Los tribunales provinciales de Rosario tuvieron un jueves agitado ante un nuevo reclamo del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que decidió avanzar con medidas de fuerza ante la falta de respuestas del gobierno provincial. Desde el gremio vienen pidiendo una reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro para exigir la aceleración de los expedientes que definen ingresos, ascensos y jubilaciones en el Poder Judicial. “La falta de nombramientos produce una carga de trabajo enorme para los empleados” explicó Jorge Perlo, titular del gremio, en declaraciones a Rosario/12. También hay malestar por el impacto de la reforma previsional aprobada en la Legislatura y no descartan judicializar la medida. El próximo martes habrá nuevas asambleas en toda la provincia, donde se definirán los pasos a seguir: “Nosotros estamos esperando la respuesta del gobernador. Nos gustaría que esto se solucione. De lo contrario, iremos con un plan de lucha de acuerdo a lo que se defina en las asambleas”.

El hall de los tribunales provinciales se convirtió en la sede de los reclamos del Poder Judicial, casi inéditos en la provincia. Primero fueron los jueces y magistrados, que casi al mismo tiempo que se conoció el borrador de la reforma previsional enviada a la Legislatura, pusieron el grito en el cielo. Unas pocas semanas después –con la reforma ya aprobada– los trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores Judiciales se manifestaron en los pasillos del edificio ubicado en Balcarce y Pellegrini. Ante la falta de respuestas, el gremio avanzó este jueves con una medida de fuerza por dos horas, luego de una asamblea que tuvo lugar en el hall del lugar. El malestar de los empleados fue tal que en un momento el reclamo se trasladó afuera del edificio, cortando momentáneamente la calle.

“El 21 de septiembre, luego del primer reclamo, tuvimos una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni. Ahí nos dijeron que teníamos que hablar con el gobernador y se comprometieron a gestionarnos una audiencia. Nosotros ese mismo lunes cursamos un pedido en ese sentido, pero no tuvimos más novedades”, explicó Perlo a este medio. 

Una de las principales demandas del sector es por la demora en la firma de los decretos para ingresos, ascensos, jubilaciones, cesantías, rectificaciones y concursos. Desde el gremio señalaron que el Ejecutivo tiene paralizados unos 118 decretos que afectan a unos 535 trabajadores judiciales.

“Desde finales del año pasado, el gobernador tiene en sus manos los expedientes que involucran a más de 500 personas que están esperando ser nombradas. A los que tienen que ascender de categoría, ¿quién les va a devolver el dinero que perdieron de ganar durante diez meses? También hay personas que han ganado el concurso para ingresar hace tres años y que están en duda si van a quedar o no, porque no son nombrados, no está el expediente firmado”, detalló Perlo. “También están demoradas designaciones de magistrados, que son los que conducen los juzgados. La falta de nombramientos produce una carga de trabajo enorme para los empleados”, añadió.

A ese panorama se suman dos cuestiones más. Una es la reforma previsional que no solo impacta en los jubilados del sector con el “aporte solidario”, sino que podría acelerar las jubilaciones de trabajadores judiciales, profundizando la problemática de las vacantes. El otro es la posibilidad de que el gobierno avance contra la “ley de enganche” que ata los aumentos salariales de los cargos más altos del Poder Judicial santafesino con el de sus pares de la Justicia nacional, mientras que para el resto de los agentes rige una escala proporcional. Algunas declaraciones de funcionarios provinciales encienden las alarmas por ese tema, que volvió a estar en el debate público ante las intenciones del gobernador de renovar la Corte Suprema de Justicia provincial.

Para Perlo, todas esas situaciones alertan al sector. “No hemos visto, desde que recuperamos la democracia, un gobierno tan autoritario como este, que atenta contra la independencia del Poder Judicial”, cuestionó. “Nosotros siempre hemos apostado al diálogo. No nos gusta el conflicto. Siempre nos hemos puesto a disposición de los gobiernos provinciales para acompañar todo lo que sea para mejorar el Poder judicial. Lo hemos hecho apenas asumió este gobierno, pero siempre nos contestaron con evasivas”, agregó.

 

Desde el gremio sacan cuentas: el último conflicto de este tipo que recuerdan se dio hace 30 años. En la asamblea de este jueves, los trabajadores definieron volver a convocarse el próximo martes, una movida que se repetirá en todas las delegaciones de la provincia. “La semana que viene vamos a poner a consideración de los compañeros y compañeras las mociones que surjan de la asamblea y seguiremos con el plan de lucha. Nosotros estamos esperando la respuesta del gobernador. Nos gustaría que esto se solucione. De lo contrario, iremos con un plan de lucha de acuerdo a lo que se defina en las asambleas”, finalizó.