La semana pasada se hizo público el documento mediante el cual la abogada chocoana Idalmi Minotta Terán renunció irrevocablemente a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Entre las razones que adujo, resalta la falta de garantías institucionales para el cumplimiento cabal de sus funciones. En esta entidad, durante lo que va corrido del actual gobierno, es la segunda persona que sale del cargo, quizás, el más importante para las poblaciones afro en el país.
Naturalmente, no es solo una renuncia. Los argumentos fácticos presentados son la evidencia que, efectivamente la institucionalidad de las poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras presenta un desequilibrio ilógico e injustificable respecto a cualquier otro grupo étnico o mayoritario de la nación. Precisamente, es absolutamente inentendible que en el Ministerio del Interior el presupuesto de este año para los indígenas fue de casi 50.000 millones de pesos; y el de las poblaciones afro está muy por debajo de los 2.000 millones. Esa diferencia de 25 veces más en favor de los indígenas no atiende al criterio demográfico que determina de manera directa la inversión de recursos.
Semejante desproporción se presenta en otras carteras. Sin embargo, el conflicto presupuestal no es entre grupos étnicos. La referencia de la injusticia en la inversión no puede solamente focalizar el comparativo entre los grupos con mayor vulnerabilidad de la nación. Lo que se pretende mostrar, es que en tratándose de población afro, no parecen aplicar para la determinación de los presupuestos de inversión criterios relacionados con lo demográfico, el índice de necesidades básicas insatisfechas, la creciente falta de garantía de derechos; o simplemente, el histórico rezago de todas las inversiones públicas en sus territorios.
En cualquier entidad pública los presupuestos e inversiones para lo afro siempre están en montos globales que se diluyen en los confusos enfoques étnicos, que generalmente terminan siendo la forma de acomodar a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras [indebidamente llamadas NARP en esos documentos técnicos] como benefactores de inversiones generales.
Los trazadores presupuestales, que deberían permitir el seguimiento de la trayectoria de las inversiones para determinar su impacto en determinadas poblaciones, resultan cada vez más complejos de auditar, especialmente en los niveles locales y regionales, por la ausencia de caracterizaciones y datos estadísticos serios de las poblaciones étnicas en esos territorios. Por esa razón, las tres ciudades principales en Colombia que suman entre todas más de 2 millones de personas afrodescendientes; ninguna tiene más de un 0,5% de sus presupuestos destinados a atender de manera diferencial a estas poblaciones. Y aunque en los informes presenten cifras astronómicas para tal fin, terminan colocando en las conclusiones lo siguiente: (tal como se expresa en el informe de trazadores presupuestales de grupos étnicos de Bogotá 2023):
“(…) la mayoría de la inversión reportada está asociada a la marcación de impacto indirecto, lo cual dificulta establecer la inversión que se dirigió exclusivamente a los grupos étnicos (…)”.
Entretanto; en el Concejo Distrital de Cali, recientemente se calificó la Política Pública Afro expedida en el 2019 como fallida en avances; entre otros factores, por la falta de presupuesto para materializar las líneas definidas en ella. Y en Medellín, la Política Pública sigue en construcción con fuertes dificultades presupuestales. En ciudades que tienen aproximadamente el 23% y el 15% de la población afro respectivamente.
*Abogado y Magíster en Educación. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
