La reducción de las contribuciones patronales prevista en el proyecto de reforma tributaria resultará en una transferencia de ingresos de la seguridad social hacia el sector privado por hasta 153 mil millones de pesos en 2022. El beneficio será apropiado por grandes empresas y multinacionales: 45 de cada 100 pesos quedarán en las arcas de las compañías con más de 200 trabajadores que representan el 1 por ciento del total de los empleadores del país. Las firmas con menos de nueve trabajadores que explican el 89 por ciento del empresariado nacional recibirán apenas 19 de cada 100 pesos. “Queremos reducir el costo de contratación de los trabajadores menos calificados para promover su ingreso al mercado laboral formal”, expresa el texto redactado en el Palacio de Hacienda al defender la rebaja generalizada de las cargas sociales a todas las empresas sin condicionalidades ni contraprestación alguna. Supermercados, bancos, tiendas de ropa y cadenas de electrodomésticos, serán los rubros más beneficiados por la creación del Mínimo No Imponible para el pago del impuesto. Las grandes cadenas comerciales serán beneficiarias de un descuento cercano al 40 por ciento en el monto que abonarían al sistema de seguridad social en caso de mantener el régimen vigente. El beneficio sectorial representa alrededor de 15.600 millones de pesos anuales que el sistema de seguridad social dejará de percibir, una suma equivalente a financiar a cerca de 180 mil jubilaciones mínimas de hoy durante un año. 

El análisis de la propuesta incluida en el proyecto de reforma tributaria fue elaborado por un equipo multidisciplinario de economistas, abogados y sociólogos que asesora al legislador porteño y ex ministro de Trabajo Carlos Tomada. Los investigadores que realizaron un pormenorizado estudio de los cambios previstos sobre las relaciones laborales no desconocen la necesidad de adecuar regulaciones ni la existencia de (escasos) elementos favorables sin embargo advierten que “el texto está orientado fundamentalmente a una flexibilización de las normas de trabajo, precarizando las condiciones laborales de los trabajadores registrados”. Desde la perspectiva de los investigadores, las acciones como la rebaja de las contribuciones patronales propuestas se basan “en una promesa no validada por la teoría ni la evidencia empírica de que el incremento en la rentabilidad empresaria resultará en un crecimiento del empleo y la actividad económica”. En cambio, advierten, “la aplicación de estas iniciativas produce consecuencias graves en la generación de recursos propios para el sistema de seguridad social, afectando los derechos de los trabajadores”, sostiene el documento elaborado por los especialistas Diego Schleser, Juan Manuel Ottaviano, Matias Maito, Clarisa Soto y Juan O’Farrell.

El proyecto oficial propone crear un Mínimo No Imponible para el pago de las contribuciones patronales que exime a todas las empresas del impuesto para los 12.000 pesos de remuneración bruta mensual actualizables por el IPC. La iniciativa se completa con una rebaja en las alícuotas que pagan los empleadores. La normativa establece que los cambios se implementarán de manera gradual hasta 2022. El equipo de expertos dirigido por Tomada estima que el próximo año la recaudación por contribuciones patronales experimentará una caída del orden del 7 por ciento, una pérdida cercana a los 29 mil millones de pesos. 

“Las políticas de reducción de contribuciones patronales han tenido magros o directamente nulos impactos sobre la generación de empleo y la disminución de la informalidad laboral. El principal efecto de estas iniciativas parece haber sido el desfinanciamiento del sistema de seguridad social y la simultánea transferencia de cuantiosos recursos por parte del fisco hacia las empresas”, explican los investigadores. Considerando el esquema de aumento del MNI y los cambios en el valor de la alícuota, la contracción de la recaudación en concepto de contribuciones patronales llegaría al 21 por ciento en 2020 y al 36 por ciento en 2022. La mayor parte de los recursos, 62 de cada 100 pesos que cederá el Estado, serán apropiados por firmas de más de 50 trabajadores. 

Con los cambios propuestos por el ejecutivo, la alícuota que efectivamente tributarán las empresas al sistema de seguridad social pasará en promedio del 17 al 11,1 por ciento que implica una reducción de hasta 5,9 puntos porcentuales (como el proyecto propone eliminar una normativa vigente que permite computar una parte de la alícuota como crédito fiscal del IVA la reducción total para quienes hoy se benefician de ese esquema sería de 3,5 por ciento). En tanto, las grandes empresas de servicios son beneficiadas en el proyecto por una reducción adicional de la tasa general que se le sumará al descuento generado por la aplicación del MNI. En su caso la alícuota de contribuciones efectiva caerá de 21 a 13,2 por ciento en 2022, una rebaja de 7,8 puntos porcentuales (5,3 por ciento si se descuenta el beneficio por IVA).