Año a año las imágenes de Córdoba prendiéndose fuego sacuden al país durante unos pocos días. La imagen de estupor se prolonga hasta que semanas más tarde surgirá la preocupante cifra de hectáreas arrasadas por las llamas. Desde hace al menos una década se ha instalado la idea de que la provincia vive dos temporadas: la turística y la de incendios.

Los vecinos, que todavía no pueden acostumbrarse a esta dinámica del terror que golpea a sus comunidades con focos que barren con vidas y sueños, sacan cuentas y conclusiones. Enumeran justificaciones: negocios inmobiliarios, la autovía de Punilla - una obra de 43 kilómetros de extensión en marcha hace años para la que se avanzó en el desmonte de bosques nativos ubicados en zona roja de preservación -, extracción de recursos naturales con la minería metalífera y el agronegocio picando en punta. Y aparecen agravantes: cambio climático, recortes presupuestarios y dinámicas agrarias del manejo del suelo sin control.

Los datos parecen darle sustento a sus ideas. En 2020 se quemaron 321.688 hectáreas —convirtiéndose en el año más extremo de la memoria reciente—; en 2021, 65.740 hectáreas; en 2022, 81.544 hectáreas: en 2023, 40.803 hectáreas; y en lo que va del 2024 ya van 69.000 hectáreas quemadas.

¿Brigadistas imputados por apagar incendios?

Entre la bronca y el enojo los vecinos mascullan más motivos, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que da rienda suelta a la explotación minera y forestal. Y le suman lo que ocurre en el día a día, que tiene que ver con un trato muchas veces hostil de la policía local y los bomberos de la provincia hacia los brigadistas vecinales organizados de manera autónoma.

Esto pasó durante las últimas semanas en algunos lugares de Córdoba, como San Marcos Sierra y Capilla del Monte, en el departamento de Punilla. Allí vecinos y brigadistas denunciaron cruces con la policía, con Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y con el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR). Además de acusaciones graves sobre el mal manejo del fuego.

“Hemos tenido situaciones con la DUAR, quienes nos intentaron hacer bajar del fuego. Están iniciando contrafuegos en lugares con mucho viento, prenden y se van. No dejan gente trabajando en el lugar ni están las aguas disponibles, y así fue como este fuego fue creciendo”, contó una brigadista de la zona a Página|12.

Por su lado, Gabriel Brizuela, guardaparque y delegado de ATE en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, explicó a este diario que “con la creación de estas unidades de élite (ETAC y DUAR), que han sido más marketing político que otra cosa, los cuarteles de bomberos voluntarios han sido desmantelados”. Y que esto se debe a que “el gobierno de Córdoba, que promueve un modelo extractivista” buscar armar una “puesta en escena para mostrar que se preocupa por resolver los incendios”.

Es caso de Lalo y la agresión a los bomberos

Hay dos casos que exponen estas tensiones de una manera contundente. Uno tiene que ver con la imputación de Lautaro "Lalo" Burgos, un vecino de San Marcos que fue detenido cuando intentaba ir con su camioneta a una zona afectada por el fuego para hacer un recambio de brigadistas en la zona y bajar nuevamente al pueblo a quienes desde hacía horas estaban trabajando.

Su abogado, Pablo Olmos, explicó a Página|12 que hasta hoy no terminan de entender los motivos del procesamiento, y que están esperando a la indagatoria para conocer las acusaciones en una causa cuya calificación penal es “lesiones leves calificadas”. Para el defensor, “existe un encono de la policía que ante cualquier circunstancia en la que puedan verduguear a esta gente, lo hace”.

Este no fue el único episodio de tensión con la policía. “El miércoles vieron a dos personas prendiendo fuego, llamaron a la policía y nunca llegó. Y vos perdiste la oportunidad de saber quién está prendido el fuego. Se van a encontrar con que existe un incumplimiento de deberes de funcionario público”, relató.

Como contracara está el ataque que recibieron los Bomberos Voluntarios de Valle Hermoso por parte de algunos vecinos, quienes rompieron los vidrios del autobomba con piedrazos. Según explicó el jefe del cuerpo, Fernando López, los agresores serían “propietarios de campos que no quieren que los bomberos ingresen a la zona”. Pero la escena aparece muy vinculada con estas tensiones.

La respuesta del Gobierno de Córdoba

El secretario de Seguridad de Córdoba, Ángel “Lito” Bevilacqua, explicó a Página|12 que los incidentes con vecinos ocurrieron en el lugar donde apedrearon a los bomberos y que “ahí hay un grupo de ambientalistas” a los que no se los dejó trabajar “para preservar a los vecinos a los que se les pide que acaten las ordenes” en una situación de riesgo.

Un argumento similar fue desplegado a este medio por Roberto Schreiner, bombero voluntario y vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo: “No se debe hacer un trabajo conjunto porque hay normas a completar, requisitos a cubrir. El índice de peligro es muy alto, es uno de los trabajos más peligrosos del mundo y nos complica todo el trabajo y la maniobra”.

“Por supuesto que los entiendo y conozco los malestares de los vecinos, porque tengo muchos amigos. Este es un problema de cambio climático. Nos da miedo, porque los autoconvocados andan con remeras y alpargatas, y no tienen idea (de cómo trabajar). El equipo nuestro sale un palo y medio. Mirá si no vamos a tener miedo que se nos queme un vecino, porque después imputan al que está a cargo de la jurisdicción”, añadió.