Desde La Vigil cuestionaron y apelaron el rechazo del juez federal Marcelo Bailaque a que sea querellante en la causa que investiga responsabilidades de exfuncionarios del poder judicial durante la última dictadura. En ese sentido, manifestaron preocupación y presentaron un recurso en la Cámara Federal para que se "habilite a la comunidad de La Vigil a formar parte del proceso", señalaron sobre la causa que está en etapa de instrucción.
Se trata de un expediente de 2018, caratulado Tschopp (en relación a uno de los exfuncionarios judiciales que involucra el caso) que investiga "cómo la justicia omitió seguir investigando tanto en la tramitación de habeas corpus como en la aplicación de las leyes que prohibían la actividad política en la dictadura. Era una respuesta mecánica, formal, que entendemos que solo tendía a cubrir sus propios pasos a sabiendas de lo que estaba ocurriendo. Considerando que era el último eslabón del Estado donde se podía intentar poner un límite a los delitos que estaba cometiendo el propio Estado, entendemos que es gravísimo", detalló la abogada Gabriela Durruty.
En ese marco, se está discute quiénes serán parte de la causa. Hasta el momento son querellantes "la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Secretaría de DDHH e Hijos, que son quienes la inician. Y Vigil, como hay numerosos integrantes que resultaron víctimas, también se presentó", dijo la letrada. Sin embargo, "en lo que constituye una decisión difícil de comprender, Bailaque ha excluido a La Vigil de la causa en la que se investiga la responsabilidad de quienes integraron el servicio de justicia dictatorial que se encargó de desguazarla".
En un comunicado, la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil sostuvo que "la medida sorprende por cuanto, el mismo magistrado en su oportunidad habilitó a la institución en la causa Feced III y IV, pudiendo entonces exigir las condenas que hoy nos enorgullecen".
Parte de la resolución expresa que "si bien eventualmente los hechos pudieron afectar a personas vinculadas a la actividad científica y académica en esta ciudad, ello no se corresponde con el otorgamiento de la legitimación para actuar como parte querellante". Al respecto, Durruty considera que "es claro que estas personas fueron víctimas en tanto integrantes de Vigil, no por otro tema. Es por es eso que creemos que se encuentra acreditada la condición de víctima de la institución".
En la apelación, agregan: "El secuestro de la comisión directiva tuvo como objetivo primero intervenir la institución utilizando como fundamento la ausencia de la comisión directiva y en segundo lugar impedir que las personas legitimadas para hacerlo pudieran presentarse en el expediente liquidatorio para presentar pruebas que daban cuenta de la ilegalidad de la intervención. Generando así una lesión específica y no un simple perjuicio".
En el marco del reclamo, también hicieron un pedido de revocatoria al propio magistrado, que ayer respondió sin hacer lugar. Por lo que ahora se espera el dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones.