El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participa desde el martes último en la capital británica del London Metal Exchange Week 2024. En ese evento, recibió ayer la noticia de que la empresa anglo australiana Río Tinto invertirá 2 mil millones de dólares en una planta para industrializar carbonato de litio en catastros de su propiedad situados en Salar de Rincón, sobre el límite con Chile, en el departamento salteño de Los Andes.

LME 2024 -por sus siglas en inglés- es un seminario de metales que anualmente reúne a autoridades de diferentes países, fondos de inversión, compañías mineras operadoras y exploradoras, proveedores y expertos. Según fuentes oficiales, el CEO de Río Tinto, Jakob Stausholm, fue quien informó al gobernador salteño que la empresa se acogerá al Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones (RIGI). El objetivo es producir 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio en una fecha aún no confirmada. La planta se construirá el año próximo y es una de las mayores iniciativas industriales de la región. 

Durante la reunión con la empresa, Sáenz aseguró que el proyecto de Río Tinto promoverá el crecimiento económico en la Puna, generará empleo y posicionará a Salta “como un actor clave en la producción de litio a nivel mundial”. Por su parte, la minera aseguró al gobierno salteño que la nueva planta implementará tecnologías que minimizarán el impacto ambiental durante la extracción y procesamiento del mineral.

“Salta es un destino estratégico y privilegiado para las inversiones en litio y cobre, no solo por nuestro inmenso potencial geológico sino porque ofrece seguridad jurídica, reglas de juego claras, sustentabilidad y licencia social”, expresó el gobernador durante el primer día del encuentro denominado "Argentina Day", el martes, en la Residencia Argentina en la capital de Inglaterra y el Reino Unido.

"El mundo demanda lo que Argentina tiene”, remarcó Sáenz en otra de sus intervenciones, frase que repitió en las reuniones que mantuvo con directivos de  mineras como BHP Billiton (fusión de la australiana Broken Hill Proprietary y la británica Billiton), Anglo American (empresa transnacional centenaria asociada con la extracción de diamantes en África), y First Quantum Minerals (de accionistas chinos, norteamericanos y japoneses con base en Canadá) que posee actualmente el proyecto extractivo de cobre denominado Taca Taca, en el municipio salteño de Tolar Grande.

Para Sáenz, el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones, aprobado a mitad de 2024 y al que el Estado salteño adhirió, es la “herramienta clave que fortalecerá nuestro atractivo para la inversión internacional (porque) brinda beneficios cambiarios y aduaneros”. Aseguró también que RIGI “promoverá la estabilidad fiscal” y allanará el camino para que las empresas puedan obtener la licencia social, requisito legal que demandan las casas matrices. 

Sin embargo, advirtió a los inversores que los proyectos que se radiquen en Salta deberán "producir conservando”, en relación al crecimiento y empleo que las mineras deben promover entre la población. "Buscamos que los beneficios de esta industria", por la minería de la transición energética, "se traduzcan en puestos de trabajo, desarrollo de proveedores locales y oportunidades reales para nuestra gente”, expresó Saénz en su gira por Londres.

El gobernador salteño participa en el seminario junto a sus pares del Triángulo del Litio, Carlos Sadir, de Jujuy y Raúl Jalil, de Catamarca. También integran la comitiva Argentina Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Marcelo Orrego, de San Juan.

Romero y un proyecto de incentivos mineros

El senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), presentó en la Comisión de Minería de Cámara de Diputados de Salta, un proyecto de ley para crear el Régimen Especial de Promoción para el desarrollo productivo de la Puna Argentina.

Se trata de una iniciativa que inició trámite parlamentario en abril, espera todavía el dictamen de dos comisiones (Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana empresa y Hacienda y presupuesto), y fue redactado por representantes de distintas provincias argentinas, como el senador catamarqueño Flavio Fama (UCR), la senadora jujeña Vilma Bedia (LLA), la tucumana Beatriz Ávila (JxC), y otros legisladores de la UCR del Chaco, Tierra del Fuego, Corrientes, Entre Ríos y La Pampa.


Si bien frente a los diputados provinciales el ex gobernador punteó distintas bondades del proyecto, el artículo octavo del texto preliminar generó controversias, porque propone un perdón impositivo a quienes accedan al régimen, que específicamente los eximiría de pagar cargas patronales de trabajadores radicados en la Puna por un plazo de cinco años.

“Particularmente no comparto ese apartado”, dijo a Salta/12 el diputado provincial por el departamento Los Andes, Gerónimo Arjona. “No podemos cargar todo sobre el Estado, sea nacional o sea provincial. Vemos hoy como están las personas que se jubilan. Evitar pagar la carga patronal suena ilógico”, opinó sobre esa ventaja que otorgaría el proyecto a los inversores privados.

Para el vicepresidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja salteña, la iniciativa del senador nacional debe resolver también otras cuestiones, como dar mayor claridad al concepto de radicación de personas en la Puna. Opinó que desde una posición generalista, si no se aplica adecuadamente la Ley de Áreas de Frontera (18.575, vigente desde 1970), los habitantes que nacieron en la Puna continuarán en desventaja respecto a quienes se radiquen por corto tiempo en la región o fijen un domicilio solamente para acceder a facilidades como las que propone el proyecto que tiene a Juan Carlos Romero como coautor. “Caemos en la viveza criolla”, dijo. “Tendrían que estar obligados a vivir en la Puna, al menos, por cinco años”, deslizó.

Por otro lado, marcó otro desacuerdo sobre las posibilidades que tienen los pequeños proveedores mineros, porque actualmente, pese a buscar apoyo crediticio para sus emprendimientos, no logran integrarse exitosamente a la red de las cámaras de proveedores. “Uno ve la realidad de los emprendedores que nos son absorbidos por las mineras. Llamé la atención a las cámaras, para que les den una mano”, comentó Arjona.

El legislador adelantó que los miembros de la Comisión de Minería –que preside Juan Esteban Romero, hijo del legislador nacional salteño– tienen un plazo de dos semanas para proponer cambios o introducir mejoras al proyecto presentado el martes. “El proyecto todavía se encuentra en comisión en el Congreso Nacional, y entendemos que tenemos tiempo para una lectura artículo por artículo”, expresó Arjona.

Durante la reunión del martes en la Legislatura salteña, el senador nacional que ahora integra el bloque "Las Provincias Unidas", destacó que la iniciativa, de ser aprobada, se transformará en un instrumento destinado a estimular el desarrollo productivo, fomentar procesos en distintos eslabones de la cadena, y vincular a las comunidades que habitan en ese territorio con el resto del país y la región.

En ese sentido, dijo a los miembros de esa Comisión de la Cámara Baja salteña que las jurisdicciones puneñas de Salta, Jujuy y Catamarca recibirían beneficios significativos, todos destinados a personas físicas y jurídicas que operen en la Puna o inicien nuevos emprendimientos. Entre esas ventajas, punteó la exención de impuestos nacionales por cinco años a quienes compren insumos para la producción; la deducción total del impuesto a las ganancias para emprendimientos que utilicen materias primas locales; y la creación de un Fondo de Capitalización Urbana de la Puna para facilitar la adquisición o mejora de inmuebles.

Para el presidente de la Comisión de Minería, Juan Esteban Romero, en la región del Triángulo del Litio hacen falta "proveedores y empresas radicadas en la puna". En ese sentido, insistió que el proyecto que tiene a su padre como coautor, permitiría a emprendedores radicados en la Puna "ser más competitivos y generar crecimiento en el capital humano de la región". Finalmente, destacó que uno de los apartados del proyecto propone la creación de un Instituto de Planificación Territorial de la Puna, que sería responsable de producir y analizar indicadores económicos, sociales y ambientales de esa región, y coordinar la integración de las directrices de planificación territorial con baja emisión de carbono, entre otras metas.