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Los genocidas que están presos en Campo de Mayo tienen un objetivo: llamar la atención. Si bien fueron los primeros en recibir visitas de funcionarios del gobierno y de diputados oficialistas, temen quedar olvidados a la vera de Dios. En julio crearon una cuenta de X en la que se hacen llamar Muertos Vivos y desde allí lanzan convocatorias, provocaciones e intimidaciones. El 8 de agosto –cuando el escándalo por el encuentro entre legisladores de La Libertad Avanza (LLA) ya estaba desatado– enviaron un mensaje desesperado para no caerse del mapa. “Vengan a visitar a los detenidos en la U34 y entrevisten a sus abogados. Redoblen la apuesta. Viva la libertad”, escribieron para que no queden dudas de su embanderamiento con el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Los destinatarios del pedido fueron Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro y Fernanda Araujo –cinco de los seis diputados que fueron a ejercitar su empatía con condenados por secuestrar, torturar, desaparecer y robarse a los hijos de sus víctimas,
Los Muertos Vivos se dieron a conocer públicamente el 1 de julio. Se presentan como jóvenes agentes del Estado que combatieron en los años ‘70. En sus textos combinan el entusiasmo por un gobierno que “pareciera comprender acabadamente los acontecimientos que ensombrecieron a la Argentina” con el temor a “quedar postergados en el tiempo".
Diez días después de su presentación en sociedad –que no tuvo demasiado rebote–, seis diputados de LLA fueron al Complejo Penitenciario VII de Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y compañía. La visita se conoció cinco días más tarde, gracias a una publicación de La Política Online.
En Campo de Mayo no quisieron quedarse fuera del evento. El 23 de julio, Gonzalo Sánchez le envió una nota a Ferreyra agradeciéndole su compromiso con la causa. La diputada ya había estado en la guarnición militar el 15 de marzo junto con Benedit. Después de esa visita, el diputado escribió en su Instagram que trabajaban por la “pronta liberación de todos los patriotas”. El "Chispa" Sánchez pasó largos años prófugo: lo extraditaron en 2020 desde Brasil para que sea juzgado por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Una semana más tarde, los genocidas aprovecharon su cuenta de X para reclamar una comisión investigadora sobre los “juicios arbitrariamente llamados de lesa humanidad”. Pretendían que el Congreso cite a los integrantes de la Corte Suprema, jueces y fiscales federales a declarar sobre sus causas. Su propuesta se presentaba como un espejo del reclamo de los organismos de derechos humanos, que pretenden que la Cámara de Diputados conforme una comisión investigadora para analizar la conducta de los seis legisladores que estuvieron en Ezeiza y que habrían sido parte de un plan de impunidad en el que también participaban abogados defensores, un exjuez de la Cámara Federal de Casación Penal y el cura Javier Olivera Ravasi –a quien los Muertos Vivos defendieron a capa y espada en sus declaraciones públicas.
Genocidas tuiteros
En una nota que le enviaron a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), los Muertos Vivos se definen como un grupo de reflexión. Esa carta lleva las firmas de varios de los integrantes del colectivo de criminales de lesa humanidad: Christian Federico Von Wernich (excapellán de la policía bonaerense), Emilio Morello (condenado a perpetua por su actuación en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes y exdiputado del MODIN), Carlos “Indio” Castillo (condenado a perpetua por los crímenes de la CNU en La Plata), Eduardo “Curro” Ramos (represor de Santa Fe condenado a perpetua), “Chispa” Sánchez (prefecto que actuaba en la ESMA), Ernesto Etchart (represor de Bahía Blanca que estuvo prófugo hasta 2022), Arnoldo “Chubi” López (represor de La Perla de Córdoba, condenado a prisión perpetua), Juan Daniel Amelong (represor condenado a perpetua que hasta aportó una propiedad de su familia, La Intermedia, para que se usara como centro clandestino de detención), Fernando Otero (CNU de Mar del Plata) y Jorge Blanco, un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) condenado a prisión perpetua por operativos hechos en La Plata en 1977.
Varios de ellos estuvieron en contacto el 7 de marzo pasado con dos funcionarios del Ministerio de Defensa que envió Luis Petri – el director de Derechos Humanos Lucas Miles Erbes y el subsecretario Guillermo Madero. Al menos, Sandoval, Amelong y el “Curro” Ramos les hicieron llegar sus reclamos tendientes a salir de la unidad penitenciaria.
Desde entonces es evidente que los represores se volcaron a mantener presente su reclamo en redes sociales. Desde que crearon la cuenta en X hicieron más de 800 publicaciones: es decir, casi 300 por mes. No todos son mensajes propios. Hay varios retuits. De los funcionarios nacionales el que más los entusiasma es Petri. Suelen compartir posteos de dos asesores del ministro de Defensa, Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal –que hicieron declaraciones públicas a favor de la visita de los diputados oficialistas a los genocidas. También distribuyen mensajes de Justicia y Concordia, el grupo de abogados que intervienen como defensores en causas de lesa humanidad y que integran, entre otros, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, dos activos participantes de las tertulias que organizaba Olivera Ravasi. Los Muertos Vivos suelen agradecerle a Cecilia Pando por su compromiso y se entusiasman con algunas publicaciones de Juan Bautista “Tata” Yofre, el actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
La cuenta de los Muertos Vivos se enfervorizó con el acto que hizo Victoria Villarruel en el Senado y en el que dijo que buscaría reabrir las causas contra los militantes de los años ‘70. Sin embargo, los genocidas presos en Campo de Mayo no demuestran demasiado apego con la vicepresidenta en las redes sociales. De hecho, llegaron a compartir mensajes que la cuestionan porque no les otorgaron la libertad.
El principal blanco de las críticas de los Muertos Vivos no es el gobierno sino el Poder Judicial. Acusan a miembros de la Corte, jueces y fiscales federales de haber sucumbido a las presiones del “falso relato de los derechos humanos”. Alegan que cometieron un “crimen de Estado” al haber reabierto las causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. La lista de los apuntados en el texto llamado “Justicia: La última esperanza” incluye a Gustavo Hornos (Casación Federal), Ariel Lijo (a cargo de la causa del Batallón de Inteligencia 601), Daniel Rafecas (a cargo de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército), Daniel Obligado (integrante del tribunal que juzga, entre otros, los crímenes cometidos en la ESMA) y Sergio Torres (exjuez federal a cargo de la megacausa ESMA).
En una de sus últimas declaraciones, los Muertos Vivos lanzaron un llamado a los militantes de los años ‘70 para el encuentro mientras dicen que han sido abandonados por sus superiores. Más allá del pataleo, lo cierto es que pasó septiembre y no hubo un acto multitudinario en Campo de Mayo, como habían pedido.
