El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desconoció las críticas hacia el régimen de excepción instalado en su país, como parte de la denominada “guerra antipandillas”, con una grave acusación contra la ex alta comisionada de la ONU sobre derechos humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Desde un foro en Antigua Guatemala, al sur de la capital guatemalteca, Bachelet dijo que los derechos humanos "se han violado" en la "guerra" contra las pandillas en El Salvador.

En su discurso, la expresidenta chilena consideró que "cuando uno no respeta (el debido proceso), es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel... claro, la gente dice '¡Oh!, qué eficiente', que es el caso de El Salvador".

"Pero la verdad es que allí se han violado los derechos humanos. No ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas", fustigó en un evento organizado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Como en otras oportunidades, Bukele respondió las acusación hacia su régimen de excepción con nuevas acusación. Para él, los organismos de derechos humanos, como el que estuvo bajo la dirección de Bachelet, solo defienden los derechos de los criminales.

"Es interesante darse cuenta de que estos organismos de 'derechos humanos' en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales", dijo Bukele en alusión al cargo en la ONU que ejerció la expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018).

Bukele recordó que Bachelet cuando "fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015 (el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo) y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces".

"Ahora critica a El Salvador, cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental", afirmó el gobernante.

Desde marzo de 2022, rige en El Salvador un régimen de excepción que anula garantías y derechos en nombre de la denominada por el gobierno de Bukele como la “guerra contra las pandillas”. Este régimen permite arrestos sin orden judicial.

Unas 82.000 personas fueron arrestadas durante este período, tiempo en el que se multiplicaron las denuncias de las organizaciones de derechos humanos por los abusos y las condiciones de detención.