"Los delincuentes nacen y mueren delincuentes", "no conozco a uno que se haya reinsertado en la sociedad", "van a terminar muertos cuando enfrenten a la policía". Las frases pertenecen al jefe de la Policía tucumana, Joaquín Girvau. El líder policial del gobernador Osvaldo Jaldo las repartió a distintos medios locales esta semana para justificar una serie de megaoperativos "preventivos" y "antidrogas" que terminaron con al menos 200 personas aprehendidas. Organismos de derechos humanos locales denuncian que las operativos fueron "razzias", que las declaraciones buscan "respaldar la violencia policial" y que Tucumán se está transformando en sitio de "avanzada nacional de un plan de represión sistemático".
Los megaoperativos se llevaron a cabo el viernes y sábado en diversas barriadas populares de la capital tucumana y otros puntos de la provincia. Se trató de operativos de "prevención" por "narcomenudeo" en los que, según confirmó el propio jefe policial al medio LV12, hubo "200 personas detenidas, muchas por causas procesales". El sábado quedaron detenidas sólo dos personas con siete kilos de cocaína.
Girvau siguió con su raid mediático y fue consultado sobre los operativos por el medio Los Primeros, de San Miguel del Tucumán: "No nos va a temblar el pulso a la hora de actuar, no debeos retroceder un paso en las villas y en cada barrio, que sepan que van a terminar muertos cuando enfrenten a la policía", dijo. El comisario confirmó que los operativos "preventivos" seguirán "cada vez con más frecuencia". El gobernador Jaldo lo equipó para eso: en las últimas semanas incorporó 4.500 chalecos, 100 motos, 53 camionetas, además de pistolas, escopetas y municiones para utilizar en los allanamientos.
Fernando Korstanje integra la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), mecanismo local del Comité Contra la Tortura nacional, y pasó la noche del viernes de recorrida por diversas comisarías de Tucumán. "Estuve hasta las dos de la mañana visitando lugares. Hubo más de 200 detenciones y pudimos recabar 40 testimonios. Entraron a las casas a patadas con allanamientos ilegales para hacer secuestros sin mediar palabras", contó a Página 12.
"Son razzias. Se llevan motos, televisores, bicicletas y dinero, en algunos casos incluso caballos de la gente que hace changas. Detienen a la gente primero y después averiguan los antecedentes, si no tienen pedido de captura les hacen una contravención y las sueltan. Nosotros presentamos habeas corpus y ahí se apura la policía a liberarlos, entonces el juez dice que el planteo se declara abstracto porque ya no hay nadie preso. Es un juego del gato y el ratón que hace la policía constantemente, impidiendo que el Poder Judicial se meta en el asunto", relata.
No contento con sus primeras declaraciones, Girvau esgrimió una teoría sobre la reincidencia y la reinserción social de los detenidos: "No estamos para andar preguntándole al delincuente ‘¿usted se va a reinsertar en la sociedad?’. Son delincuentes, nacen y mueren delincuentes. En 34 años de servicio no conozco a uno que se haya reinsertado en la sociedad", aseguró Girvau y añadió que "después tienen hijos que son delincuentes, sin dudas que van a reincidir porque no saben hacer otra cosa que delinquir".
No es la primera vez, sin embargo, que el jefe policial se expresa en un sentido similar. Lo viene haciendo desde su asunción en el cargo, a fines del año pasado, y desde entonces diversos organismos de derechos humanos de Tucumán alertan sobre la aceleración de la política manodurista en una provincia con larga historia represiva. Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) emitió un informe en este sentido en el que advirtió que sus dichos "implican respaldar la violencia policial, en la cual esta policía que él conduce ha incurrido en numerosas ocasiones, con un lamentable saldo de muertes absolutamente injustas y evitables".
En el informe, ANDHES enumera una larga lista de víctimas de la represión policial que se acumulan sólo en los últimos trece años: Ismael Lucena, María José Gordillo, Adrián Astorga, Miguel Reyes Pérez, Facundo Ferreira, Alexis Noguera, Luis Armando Espinoza, Walter Ceferino Nadal, José Alberto Gallardo, Cristian Legname, Lucas Delgado y Franco Ezequiel Almirón. Todo en la provincia del Operativo Independencia. Para ANDHES, las declaraciones del jefe policial, y sus políticas en las calles, "lejos de promover la racionalidad, la sensatez y el apego a la ley que se comprometió a proteger, alientan el exceso y amplifican los riesgos y los daños".
Korstanje advierte en este sentido sobre diversos hechos que se fueron produciendo en los últimos meses, más allá de los operativos en los barrios, como la brutal represión a las manifestaciones el día de la firma del Pacto de Mayo en la provincia. Sostiene que "Tucumán es la avanzada nacional de un plan de represión sistemático al pueblo, en este caso a la población vulnerable".
La cercanía de Jaldo con Javier Milei también se evidencia en su política de seguridad y quedó reflejada en la participación del gobierno provincial en las reuniones que la ministra Patricia Bullrich encabezó la semana pasada con el equipo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. De ellas participó el ministro de Seguridad tucumano, Eugenio Agüero Gamboa, que tras ello incluso sostuvo que "nuestro plan es similar al que aplicó Bukele", según consignó el medio local La Gaceta.
Si se trata de las violaciones a los derechos humanos en los centros de detención, el panorama sí parece ser similar. Su crítica situación es uno de los puntos que precisamente viene denunciando Korstanje en la comisión contra la tortura. "Las comisarías tienen más presos que las cárceles del servicio penitenciario y en una situación de hacinamiento donde la persona que se acerca no vuelve a ser la misma nunca", advierte. Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Tucumán es la segunda provincia argentina con mayor porcentaje de presos en comisarías después de La Pampa.
El integrante de la CPPT fue víctima a fines de julio de un hecho de violencia policial cuando intentaba inspeccionar las condiciones de la Comisaría N°1. Según denunció un policía le pegó una trompada en el rostro y lo empujó amenazándolo con "meterte el celular en el culo". El hecho motivó el repudió de la Red Federal Contra la Tortura y la visita de integrantes del comité nacional a la provincia.
