Tras la masiva marcha federal que defendió la educación pública, gratuita y de calidad en todo el país, el presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley de financiamiento universitario --tal como hizo con la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso--. De todas maneras, la decisión del Presidente no implica el fin del proyecto legislativo, porque el Congreso puede insistir con su sanción, aunque se deben cumplir determinadas condiciones específicas.
La Constitución Nacional le concede al Presidente de la Nación la facultad de impedir que un proyecto de ley aprobado en ambas cámaras del Congreso se convierta definitivamente en ley. Este poder puede ser ejercido de forma total, cuándo la objeción es hacia la ley en su totalidad, o parcial --cuando solo ciertos artículos son anulados por el ejecutivo-- mientras que otras partes del proyecto pueden ser promulgadas.
Por lo general, el uso del veto presidencial se justifica en que esas leyes podrían afectar de manera negativa las finanzas públicas, los derechos fundamentales o la estabilidad institucional. Por ejemplo, en medio del debate sobre el financiamiento universitario o la movilidad jubilatoria, el mandatario ultraderechista expresó su intención de "defender la caja a veto puro", resaltando cómo este mecanismo puede ser utilizado para proteger los intereses fiscales del Estado.
¿Qué pasa después del veto?
Una vez que el Presidente veta una ley, el proyecto vuelve al Congreso, donde puede ser reconsiderado. Sin embargo, para anular el veto, ambas cámaras deben reunir una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Si se alcanza, el proyecto se promulga y el veto presidencial queda sin efecto, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley.
En la Cámara de Diputados el proyecto de financiamiento universitario fue aprobado con 144 votos a favor y 77 en contra. En tanto, en el Senado la sanción tuvo 57 voluntades a favor, 10 en contra y una abstención. Según los sondeos preliminares, el Gobierno está lejos de los dos tercios necesarios para defender el veto.
Si el veto es rechazado por el Congreso, sería la segunda vez en la historia argentina --todas durante el gobierno de La Libertad Avanza-- que el poder legislativo desestima un veto del ejecutivo. La primera fue el rechazo al DNU de Javier Milei que le otorgó 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la SIDE.
Limitaciones y control del veto
No todas las leyes son susceptibles de ser vetadas. Existen situaciones excepcionales en las que la Constitución impide el uso del veto, como en los casos de reformas constitucionales o leyes que requieren un procedimiento especial para su sanción.
Además, aunque el veto es un instrumento poderoso, no está exento de control. Los tribunales pueden revisar la constitucionalidad de un veto si se argumenta que éste afecta derechos fundamentales o vulnera tratados internacionales. Esto introduce un nivel adicional de control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, asegurando que su ejercicio se ajuste a los principios del Estado de Derecho.
