Entre enero y septiembre, la caída en términos reales del gasto público, equivalente a la magnitud del ajustazo fiscal que lleva adelante el Gobierno nacional, se ubicó en el 30 por ciento. La merma estuvo impulsada por la paralización de la obra pública y la reducción de subsidios y jubilaciones, informó la consultora Analytica.
Sin embargo, no todos las oficinas públicas pierden: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que "dentro de un contexto de fuerte ajuste, sobresalen los incrementos interanuales reales de 216 por ciento para la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, la cual ejecutó nada menos que casi 108 mil millones de pesos acumulado durante el año; así como del 18 por ciento de incremento en el caso del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que lleva gastado 22 mil millones de pesos durante 2024. Paralelamente, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 12 por ciento del total de gastos".
El ajustazo
En septiembre, las partidas que registran mayor grado de recorte respecto del mismo mes del año pasado con la obra pública (-73,1 por ciento), las transferencias a provincias (-58,1 por ciento) y el gasto en programas sociales (-47,4 por ciento)", midió Analytica. Agrega que "dentro de las transferencias a provincias se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y en septiembre no se registró ninguna transferencia bajo este concepto". En tanto, la caída en jubilaciones fue de 20 por ciento en el año y de 9,3 por ciento en septiembre. En el caso de los envíos a las provincias, la baja acumulada en nueve meses es del 74,2 por ciento.
Dicho informe analiza que en educación el gasto de septiembre se redujo un 56,1 por ciento interanual real y en los primeros nueve meses la caída es del 48,6 por ciento comparado con el mismo período del año pasado. "Uno de los programas más relevantes de la cartera educativa en 2023 era el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que representó un 14 por ciento del gasto total del Ministerio el año pasado y un 76 por ciento de las transferencias a provincias con fines educativos, para mejorar los salarios docentes. Con el decreto 280/20242 el programa quedó suspendido y desde junio no se registran gastos devengados, así en los primeros nueve meses en términos reales se redujo 90,4 por ciento", dice la consultora.
El Estado bobo
La magnitud del ajuste convierte al sector público en un auténtico "Estado bobo", sin capacidad de respuesta para atender las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, al analizar el gasto por organismos públicos, dice el CEPA, se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-67 por ciento), ANMAT (-19 por ciento), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-29 por ciento) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15 por ciento). En el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, del cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, el ajuste interanual es de casi el 20 por ciento
En el caso de la ANSES, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al -18 por ciento respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 65 por ciento en el INAES; y del 41 por ciento en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
En un contexto recesivo y de caída de ingresos, los programas de Desarrollo Social no tienen el financiamiento necesario. El programa Potenciar Trabajo recorta un 79 por ciento de su ejecución. Situación similar vive el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, con una caída del 79 por ciento. Finalmente, el programa de Comedores Comunitarios y Merenderos sufre un ajuste real superior al 85 por ciento.
"En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene un recorte del 96 por ciento, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae un 89 por ciento. Otros organismos como el INTA e INTI también tienen caídas en su ejecución presupuestaria", calcula el CEPA.
