Veinticinco personas, entre civiles y policías, acusadas de integrar la banda narco Los Monos serán juzgadas desde hoy en Rosario: doce de los imputados, entre ellos los cabecillas e integrantes de la familia Cantero, serán acusados por asociación ilícita junto a trece efectivos de fuerzas de seguridad imputados de brindarles información “secreta y reservada” para eludir el accionar judicial. En la previa del juicio ya comenzaron las primeras complicaciones: ayer los abogados defensores de los ocho detenidos por la causa presentaron un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención. Carlos Varela denunció que ocho miembros del clan fueron llevados al penal de Pérez para ser trasladados de lunes a jueves al Centro de Justicia Penal, donde permanecerán alojados. Los viernes serían regresados a ese mismo presidio, pero a buzones de castigo. “Estamos disconformes con esta decisión, mis defendidos estaban viviendo en un pabellón en la cárcel de Piñero y de repente sin consulta algunas los llevaron a buzones de castigo en el penal de Pérez. Agravaron sus condiciones de detención, sin dudas”, remarcó Varela que ayer presentó ante el juez Juan Andrés Donnola, un habeas corpus.
La mayor preocupación para las autoridades son los traslados de ocho personas imputadas, calificados de presos de alto perfil. Se trata de Guille Cantero, Monchi Cantero, Ariel “Viejo” Cantero, Emanuel Chamorro, Leandro Vilches, Walter Daniel Jure, Mariano Salomón y Andrés “Gitano” Fernández. Para esos acusados, el Ministerio de Seguridad acondicionó como pabellón un subsuelo del Centro de Justicia Penal a fin de limitar los desplazamientos desde y hacia la cárcel de Piñero los fines de semana.
Sin embargo, el abogado Varela sostuvo que “eso es una locura porque quieren que vivan en un habitáculo de dos metros cuadrados hasta diciembre”. “Quieren hacer de un lugar de detención transitorio uno permanente”, manifestó en relación a las celdas que se encuentran en el nuevo Centro de Justicia Penal de la ciudad.
Según reveló Varela, la respuesta a este pedido “debería salir en el transcurso del lunes, pero seguramente se estirará hasta el martes mismo”.
Los acusados fueron procesados en 2014 por el juez penal Juan Carlos Vienna como miembros de una asociación ilícita que tuvo por objetivo la comisión de múltiples delitos como extorsión, lesiones, daños, amenazas, tenencia ilegal de armas y cohecho.
Según el fallo, el “objeto fundacional, prioritario y aglutinante de la banda investigada es lo que podría denominarse como ‘el negocio de la violencia’, que en ella preexiste y es presupuesto de todo otro negocio”.
Cinco de “Los Monos” también enfrentarán cargos por tres causas de homicidios ocurridos en 2013, con cinco víctimas, cometidos en presunta venganza por el crimen de Ariel “Pájaro” Cantero, el líder de la organización baleado el 26 de mayo de 2013, recordaron los fiscales.
Entre ellos está otro de los jefes del clan, su hermano Ariel Máximo “Guille” Cantero, acusado junto a tres lugartenientes del crimen de Diego “Tarta” Demarre, dueño del boliche en cuyo ingreso fue asesinado el Pájaro. Otro de los cabecillas del grupo, Ramón Ezequiel Machuca, conocido como “Monchi Cantero”, llega al debate oral imputado como instigador del asesinato de una chica de 14 años cuya vivienda –donde funcionaba un bunker– fue baleada.
La otra causa por homicidio contra Monchi lo tiene imputado como instigador de un triple crimen ocurrido dos días después del asesinato del Pájaro, motivado en una presunta venganza, precisaron los acusadores. Los expedientes por homicidios son los que inquietan a “Los Monos”, puesto que podrían ser condenados a penas de 25 años de cárcel.
En la causa por asociación ilícita están imputados “Guille” Cantero (como organizador), Ramón Machuca y el antiguo jefe de la banda y padre del primero, Ariel “El Viejo” Cantero. También varios lugartenientes de la organización así como la pareja de Machuca, Silvana Gorosito, y la ex del Pájaro, Lorena Verdún, en ambos casos por asociación ilícita y encubrimiento. El resto de los imputados son once policías santafesinos, un agente de Prefectura Naval y otro de la Policía Federal, que serán juzgados por encubrimiento, complicidad y en algunos casos cohecho.
