospecha de que dichos privilegios procesales eran abonados en dinero, en varios casos con personas vinculadas a organizaciones criminales y narcotraficantes".
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el primero hecho en el que se basa la denuncia ante el Tribunal de Jury consiste en el caso “Pereyra”, en el que una mujer condenada por traficar estupefacientes que cumplía esta pena en su domicilio, al volver a ser imputada por un nuevo hecho de esta misma actividad ilícita, "fue beneficiada por Parisi con la continuidad de su 'prisión' domiciliaria, sin custodia policial alguna ni método de monitoreo electrónico de sus movimientos".
Además, en el expediente el juez "dejó por escrito decisiones que reflejaban otra cosa; es decir, ocultó al resto de los sujetos procesales que había dispuesto el mantenimiento de la domiciliaria". Para esto ordenó la prisión preventiva de esta mujer, "pero en los hechos dio la orden a la Policía para que ella continuara en su casa sin ningún otro recaudo o precaución".
Otro hecho se concretó en el caso “Leniz” (coimputada de Pereyra), en la que el juez concedió la prisión domiciliaria pero la dejó sin efecto luego de que el Servicio Penitenciario de la provincia informara sobre una nueva imputación a Beatriz Leniz.
El procurador resaltó que el juez Parisi aplicó criterios completamente distintos en uno y otro caso, e hizo notar que quizás ese cambio de criterio se debió a que precisamente en la segunda causa contra Leniz las extracciones de los telefónos de la policía Mariana Cristina Castellanos y del secretario del Juzgado, Maximiliano Correa, expusieron el entramado de negociaciones por beneficios procesales.
Otro hecho es en relación a José Dimas "Oso" Ruiz, en la causa en la que está acusado por el millonario, y violento, asalto a la firma Abra del Sol, llevado a cabo por una organización criminal de la que es parte el sicario Cristian "Gringo" Palavecino. En las decisiones tomadas por Parisi en relación a este acusado, que fue funcionario municipal de Orán y fue candidato a intendente, se observa, dijo el procurador, "La misma falta de criterio, razonabilidad y justicia". En este caso la abogada Sandra Domene y una hermana de Ruiz denunciaron el pedido de coimas para otorgarle la prisión domiciliaria. Desde su casa Ruiz sumó después otras acusaciones por haber pasado información a la organización criminal para que robara las casas de sus vecinos.
Otro hecho incluido en el pedido de destitución es "la falta de criterio" del juez para disponer un arresto domiciliario en el caso “Chaile”, en la que primero Parisi dispuso la prisión preventiva de un acusado por homicidio culposo que había huido de la escena del crimen, pero días después, "dispuso lo contrario, ordenando que Chaile se mantuviera en su domicilio particular". El procurador le reprocha que no haya tomado recaudos para asegurar que el acusado cumpliera esta disposición y cuando el Tribunal de Impugnación le exigió que se usara una pulsera electrónica, el juez "incumplió deliberadamente el mandato" y, en cambio, ordenó la libertad plena de Chaile, que terminó fugándose.
Por último, García Castiella denunció "el grosero actuar" de Parisi en el caso del asesinato por sicarios de César “Oreja” Martínez, hermano del ahora ex intendente Carlos Alfredo “Conejo” Martínez. El juez le había concedido el arresto domiciliario a Oreja Martínez, a pesar de que estaba acusado por tentativa de femicidio y de que tenía dos resoluciones de prisión preventiva en su contra, dictadas por el propio Parisi, una en una causa por violencia de género en perjuicio de la misma mujer y otra por venta de drogas.
César Martínez fue asesinado de 17 disparos en la vereda de su casa por sicarios que pasaron en motocicletas. Parisi también intervino en la causa por este homicidio, en cuyo trámite "se obstaculizó el avance de la actuación de la Fiscalía al no admitir pedidos de allanamientos y secuestro de pruebas de interés para descubrir la verdad", aseguró el procurador.
Parisi está sospechado de haber pasado irregularmente información sobre esta causa al abogado Roberto Ortega Serrano, a pesar de que no era parte de este trámite. La fiscalía también había solicitado el allanamiento de varios domicilios, incluido el del entonces intendente de Aguas Blancas. "Sin embargo, Parisi demoró injustificadamente el procedimiento y, posteriormente, se demostró que había proporcionado información sobre esos actos al abogado Ortega, lo que frustró las posibilidades de éxito de los allanamientos".
El juez acumula tres causas penales en su contra, dos por cohecho y una por las irregularidades en la causa por el homicidio de César Martíntez. En ese proceso también están imputados y detenidos Ortega Serrano y Carlos Martínez.
