El Gobierno nacional publicó un documento con el detalle de las obras del plan de inversión en infraestructura vial a través del Programa de Participación Público-Privada (PPP). Se prevé que casi toda la porción de vialidad nacional que funciona bajo el sistema de concesión pase al esquema de participación público privada. El Ejecutivo defiende el sistema de PPP porque argumenta que “incentiva al contratista a finalizar las obras con mayor calidad y en menor tiempo”. Desde la oposición critican que las empresas pueden dirimir juicios en tribunales internacionales al tiempo que las exime de cumplir con gran parte del marco regulatorio vigente. Un informe de David Hall, director fundador de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos en la Universidad de Greenwich, critica el sobrecosto y el incumplimiento de plazos en este tipo de acuerdos.
La primera etapa del Plan Vial Federal (2015-2019), que coincide con el período de gestión actual del presidente, Mauricio Macri, consiste en la inversión de 12 mil millones de dólares en la construcción de autopistas y rutas y rehabilitación de caminos. Hasta ahora el Gobierno finalizó 254 kilómetros de autopistas y tiene otros 1190 en estado de ejecución.
Según los números oficiales, la red vial dependiente del Gobierno nacional en 2015 era de 40 mil kilómetros, que pasarán a 40.332 kilómetros para inicios de 2018. El año que viene comenzará a funcionar el sistema de PPP a través del cual el oficialismo pretende dar fuerte impulso al plan de mejora de la infraestructura vial. Se reducirá sustancialmente la porción de la red concesionada (de 25 a 4 por ciento) y los programas de participación público-privada representarán el 18 por ciento del total.
Desde Vialidad esperan que en febrero de 2018 sea la presentación de ofertas de la primera etapa del PPP y que en abril se concrete la toma de posesión. Esta primera etapa supone obras en las rutas nacionales 3 y 226 (Mar del Plata-Olavarría y Las Flores-Coronel Dorrego) con una inversión estimada en 984 millones de dólares. Las obras en la ruta nacional 5 (Luján-Santa Rosa) ascienden a 989 millones de dólares y las rutas nacionales 7 y 33 (Luján-Mercedes y otro tramo en Mendoza), a 631 millones. También hay tareas previstas sobre las rutas 9, 11, 34, 193, A-008 y A-012 en la zona de Campana hasta Rosario por 1342 millones y en la autopista 9 Rosario-Córdoba y la ruta 33 de Rosario a Rufino por 1114 millones de dólares. Por último, están las obras en la autopista Riccheri, Av Jorge Newbery, autopista Ezeiza-Cañuelas y las rutas 3 y 205 (de Cañuelas hasta Las Flores y Saladillo) por 975 millones de dólares.
La presentación de ofertas de la segunda etapa se realizaría en mayo del año que viene y en junio se cerraría la toma de posesión. Esta etapa contiene obras por 1063 millones de dólares en las rutas 8, 36 A-005, 158 y 188 (norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe). Se prevé invertir 1039 millones en las rutas 12 y 16 entre Roque Saenz Peña (Chaco) y Puerto Iguazú (Misiones) y 991 millones en las rutas 34, 9, 66 (desde el norte de Santa Fe hasta San Salvador de Jujuy). Habría 778 millones en las rutas 19 y 34 (Santa Fe y Córdoba), 638 millones en rutas de la zona de Bahía Blanca y 278 millones en caminos de la región de Cuyo. La presentación de ofertas de la tercera etapa será en septiembre de 2018 y en noviembre la toma de posesión y contiene obras en el Camino del Buen Ayre (500 millones de dólares), el puente Paraná-Santa Fe (650 millones) y el puente Chaco-Corrientes (700 millones de dólares).
El Ministerio de Finanzas que dirige Luis Caputo publicó un documento donde establece algunas pautas para la confección del contrato de PPP, que tendrá una extensión de quince años, con un plazo previsto para la finalización de las obras de cuatro a cinco años. Caputo detalla que los títulos de repago de los fondos invertidos por el privado se emitirán trimestralmente en dólares contra certificado de avance de la obra mientras que los ingresos del contratista provendrán del pago de los peajes por parte de los usuarios y de la recaudación del impuesto al gasoil.
Según Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de Economía y actual director de la consultora PxQ “la asociación público-privada dista de ser una novedad en la región. Estas iniciativas comenzaron a aplicarse a inicios de los `90 como uno de los componentes del Consenso de Washington. A diferencia de lo que dice el Gobierno, la canalización de la inversión pública a través de este tipo de esquemas resultó en un incremento del endeudamiento externo por encima de lo necesario, afectó los ingresos fiscales debido a las exenciones exigidas por los inversores externos, los proyectos mostraron mayores costos de ejecución y se incrementaron los pasivos contingentes”. “Se abre la puerta a la participación de organismos como el Ciadi, que se destaca por fallar sistemáticamente en contra de los países en desarrollo”, agrega el diputado nacional (FpV) Carlos Heller.
