A 40 años del robo a los Tribunales provinciales, de donde un grupo comando sustrajo la incipiente “causa Feced” que investigaba los crímenes de la dictadura en Rosario, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) realizará mañana y pasado dos actividades para conmemorar el hecho que el año pasado derivó en una condena, bajo la idea de “concientizar que puede existir terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad aun en períodos democráticos”, dijo a Rosario/12 el fiscal Juan Patricio Murray.
“La idea es conmemorar los 40 años de este hecho, pero con alguna proyección hacia el presente”, sostuvo Murray, quien es integrante del sindicato judicial cuyo secretario general, Julio Piumato, participará de una de las actividades recordatorias.
El fiscal de causas por delitos de lesa humanidad agregó que el objetivo de las acciones consiste en “tratar de concientizar desde el sindicato, a los judiciales en particular y a la población en general, que puede existir terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad en períodos democráticos”.
En esa línea, Murray señaló que “hay que tener mucho cuidado en cómo debe ejercerse el control sobre los servicios de Inteligencia de un gobierno, para que no ocurran cosas como esta, durante un gobierno elegido por el voto popular”.
El robo
En la madrugada del 8 de octubre de 1984 un grupo comando armado ingresó al edificio de los tribunales de Rosario y a una vivienda ubicada en Dorrego al 1600, de donde robó la documentación de la primigenia “causa Feced” y la prueba secuestrada por un juez.
El expediente se había iniciado a raíz de la información recabada por la delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), y estaba en manos del entonces juez de instrucción Francisco Martínez Fermoselle.
El magistrado había ordenado una serie de allanamientos en Santiago 1252; el tercer piso de Córdoba 1790; el departamento 17 del monoblock 31 del “barrio Fonavi”; una casa donde funcionaba una agencia de seguridad situada en Rioja 4941; un departamento de calle Urquiza 1091; otro en Cerrito 737; el cuarto piso del edificio de San Lorenzo 1761; y una vivienda de Dorrego 1638.
La policía secuestró en esos allanamientos armas y municiones, documentación –incluidas fotografías, fichas dactiloscópicas y unos 100 casetes– con datos de diferentes personas, tanto de víctimas cuanto de posibles autores de delitos durante la última dictadura.
El grupo de Inteligencia también ingresó aquella madrugada, a 10 meses de la recuperación democrática, a una vivienda de Dorrego al 1600, a pocas cuadras de Tribunales, donde el juez Martínez Fermoselle había dispuesto la presencia policial para custodiar la documentación secuestrada allí mismo, y evitar su traslado al Palacio de Justicia local.
Verdad jurídica
Hasta el año pasado, la ausencia de sanción judicial y la carencia de detalles sobre la operación, habilitaba suposiciones acerca del hecho que, finalmente, cedieron con la sentencia a cuatro años de prisión al ex jefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército de aquél entonces, Héctor Fructuoso Funes.
Murray recordó que, en esa sentencia, a la que se arribó mediante un juicio abreviado, Funes “reconoció haber diagramado ese hecho por órdenes recibidas de la superioridad del Ejército Argentino”. Es decir, ya no era “una patota” inorgánica sino el Estado por medio de unas de sus instituciones.
Por lo tanto, continuó, “no fue un acto individual sino la ejecución de una Operación Especial de Inteligencia (OEI) diagramada por órdenes de superiores a Funes”.
“Y también él reconoce que se ejecutó con personal a sus órdenes del Destacamento de Inteligencia 121, lo que nos permitió continuar con la investigación sobre los autores materiales del robo a Tribunales”, explicó el fiscal, para quien la sentencia judicial permitió establecer que quienes robaron la documentación “no era mano de obra desocupada, sino bien ocupada”.
En un comunicado de la UEJN, por el que convoca al recordatorio, el sindicato señala que “lo expuesto es una muestra cabal de cómo puede existir terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad aún en períodos democráticos, y cómo pueden actuar los organismos de Inteligencia en gobiernos elegidos por la voluntad popular cuando no se los somete a un debido control”.
No olvidar
A 40 años de aquellos hechos, y en un contexto político que relativiza lo ocurrido durante la última dictadura y procura la impunidad de sus ejecutores, el sindicato de judiciales junto al Museo de la Memoria de Rosario y el Espacio de Memoria del exServicio de Informaciones (SI) de la Policía, donde funcionó el principal centro clandestino de detenciones de la ciudad, organizó dos actividades para rememorar el hecho y “concretar el Nunca Más”.
La primera tendrá lugar mañana desde las 18 en el Museo de la Memoria, ubicado en Córdoba y Moreno, donde funcionó la sede del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
La segunda se realizará el miércoles a las 14 en el excentro clandestino “El Pozo”, situado en la ochava de San Lorenzo y Dorrego.
“La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación conmemora estos hechos a 40 años de su ocurrencia con visitas los días 9 y 10 de octubre a los lugares desde donde se pergeñaron estos atentados, hoy sitios de Memoria”, señaló la entidad gremial a través de un comunicado.
La organización invitó a empleados, funcionarios y magistrados del sistema de Justicia y al público en general a las visitas. En la del miércoles, explicaron, estará presente el secretario general y secretario de DD.HH. de la CGT, Julio Piumato.
