El Gobierno libertario de Javier Milei dio ayer otro paso en el desmantelamiento del Estado: anunció la disolución de la estatal Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) y la reestructuración de la Casa de Moneda, con la idea de ceder la impresión de billetes a empresas privadas o directamente importarlos. Alertados de la intención de la Casa Rosada, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó una protesta frente al edificio central de la Casa de Moneda para resistir la medida y defender 1500 puestos de trabajo: “Cuando hicimos la medida de fuerza en los aeropuertos, el Gobierno habló de un paro salvaje. No tienen ni idea de lo que es una huelga salvaje. Si cierra la Casa de Moneda, van a empezar a darse cuenta”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE.
La protesta iba a continuar con un acampe de los estatales frente al Ministerio de Capital Humano, donde se registraron cientos de despidos. Finalmente, el Gobierno evitó la medida al proponer una mesa de diálogo. “Si en las reuniones con los funcionarios no existen avances, inmediatamente vamos a retomar esta acción”, dijo Aguiar.
A pesar de la resistencia creciente al desmantelamiento del Estado, Milei redobló la apuesta. El encargado de comunicarlo fue el vocero presidencial: "El Gobierno Nacional va a avanzar con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Ciccone Calcográfica, recordada como uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas", aseveró Manuel Adorni. El vocero, en cambio, confirmó la “reestructuración” de la Casa de la Moneda, y no su cierre como había dejado trascender.
Adorni recurrió a los mismos remanidos argumentos del Gobierno para justificar la decisión y cargar contra el kirchnerismo: "la mala administración anterior implicó un despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los 371 millones de dólares, un patrimonio negativo de 78 millones y un resultado bruto negativo de 20,5 millones".
"Cabe resaltar –continuó el vocero– que por la decisión del kirchnerismo de negarse a emitir billetes de mayor denominación desde el año 2020 se gastaron 4.700 millones de dólares en importar billetes”. Además, criticó que bajo la gestión de Unión por la Patria (UxP) se contrataron 211 nuevo empleados que conformaban un total de 1.300 trabajadores. También cargó contra el jardín de infantes "La Monedita", al asegurar que gastaban en promedio 1,2 millón de pesos por niño. Apegado al estilo presidencial, Adorni formuló cifras sin mostrar ningún documento que las avale.
En la misma línea, el vocero sostuvo que "en la Argentina que ya no imprime billetes para financiar a la política poco sentido tiene seguir con este absoluto despilfarro para mantener una estructura al servicio de los degenerados fiscales" y aseguró que "la readecuación de la Casa de la Moneda es el último clavo en el ataúd de la inflación".
La resistencia de ATE
La respuesta no tardó en llegar. ATE convocó ayer al mediodía a una protesta frente a la Casa de la Moneda, en el barrio porteño de Retiro, luego del anuncio por parte del Gobierno de disolver el organismo del Estado creado en 1875, que depende del Ministerio de Economía y “especializado en la impresión de billetes y acuñación de monedas de curso legal, en la fabricación de especies valoradas, instrumentos de control, documentos de seguridad, diseño y desarrollo de software y procesos de digitalización”, como dice su propia página web.
“Esto va más allá que es el cierre de otra empresa pública, es una pérdida de soberanía enorme. Presidencia hasta anunció la posibilidad de importar billetes”, aseguró Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE.
“Quieren cerrar un organismo que cuenta con trabajadores altamente calificados y con la última tecnología”, dijo Aguiar durante el acto y agregó: “Es incomprensible que no se impriman los billetes acá. Quieren hacer negocios con las multinacionales. Nunca más vigente aquella frase de Arturo Jauretche: ‘Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende’. Este Gobierno está lleno de criollos que nos quieren vender”.
El dirigente de ATE también lanzó una advertencia para los funcionarios. “Los despidos y el cierre de organismos se traducen en la supresión de derechos fundamentales que tiene todo el pueblo. Acá tenemos un Gobierno que a veto y decreto, reforma la Constitución, y los delitos contra la Constitución están contemplados en el Código Penal. El artículo 226 establece penas de prisión para quienes cometan delitos contra la ley fundamental, y si lo hacen funcionarios públicos, incrementa un tercio el mínimo de la pena”, arrancó Aguiar. “Ya podemos anticipar el final de esto: los que están en la Casa Rosada terminan todos presos y si seguimos luchando vamos a lograr reincorporar a los despedidos, y va a ser en la planta permanente del Estado”, concluyó.
El plan de lucha de ATE tenía como medida de fuerza original un acampe de 24 horas frente al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, como respuesta al cierres de organismos que ponen en peligro miles de fuentes de trabajo. Pero la apertura de una mesa de diálogo con funcionarios nacionales sobre el futuro de los trabajadores aplazó la decisión, al menos hasta conocer el rumbo de las negociaciones.
