El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó ayer la conciliación obligatoria por 10 días luego de que la empresa multinacional Dow anunciara por la mañana el cese de las actividades en su planta de poliuretanos, ubicada en Puerto General San Martín, y el despido de 40 trabajadores, que según el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) son, en realidad, 120. La firma global explicó en un comunicado que la decisión se corresponde con la “retracción de la demanda de poliuretanos en todo el mundo” y aclaró que no está relacionada “con el contexto actual de la Argentina ni de la provincia de Santa Fe”.

Dow Argentina ya había intentado cerrar su planta de Puerto San Martín en 2021, tentativa que fue postergada por la intervención del gobierno nacional. Ayer por la mañana, la empresa que opera seis plantas en Bahía Blanca (2 de etileno y 4 de polietileno)  comunicó que cesa la operación en Santa Fe, la única del país que produce poliuretanos.

“La medida alcanza a los 40 trabajadores de la compañía, quienes ya fueron notificados de la decisión de acuerdo con las leyes laborales argentinas”, sostuvo Dow Argentina en un comunicado. 

La firma explicó que “esta decisión, definitiva, nada tiene que ver con el contexto actual de la Argentina ni de la provincia de Santa Fe en particular”, sino con la caída de la demanda del principal producto que comercia a nivel global.

“La unidad productiva de San Lorenzo estuvo operando a bajas tasas de utilización como resultado de la marcada y constante retracción de la demanda de poliuretanos en todo el mundo”, fue la explicación que brindó la firma, para asegurar que igual determinación adoptó durante el último año en América del Norte, Europa y Asia.

Como consecuencia de la decisión de la compañía, un grupo de trabajadores se reunió ayer temprano frente al ingreso a la plata de Puerto San Martín. La patronal y la representación sindical de los operarios se reunió por la tarde en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia, que tras el encuentro dictó la conciliación obligatoria hasta el 14 de este mes.

“Nos volvemos a reunir el miércoles a las 8.30 y van a participar otros ministerios (además del de Trabajo), porque más allá de lo laboral se pierde una materia muy importante para otras industrias de la provincia”, dijo a Rosario/12 Mauricio Brizuela, titular del Soepu.

Explicó que la empresa aduce una “reestructuración a nivel global, y cuando preguntamos por qué no presentan un proceso preventivo de crisis, dicen que no atraviesan una crisis económica, sino que es una decisión global”.

La explicación de Dow es que importará el mismo producto que hoy se fabrica en Puerto San Martín desde su filial de Brasil, que llegaría al puerto de Zárate. Eso, según Brizuela, encarece la logística y el transporte a otras firmas de línea blanca y colchones, que se ubicaron en el Gran Rosario porque “tenían el insumo cerca”.

Por esa razón, el dirigente sindical apuesta a que el Ministerio de Producción participe en la reunión conciliatoria del miércoles en Trabajo y se involucre en el tema, que no comprende sólo “a las 120 familias que se quedan sin trabajo”.

Además, el secretario general del Soepu dijo que la diferencia entre los 40 empleados despedidos que contabiliza la empresa y los 120 que denuncia el gremio, radica en que hay 80 que, si bien “tienen las mismas condiciones, trabajan las mismas horas y cobran los mismos salarios, pertenecen a firmas tercerizadas”.

“Lo que planteamos es que, si quieren, vendan la planta, que hay inversores que quieren venir”, dijo Brizuela, y contó que Dow respondió que “no quieren que haya competencia”, ya que prevén la importación del insumo desde Brasil.

 

El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (Fas), Carlos Del Frade, consideró “irracional y perverso” el cierre de la planta química. Dijo que se realizó “sin planificación alguna, con sustancias combustibles peligrosas si no está en manos de gente preparada como son los 120 trabajadores bajo convenio”. 

En la misma línea, agregó que la decisión de Dow fue “igual que hace tres años, pero con mayor impunidad por la política de demolición de los derechos laborales que lleva adelante la administración (del presidente Javier) Milei”.