¿Cómo consigue la justicia penal de la provincia de Buenos Aires proteger el derecho de una niña a interrumpir el embarazo producto de una violación intrafamiliar y a la vez obstaculizar dicha práctica? Equiparando a la víctima de violencia sexual con un feto, asegurándole a ella -como a cualquier otro niño o niña- un asesor/a tutelar que proteja sus derechos en el curso de una acción penal y a la vez ofreciendo la misma figura a una persona inexistente.
La semana pasada, en un Hospital del conurbano bonaerense, S tuvo que pasar por instancias judiciales tortuosas antes de poder reparar la consecuencia más condicionante para el desarrollo de su vida que le dejó la violación a que la sometió su tío: un embarazo. Cuatro recursos en dos fueros diferentes presentó el asesor tutelar designado por la Procuraduría General de la Provincia para el producto de la violación a S. Cuatro veces la niña tuvo que esperar para acceder a un aborto legal, repitiendo una y otra vez que no quería seguir con el embarazo.
“Es la primera vez que se nos presenta esta figura de defensor”, dice Sergio Raimundo, Director del programa de niñez del Centro Provincial de la Memoria (CPM), quien asegura que S. fue revictimizada durante los días en los que el asesor tutelar intentó, por diversas vías judiciales y en nombre de estar defendiendo la vida, que la interrupción voluntaria del embarazo se suspendiera.
Estamos frente a una nueva estrategia que engrosa la bateria de avances antiderechos en relación al aborto: la semana pasada la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Libre y gratuito denunció que en el Hospital Materno Infantil de San Isidro existe una campaña sistemática de hostigamiento contra quienes solicitan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en esa institución.
¿Por que tal encarnizamiento institucional contra una niña, víctima de una violación, que expresó su decisión de abortar? ¿Cómo se explica la figura de un asesor tutelar que vela por los derechos de una persona que aún no existe? ¿Qué rol juega esta figura jurídica en el avance antiderechos?
Desde el MMGyD ya detectaron dos casos más como el de S. Uno sucedió en el interior de la provincia y otro en el conurbano, se trató de una adolescente y una persona con retraso madurativo, en ambos casos el juez dio lugar al tutelaje del feto pero los casos no prosperaron en la línea de suspender las decisiones de las personas gestantes. “Vimos a lo largo de este año que dentro de la asesoría tutelar hay una organización antiderechos que cuando alguna de sus tuteladas está cursando un embarazo y piden la interrupción voluntaria, la figura del asesor tutelar representa lo que ellos llaman ´el niño por nacer´” explica Lucía Portos, Subsecretaria de Políticas para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires.
El caso de S
S. tiene 13 años y llegó a una sala del conurbano bonarense junto a su madre y su hermano de un año expresando su decisión de interrumpir un embarazo producto de una violación intrafamiliar. En la salita le explicaron cuáles eran sus derechos y que si quería abortar tenía que dirigirse a un Hospital en donde pudieran realizarle la práctica.
Mientras que S. esperaba, en la arena judicial se daba una disputa sin precedentes: Cristian Figueroa había sido designado como asesor tutelar para velar por los derechos de una persona inexistente. “El asesor tutelar designado por la Procuraduría realiza una presentación al juzgado de garantías en donde se investiga la violación y se levanta una medida cautelar que pone en suspenso el avance del aborto”, explica Sergio Raymundo.
“Solicito respeto por la vida de mi asistido. Encontrándonos con una paciente con clara intención de poner fin a su embarazo, he requerido que ello no implique terminar con la persona por nacer”, dice el escrito presentado por Figueroa. A las diez horas, la cámara de apelaciones revocó la cautelar, sin embargo, S. no iba a poder realizar la interrupción del embarazo. Dado que existía un expediente por la situación de abrigo en la que se encontraba, Figueroa cambió de fuero y se presentó en el Juzgado de Familia. Allí volvió a pedir una cautelar para que suspendieran el traslado de S. a un Hospital en donde le pudieran hacer la práctica: “Ahí existe una cuestión jurídica que se llama litispendencia; quiere decir que lo solicitado en un fuero no podés ir a pedirlo a otro. Él fue al fuero penal, llegó a la Cámara de apelaciones y después fue al juzgado de Familia. Tardaron menos en dictar la cautelar y revocarla que en detener al violador que vivía enfrente de la casa de S.” cuenta Portos, quien viene acompañado el caso.
La jueza de Familia, Ana Cecilia Coaraza, recibió el pedido del asesor cautelar y pidió corroborar en audiencia que efectivamente S. tenía la decisión de interrumpir el embarazo: “Realizamos una presentación en el juzgado solicitando que la niña sea escuchada, por su parte, la jueza designó una audiencia en el Hospital por un pedido del asesor tutelar que insistía en garantizar el nacimiento contra la decisión de S. de abortar”, explica Raymundo.
La "agenda sangrienta del aborto" garantiza vidas de niñas y adolescentes
La audiencia se llevó adelante en el Hospital Municipal con el equipo técnico, ginecólogos, la CPM y los asesores tutelares. El equipo del hospital -incluso siendo en su mayoría objetores de conciencia en relación al aborto- ratificó la decisión que había expresado S. y aseguró que la niña tenía muy en claro cómo era el procedimiento médico: “El equipo del hospital es contundente, dice que S. quería volver a la escuela y seguir adelante con su vida, incluso dijo que quería ser chef. La jueza resuelve escuchar a S. y no dar lugar al pedido del asesor tutelar quien a las pocas horas vuelve a apelar”, explica el representante de la CPM.
“Toda esta serie de oficios y medidas que se tomaron para detener la interrupción del embarazo de S. van en contra del Fallo F.A.L que dice que la justicia no debe intervenir en casos como este y que depende exclusivamente de los equipos médicos” explica Carlota Ramirez, Directora Provincial de Equidad de Género en Salud y agrega “Estamos viendo una ofensiva antiderechos importante, montada en el Poder Judicial con esta estrategia de incorporar la figura del “defensor del niño por nacer”.
“S. vivía con su familia en una quinta ubicada en la zona rural de AMBA, va a segundo año de la escuela secundaria y, si bien representa un gran esfuerzo asistir diariamente, disfruta mucho de ella”, explica Cintia de León, abogada y encargada del asesoramiento jurídico de S. durante el tiempo que estuvo en el Hospital hasta que pudo realizarse la interrupción del embarazo: “El abuso fue intrafamiliar y ella lo ocultó por temor y desconocimiento, también tenía la convicción de que, a su corta edad, no quería ser madre” explica. “Es muy importante la promoción de dispositivos de prevención, detección y primeras intervenciones en abuso sexual contra las niñeces y adolescencias, que forman parte del Sistema de Protección Integral, para lograr una intervención eficaz que garantice el cese de dichas situaciones, evitando la revictimización, y para que cada día haya menos casos como el de esta niña.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia aseguran que el Gobierno Nacional paralizó el envío de misoprostol y mifepristona, también se ha eliminado el formulario de la página de Defensa del Consumidor que permitía llevar adelante denuncias por incumpliemiento de la IVE y en los hospitales de San Miguel y San Isidro se denunciaron antiderechos que obstaculizan los abortos. La información la tienen de primera mano, luego del lanzamiento de la línea 148 de asistencia en situaciones de violencia y vulnerabilidad, recibieron denuncias de todas estas irregularidades.
Esto es producto de lo que el presidente llama “la agenda sangrienta del aborto” y tiene ingerencia directa en sectores antiderechos que están enquistados en el sistema de salud, que lo estuvieron siempre, pero que ahora encuentran terreno fértil para ir en contra de un derecho conquistado.
