Quizás una frase del diputado Gustavo Orozco (Cambia Salta-TAC), sea la síntesis del largo intercambio que se produjo ayer en la Cámara de Diputados de Salta al tratar un proyecto de declaración referido a la educación pública. "Tenemos que pensar en los que vienen, no podemos ser tan egoístas”, reconvino el legislador de Rosario de la Frontera al adherir al reclamo de que la Cámara de Diputados de la Nación rechace el veto presidencial a la ley de finaciamiento universitario.
Orozco fue uno de los últimos exponentes de una larga lista de legisladores que se expresaron a favor de la universidad pública, gratuita y de calidad, que sufre el embate del gobierno de Javier Milei. “No me explico, en un proyecto tan importante, tan lógico, que pueda haber negativa”, recriminó con su estilo confrontativo que el bloque Ahora Patria (que se referencia con La Libertad Avanza) se opusiera a la declaración impulsada por la amplia mayoría.
El proyecto, que fue defendido por la diputada radical Soledad Farfán, expresa la preocupación de la Cámara de Diputados por el veto a la ley de financiamiento universitario e insta a legisladoras y legisladores nacionales por Salta a rechazarlo.
Farfán empezó recordando el atraso salarial de docentes y no docentes. Luego citó partes del documento en el que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) responde lugares comunes con los que el oficialismo nacional intenta deslegitimar el reclamo de financiamiento para las universidades públicas. “El 48,5 de los estudiantes inscriptos en materias del 2024 están por debajo de la línea de la pobreza”, según la encuesta permanente de hogares del INDEC, señala.
Además, “casi 7 de cada 10 alumnos de los 2 millones que atraviesan el sistema público argentino, tienen padres y madres que nunca fueron a la universidad”. Y más del 70% de la población estudiantil de la Universidad Nacional de Salta era en el momento de la pandemia de los lugares más alejados de la capital provincial, destacó Farfán.
Sobre la afirmación de que no se auditan, el documento recuerda que los gastos de las universidades se componen, el 90% de salarios, todos registrados, y el 10%, de funcionamiento y un mínimo de equipamiento, “que se rinden, obviamente, con cada comprobante”, aseguró Farfán. Las universidades son los entes públicos más controlados y auditados, incluso “lideran el ránking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Tienen auditorías propias y externas del Congreso de la Nación”, más evaluaciones propias y externas de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)", recordó.
Movilidad social
Se sucedieron intervenciones hablando de las virtudes de la educación pública. Patricia Hucena (del bloque oficialista mayoritario Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) contó su propia experiencia para resaltar la movilidad social que provoca la universidad pública y, en el caso de Salta, el aporte de la Universidad pública con la apertura de sedes en distintos puntos de la provincia.
Hucena es de Orán, en el norte salteño, donde existe una sede de la UNSa en la que estudió, y lo hizo siendo hija de una empleada doméstica y un trabajador maderero, contó, y dijo que no tiene dudas de que muchas más personas pueden relatar historias similares. “Esta Universidad Nacional de Salta lleva el federalismo a los distintos rincones de cada departamento de la provincia”. En esta Universidad "se creó el primer laboratorio de estudios de enfermedades tropicales del norte, destacó.
Del otro lado, de la sureña ciudad de Metán, la diputada Nancy Jaime (Más Salta), coincidió en resaltar el federalismo de la UNSa y la gravedad de la falta de financiamiento: si la restricción del presupuesto se mantiene, la Sede Metán "tiene presupuesto para funcionar solo hasta septiembre del año que viene", advirtió.
Gustavo Orozco cuestionó el modelo del gobierno nacional que “quiere llegar al déficit cero a como dé lugar”, sin importarle la educación ni jubilados y jubiladas.
En un país donde "lo único que nos igualó fue la educación", "no puede estar el equilibrio fiscal por sobre la educación”, agregó. El gobierno nacional "apuesta a un modelo de hace 100, 150 años donde los únicos que se podían recibir eran los hijos de los oligarcas”, insistió antes de advertir: “Si permitimos que nos toquen la educación podemos ser los sirvientes de ellos como fue hace 150 años”.
Hay que seguir movilizándose “primero, para que los legisladores voten en contra del veto”, agregó en su momento Luis Mendaña (JGSC).
“La educación pública no se toca”, agregó Juan José Esteban (JGSC) antes de repasar nombres de egresados destacados de la universidad pública.
Adrián Valenzuela (JGSC) resaltó otros nombres, los de los ministros de Economía de la Nación, Luis Caputo, y de Desregularización y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y de otros integrantes del gobierno nacional, que se recibieron en universidades públicas. “La solución no es desfinanciar, es simplemente controlar”, afirmó.
Laura Cartuccia (JGSC), que recurrió a su historia personal para rechazar que en las universidades públicas se adoctrine, aseguró que desfinaciarlas “es un golpe a los sueños” de la juventud que quiere estudiar. “La educación no es solo un derecho, es el legado más valioso que le podemos dejar a nuestras futuras generaciones”. “No resignemos el futuro de nuestros hijos, luchemos por la educación pública”, convocó.
Apoyo con reservas y negativa
El diputado Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular) alabó a la Universidad Nacional de Salta, pero aseguró que hay “lugares y universidades estatales que han hecho y hacen lo que han querido sin rendir nada a nadie”. Sin embargo, votó a favor del proyecto.
También José Gauffin (PRO) apoyó el proyecto, aunque dio a entender que no hay transparencia en el manejo de los recursos económicos. Dijo que la auditoría externa (que no es responsabilidad de las universidades) no se hace, y que las universidades son reticentes a los controles. Como era infaltable, dijo que el kirchnerismo alentó en su momento la no realización de auditorías.
En la oposición absoluta se anotó el bloque Ahora Patria. Roque Cornejo también recurrió al cuco del kircherismo, en lo que parece no haber grietas en gran parte de la política salteña. El legislador olmedista recriminó a la mayoría que ahora se preocuparan por la falta de financiamiento de las universidades cuando pudieron hacerlo durante los gobiernos kirchneristas.
La chicana siguió con una propuesta: que el proyecto de declaración invite a que los integrantes de los poderes del estado provincial, "tanto de primer como segundo rango" aporten de sus salarios para que "se constituya un fondo para colaborar con el sostenimiento de los salarios de los docentes de la Universidad Nacional de Salta en todas aquellas facultades que hayan sido efectivamente auditadas”. La propuesta no mereció atención y el proyecto se aprobó con los votos negativos de Cornejo y las diputadas Sofía Sierra y Griselda Galleguillos.