Cuatro sacerdotes del Opus Dei, máximas autoridades de esa institución católica de las últimas décadas en el país, serán llamados a indagatoria por los delitos de trata de personas y de reducción a la servidumbre, de acuerdo al pedido que hizo la Fiscalía que investiga la explotación laboral de casi medio centenar de mujeres durante años en esa organización.
La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, por los presuntos delitos que se les imputan a los religiosos en perjuicio de 44 mujeres --la mayoría de ellas niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución--, y de trata de personas en cuatro de esos casos, entre 1972 y 2015.
El pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas.
Los imputados son cuatro sacerdotes, tres de los cuales ocuparon el cargo de "Vicarios Regionales" y otro el de "Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres", dentro de la estructura jerárquica de la organización católica.
Según la investigación que lleva dos años, el proceso comenzaba con la selección de niñas y adolescentes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales alejadas de los centros de actividades de la organización, quienes eran dirigidas allí bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales.
Una vez ingresadas se las sometía a un régimen de "formación espiritual, profesional y laboral", y si mostraban vocación para ser "numerarias auxiliares" --categoría compuesta exclusivamente por mujeres-- eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres.
Una vez allí, debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, sin poder salir del lugar donde se consumaba la explotación, sometidas a distintos tipos de violencia. En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían.
Luego de haber sido captadas, las víctimas vivían en un estado de aislamiento total, sin acceso a medios de información como radio, televisión o diarios, y sin posibilidad de ver el exterior.
Días atrás, el Opus Dei negó las acusaciones. La institución mostró su preocupación por la "descontextualización completa acerca de la formación que recibieron algunas de las mujeres del grupo y de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei". "Se trata de una acusación totalmente falsa", se agregó en el mensaje.
A su vez, se subrayó que esa decisión de vida fue tomada de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las alternativas disponibles. El Opus lamentó que el conflicto "haya llegado a instancias judiciales". Sin embargo, consideró que esta investigación "es necesaria para aclarar las acusaciones". Justamente, ahora, quienes fueron jerarcas de la organización, deberán dar explicaciones ante la Justicia.
