El senador por San Lorenzo Armando Traferri fue acusado ayer por tres fiscales del MPA por ser el jefe de una asociación ilícita, por cohecho, tráfico de influencias y otros delitos para dar protección al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti del que obtuvo al menos 200 mil dólares. El equipo de fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina lo responsabilizan por los delitos de jefe de una asociación ilícita; partícipe primario en la organización y explotación de juego de azar ilegales sin contar con la debida autorización legal; tráfico de influencias y otro hecho igual agravado por hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del poder judicial y ante funcionarios del ministerio público de la Acusación; negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y peculado de caudales públicos. Tras una maratónica jornada que comenzó a las 14, la jueza Eleonora Verón dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9 donde dará a conocer su resolución. 

En la audiencia imputativa el equipo de fiscales le atribuyó ser jefe de una asociación ilícita que estaba destinada a dar cobertura al juego clandestino en la provincia y de ocultar las ganancias del mismo, asegurando a tal actividad, como así también a los miembros de su organización protección tanto política como judicial. Esto último sobre todo en materia de Justicia penal, "habiendo logrado infiltrar al MPA en la ciudad de Rosario, protección que dispensó o procuró a sus miembros incluso después de que fueran detenidos”.

Para la acusación, “la organización contaba con diferentes miembros que cumplían roles específicos y determinados que iban desde la gestión de juegos de azar y su recaudación (donde sobresale la figura de Leonardo Peiti), la recaudación a nivel político (a cargo del fallecido secretario legislativo de la Cámara de Senadores de Santa Fe y del propio Traferri), y la gestión de cobertura judicial, especialmente en el ámbito penal (esto, principalmente a través de Ponce Asahad, Serjal y Ugolini), como así también personas que concentraron esfuerzos para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino (así, Darío Scataglini, José Fernández Chemes, Oscar “Popi” Larrauri y Nicolás Enjamio) entre otras personas bajo investigación; y sin perjuicio de requerir –la asociación ilícita- la colaboración de terceras personas que, sin ser miembros activos de la organización criminal, podían prestar una colaboración circunstancial (como sería el caso de la médica psiquiatra Liliana Moriconi)”, expresaron los funcionario judiciales según lo informado por voceros del MPA.

En la causa se describe que esta “organización tenía una doble finalidad: la de usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal; y, en segundo lugar, la de obtener la concesión del juego online en la provincia través del sistema VLT (Virtual Lottery Terminal – terminales virtuales de lotería), objeto que se incorporaría a posteriori y que pasaría a cobrar más relevancia en la época de la pandemia por Covid-19 ante la necesidad de seguir incorporando ingresos en un contexto de pandemia. Esos objetivos, que fueron los principales, contaron con una finalidad secundaria pero necesaria que fue la de proveer a blindar esa actividad asegurando la impunidad”.

Uno de los delitos por los que quedó acusado Traferri fue por peculado de caudales públicos en referencia a un subsidio que entregó a la Asociación Civil Palabra Mayor de Casilda. Los fiscales llegaron hasta esta organización debido a que las pruebas recolectadas determinaron que “personas vinculadas a ésta habían obrado en favor de Peiti para que obtuviera la internación en una clínica de salud mental y así evitar la prisión preventiva en una cárcel común en procura del menor daño posible a sabiendas de que podría declarar en su contra”, por Traferri. Es que la psiquiatra que firmó su internación figuraba como la presidenta de dicha asociación civil.A raíz de que el subsidio fue en septiembre de 2021, los fiscales también tomaron que la asociación ilícita finalizó luego de esto.

La audiencia judicial es la primera a la que se presenta el legislador provincial, quien durante cuatro años resistió comparecer ante los dos fiscales que primero lo investigaron, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Traferri siempre afirmó que los fiscales previos habían seguido de modo malicioso el libreto del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain en el marco de una interna del justicialismo y lo habían acusado por eso de modo injusto. A los nuevos fiscales en ese caso les podría endilgar lo mismo porque la acusación formal contra el senador fue idéntica. 

Esta imputativa se dio después de una larga disputa legislativa y judicial, ya que en octubre del año pasado, el Senado de Santa Fe aprobó el desafuero del senador. Semanas antes, el propio legislador había puesto su inmunidad parlamentaria a consideración del cuerpo, luego de conocerse la denuncia contra el fiscal Matías Edery, quien lo investigaba por supuesta complicidad con el juego clandestino.

Los acusadores mostraron evidencia de reuniones entre Peiti y Traferri indicativos de la recepción de dinero. Era toda evidencia rendida en el pasado por los fiscales removidos de la investigación. También remarcaron que el senador mintió a la Justicia al declarar que había conocido a Peiti en 2020. La evidencia expuesta indica que se comunicaban reiteradamente desde 2017. Pero que en realidad se habían conocido en 2015 y que los presentó el entonces secretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco.