Las responsables del Equipo de Atención a situaciones de violencia de género de la Universidad Nacional de Rosario presentaron un pedido de intervención al rector Franco Bartolacci para que suspenda el concurso convocado para ocupar esos cargos, que ocupan desde junio de 2019, por considerar que se trata de “un despido encubierto”. Además, denuncian violencia laboral y de género de parte de la titular del Área de Género y Sexualidades de la Universidad. La presentación es avalada por el sindicato docente COAD, que ayer trató el tema en la reunión de Comisión directiva. 

La presentación ante el rector solicita “como medida de prevención, que se suspenda el mismo hasta tanto se garanticen la transparencia e imparcialidad que demanda este tipo de acto institucional”, dice el texto que firman Marianela Pierobon y Berenice Moulin. 

La funcionaria señalada, Florencia Rovetto, negó las acusaciones y aseguró que "esos cargos habían sido concursados en el marco del protocolo anterior, y con la reforma del protocolo y el nuevo reglamento, se concursaron todos los cargos. El llamado a concurso fue en marzo, en los plazos previstos, no fue impugnado, el jurado tampoco fue cuestionado, y se presentaron más de 20 aspirantes, de las cuales algunas pasaron a la instancia de entrevistas, tras la evaluación de antecedentes, y en ese marco, COAD pidió participar como veedora del concurso". 

La secretaria de AGESEX subrayó que la misma ordenanza 754 que modificó el reglamento explicita las condiciones de los concursos, con una duración de dos años. "Desde que se cumplieron ese plazo, la Universidad fue prorrogando sus contratos, que siguieron vigentes hasta que se regularice la situación de acuerdo al reglamento", dijo Rovetto y subrayó que la renovación cada dos años responde a que "se evaluó que estos cargos no pueden ser eternos, por lo que implica, el desgaste que genera. Eso es un acuerdo colectivo en todas las universidades, por eso no son cargos no docentes, que sí tienen estabilidad, pero tampoco son cargos docentes, porque no realizan tareas docentes". 

Las denunciantes aseguran en la presentación que “Rovetto, es parte de la Comisión Evaluadora del concurso” de los cargos, “y en ese marco ha quedado primera en la evaluación de antecedentes una persona de su círculo íntimo”. Lo que responde Rovetto es que el jurado está integrado por cinco personas, con dos veedoras gremiales, de APUR y COAD. Además de Rovetto, por rectoría, el jurado está integrado por Cintia Pinillos, vicedecana de la Facultad de Ciencia Política; Martha Andrada (por el claustro docente), Marcela Arce (por el no docente) y Flor del Alba Cruz Valdez por el claustro estudiantil.

Rovetto subrayó: "Para que estos cargos no sean elegidos discrecionalmente, somos la única universidad del país que genera concursos, con un reglamento específico, donde se explicitan las condiciones de trabajo, y la duración de los cargos, que son 2 años años, renovables. En el caso en cuestión, se fueron renovando año a año los cargos, porque su vencimiento coincidió con un año de pandemia, y porque se priorizó seguir abriendo espacios de atenciones en unidades académicas donde no había. Recien este año, con todas las unidades académicas con referentas a cargo, se decidio re concursar esos cargos, que ya tenían mandatos vencidos". 

La comisión directiva de COAD decidió acompañar las acciones de las dos trabajadoras. Beatriz Introcaso es la veedora gremial del concurso y asegura que hay "arbitrariedades" en parte del jurado. Subraya la importancia de "sostener lo construido". "Sí queremos una universidad feminista, donde haya espacios para atender las situaciones de violencia, y creemos que todo este proceso ha minado esta construcción, sobre todo las precariedades salariales y laborales de las trabajadoras", dijo Introcaso.

El texto de la presentación ante el rector relata una serie de situaciones que encuadran como violencia laboral ejercida por Rovetto, titular de AGESEX a partir de 2021, “por reclamar mejores condiciones de trabajo”. A lo largo de ocho páginas, las responsables actuales del Espacio de Atención afirman: “Además de estar padeciendo violencia laboral por reclamar por nuestras condiciones de trabajo estamos viviendo las consecuencias de recomendar acciones y medidas que tengan como premisa que la violencia sexo-genérica es una forma de ejercicio del poder y por lo tanto, promuevan abordajes institucionales que apuesten a interpelar el status quo en la Universidad, haciendo lugar al conflicto, a las contradicciones, no desde miradas punitivas o retaliativas pero sì en ruptura con lo instituido patriarcal”. 

Rovetto responde esas acusaciones. Admite la "imposibilidad de un código y un registro común para llevar adelante las intervenciones" pero niega actitudes violentas de su parte. "Me resulta incomprensible que en este contexto de ajuste brutal a la Universidad, que estamos resistiendo con todas nuestras fuerzas, dos personas se nieguen a concursar sus cargos", aseveró.